La promoción de los “valores tradicionales” socava la protección de las sobrevivientes

En un nuevo informe publicado hoy, Amnistía Internacional describe cómo la pandemia de COVID-19, la agresión rusa a Ucrania y el fomento generalizado de los “valores tradicionales” han contribuido al deterioro de los derechos humanos y al aumento de los índices de violencia de género intrafamiliar y de otras formas de violencia de género en Europa Oriental y Asia Central.

El informe, titulado Eastern Europe and Central Asia: Protect Women from Violence in Crises and Beyond, expone las dificultades institucionales, sociales y culturales a las que se enfrentan las sobrevivientes de violencia de género intrafamiliar en la región, y pone en evidencia el escaso interés de las instituciones estatales por las necesidades de esas personas, así como su deficiente preparación para atenderlas. Las salvaguardias institucionales, jurídicas y de otra índole existentes contra ese tipo de violencia son, en general, inadecuadas y, además, están viéndose aún más debilitadas por el auge de un discurso político tradicional, patriarcal y abiertamente misógino.

“Amnistía ha documentado las consecuencias nocivas de la pandemia de COVID-19 y de las medidas de confinamiento sobre las salvaguardias de protección contra la violencia de género intrafamiliar en Europa Oriental y Asia Central. Sin embargo, es imperativo señalar cómo esas consecuencias van de la mano de unos marcos jurídicos e institucionales poco efectivos en la región y de perversas dinámicas políticas y sociales”, ha declarado Natalia Nozadze, investigadora de Amnistía Internacional sobre Europa y Asia Central.

Amnistía ha documentado las consecuencias nocivas de la pandemia de COVID-19 y de las medidas de confinamiento sobre las salvaguardias de protección contra la violencia de género intrafamiliar en Europa Oriental y Asia Central. Sin embargo, es imperativo señalar cómo esas consecuencias van de la mano de unos marcos jurídicos e institucionales poco efectivos en la región y de perversas dinámicas políticas y sociales.

Natalia Nozadze, investigadora de Amnistía Internacional sobre Europa y Asia Central

“La pandemia, la invasión de Ucrania y el horror indescriptible de los conflictos y sus ramificaciones por toda la región han hecho que sea aún más difícil denunciar la violencia de género intrafamiliar para quienes la sufren. Además, ahora es también más complicado huir de situaciones de peligro, acceder a refugios y a otros servicios esenciales de ayuda, obtener órdenes de protección (suponiendo que existan) y contar con recursos jurídicos efectivos.”

La promoción de los “valores tradicionales” socava la protección de las sobrevivientes

Según datos recientes de la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 20% de las mujeres de Europa Oriental y del 18% de las de Asia Central han experimentado violencia física o sexual a lo largo de su vida. Al mismo tiempo, la mayoría de los países de la región siguen sin posicionarse en contra de esa violencia y sin tomar medidas efectivas para proteger los derechos de las mujeres.

A lo largo de los últimos años hemos visto cómo, en todo el mundo, se han ido debilitando las salvaguardias de los derechos de las mujeres y las niñas —incluidas las sobrevivientes de violencia de género intrafamiliar—, tal como ilustran la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de recortar los derechos de aborto y la retirada de Turquía del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul). Numerosos gobiernos de Europa Oriental y Asia Central se han sumado a esta tendencia general.

“Cada vez más, los gobiernos de Europa Oriental y Asia Central promueven ‘valores tradicionales’ e identifican la protección de la igualdad de género y de los derechos de las mujeres con una pérdida de identidad cultural y tradicional, en un intento por captar más apoyos para sus agendas contrarias a los derechos humanos. En consecuencia, las actitudes patriarcales, la misoginia y la homofobia no sólo se han afianzado más, sino que han crecido”, ha declarado Natalia Nozadze.

Cada vez más, los gobiernos de Europa Oriental y Asia Central promueven ‘valores tradicionales’ e identifican la protección de la igualdad de género y de los derechos de las mujeres con una pérdida de identidad cultural y tradicional.

Natalia Nozadze, investigadora de Amnistía Internacional sobre Europa y Asia Central

Las autoridades rusas ofrecen un ejemplo sobresaliente, con la introducción de la homofobia patrocinada por el Estado y la represión implacable de los derechos humanos y los derechos de las mujeres. En 2017, el Parlamento ruso llegó incluso a despenalizar determinadas formas de violencia de género intrafamiliar. Asimismo, en 2020 se llevó a cabo una reforma constitucional para promover la “protección de la familia” y garantizar la “protección del matrimonio como unión entre un hombre y una mujer”.

Por su parte, en 2017, Kazajistán despenalizó también la “ provocación intencional de lesiones leves” y el “maltrato”, al tiempo que debilitaba la protección ofrecida a las sobrevivientes de violencia doméstica. Tanto en Rusia como en Kazajistán, el activismo ha denunciado un aumento en el número de casos de violencia de género intrafamiliar tras la despenalización.

Bielorrusia estudió un anteproyecto de ley sobre la violencia de género intrafamiliar que, sin embargo, fue rechazado en octubre de 2018 tras haber afirmado el presidente Aleksander Lukashenko que el texto era contrario a las “tradiciones bielorrusas y eslavas” para añadir, a continuación, que unos “buenos golpes pueden ser útiles a veces” en el contexto doméstico. En Bielorrusia, las mujeres son disuadidas de denunciar la violencia de género intrafamiliar porque, al hacerlo, puede ponerse en marcha un proceso que termine con la incorporación de la familia a un registro de “peligrosidad social”, a consecuencia de lo cual podrían perder los derechos parentales y provocar el internamiento de sus hijos e hijas en instituciones.

Otros líderes —como fue el caso del presidente azerbaiyano Ilham Aliyev en 2019— abogan abiertamente por un “Estado basado en valores tradicionales”, en contraposición a sociedades que “no distinguen entre hombre y mujer”. Azerbaiyán sigue obligando a las sobrevivientes de violencia de género intrafamiliar a pasar por sesiones obligatorias de mediación con sus maltratadores para procurar la “reanudación de la vida familiar”.

Deficiencias jurídicas y planteamientos erróneos

Sólo tres países de la región (Georgia, Moldavia y Ucrania) son Partes en el Convenio de Estambul, y son precisamente esos tres países más Kirguistán los que han tipificado directamente como delito la violencia de género intrafamiliar. Si bien la mayoría de los países de la región han experimentado ciertos avances al haber adoptado o reformado leyes para combatir la violencia de género intrafamiliar, la región sigue careciendo de mecanismos efectivos de protección y ayuda para las sobrevivientes de ese tipo de violencia, ya que la legislación y las políticas existentes siguen siendo inadecuadas.

El preponderante planteamiento de mediación familiar, profundamente tradicionalista, constituye uno de los principales obstáculos a la hora de ofrecer mayor protección a las sobrevivientes. En numerosos países, el Estado considera más prioritaria la preservación de la “unidad familiar” que la protección efectiva de los derechos de las sobrevivientes. Esto, en la práctica, lleva a obligar a las sobrevivientes a permanecer junto a sus maltratadores.

En Uzbekistán, se ha encomendado a autoridades locales el “fortalecimiento de las relaciones familiares, oponiéndose a diversas influencias nocivas ajenas a la mentalidad nacional”. Para las autoridades de Armenia y Azerbaiyán, en las situaciones de violencia de género intrafamiliar, lo principal es lograr la reconciliación familiar. En Kazajistán, si se llega a la reconciliación, es posible archivar las actuaciones judiciales emprendidas contra un maltratador. En Rusia y Tayikistán, la carga de la prueba recae sobre las sobrevivientes de violencia, que tienen que demostrar haber sufrido daños, sin contar, por lo general, con la ayuda de la policía ni de la fiscalía para ello.

Incluso en países en los que está tipificada como delito la violencia de género intrafamiliar, engorrosas trabas legales privan con frecuencia a las sobrevivientes de protección efectiva o les impiden acceder a la justicia. En Ucrania, la violencia de género intrafamiliar sólo se considera delito una vez que se ha documentado oficialmente su carácter “sistemático”, lo que quiere decir que el perpetrador debe haber sido objeto de actuaciones administrativas por violencia intrafamiliar en, al menos, tres ocasiones distintas.

Falta de infraestructuras de apoyo

En toda la región de Europa Oriental y Asia Central, el acceso de las víctimas de violencia de género intrafamiliar a protección e información sigue siendo absolutamente inadecuado. Ningún país de la región está ni siquiera cerca de cumplir las normas mínimas establecidas por el Consejo de Europa, según las cuales debe haber una plaza libre en un refugio por cada 10.000 habitantes.

En numerosos países de la región, las autoridades se han negado prácticamente a cumplir con su obligación de establecer instituciones de ayuda a las sobrevivientes. En su lugar, son a menudo organizaciones sin fines lucrativos quienes gestionan y sustentan económicamente los refugios. En Rusia, con una población de 146 millones de habitantes, sólo hay 14 refugios gestionados por el Estado para mujeres. En Ucrania, antes de la invasión rusa, sólo había 33 refugios para unos 42 millones de habitantes. En la actualidad, debido a la guerra, muchos de esos refugios se utilizan para cobijar a sobrevivientes del conflicto bélico.

Asimismo, en muchos países las mujeres se enfrentan a dificultades considerables para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva. En Asia Central, tres de cada cinco mujeres afirman haber tenido dificultades para acceder a ese tipo de servicios.

De igual forma, el deterioro del acceso al aborto ha sido catastrófico durante la pandemia de COVID-19. En Rusia, un grupo de defensa de los derechos de las mujeres afirmó que, en el momento álgido de la pandemia, en abril de 2020, sólo tres de los 44 hospitales de Moscú con los que se pusieron en contacto estaban preparados para facilitar servicios de aborto no urgentes.

Es imprescindible brindar más apoyo a las sobrevivientes de violencia

Todos los países de la región deben tipificar urgentemente como delito la violencia de género intrafamiliar, eximir de la carga de la prueba a las sobrevivientes y abandonar las políticas que impongan la mediación y la reconciliación obligatorias en aras de la preservación de la familia. Además, las autoridades deben facilitar recursos adecuados a los servicios de protección y ayuda —incluidos refugios—, y garantizar que los servicios de servicios de salud sexual y reproductiva siguen estando disponibles y son accesibles.

Es absolutamente fundamental que la protección y el empoderamiento de la mujer ocupen un lugar central en las políticas de salud pública; sin embargo, en numerosos países de Europa Oriental y Asia Central este ideal sigue siendo claramente un objetivo por alcanzar.

Natalia Nozadze, investigadora de Amnistía Internacional sobre Europa y Asia Central

“Es absolutamente fundamental que la protección y el empoderamiento de la mujer ocupen un lugar central en las políticas de salud pública; sin embargo, en numerosos países de Europa Oriental y Asia Central este ideal sigue siendo claramente un objetivo por alcanzar. No obstante, existe un instrumento que facilita el establecimiento de un marco jurídico exhaustivo sobre la violencia de género intrafamiliar: el revolucionario Convenio de Estambul. El Convenio está abierto tanto a Bielorrusia, Rusia y los países de Asia Central, como a aquellos que forman ya parte del Consejo de Europa”, ha recordado Natalia Nozadze.

“Sin embargo, cualquier cambio institucional será poco efectivo mientras los gobiernos no aborden la proliferación de discursos ‘tradicionales’, que siguen recortando los derechos de las mujeres. En lugar de explotar esas actitudes para obtener réditos políticos, los gobiernos de la región deben colocar los derechos de las mujeres en el centro de sus políticas.”