Amnistía Internacional recibió información sobre la manera en que el sistema de justicia (y especialmente la Fiscalía General de la Nación) eludió responder, o respondió inadecuadamente

Durante la represión del Paro Nacional en 2021, mujeres y personas LGBTIQ+ que se manifestaban, periodistas y personas defensoras de los derechos humanos sufrieron violencia sexual y otras formas de violencia de género a manos de la Policía Nacional de Colombia y su Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy en un nuevo informe que presenta en Bogotá.

La Policía no me cuida: Violencia sexual y otras violencias basadas en género en el Paro Nacional de 2021 documenta 28 casos de violencia de género que tuvieron lugar en siete ciudades contra mujeres y personas LGBTIQ+ en el marco de las protestas. El informe expone con detalle una serie de conductas violentas por parte de agentes del Estado, especialmente agentes de la Policía Nacional; esas conductas van desde el uso de lenguaje sexista, misógino y abusivo hasta la violencia sexual, que puede constituir una forma de tortura.

“La violencia de género, y especialmente la violencia sexual, arrastra un doloroso historial en el contexto del conflicto armado de Colombia: un historial que las autoridades aún no han superado. Durante el Paro Nacional de 2021 recibimos cientos de reportes de violencia de género en los que se exponían con detalle violencia psicológica, discriminación, amenazas, tocamientos, acoso sexual, desnudez forzada, tortura y violencia sexual. Tras haber documentado 28 de estos incidentes en profundidad, está claro que la violencia de género fue utilizada por la Policía Nacional como herramienta de represión para castigar a quienes se atrevieron a alzar la voz y protestar”, ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

Los casos documentados tuvieron lugar en las ciudades de Cali y Palmira (Valle del Cauca), Popayán (Cauca), Soledad (Atlántico), Tunja (Boyacá), Manizales (Caldas) y Bogotá. Las mujeres que se manifestaban fueron objeto de numerosos ataques, y entre las sobrevivientes hay mujeres afrodescendientes e indígenas, defensoras de los derechos humanos, periodistas, trabajadoras de la salud y madres.

El informe revela de qué manera la violencia contra mujeres y personas LGBTIQ+ estuvo indisolublemente ligada a otros factores de discriminación, como la raza, el origen étnico y la orientación sexual. Los testimonios de mujeres indígenas, afrodescendientes y trans revelan cómo sus identidades se convirtieron en motivos adicionales de represión, y agravaron el riesgo de violencia. Además, las mujeres y personas LGBTIQ+ dedicadas al periodismo y a la defensa de los derechos humanos sufrieron ataques caracterizados por el machismo, la homofobia y otras formas de odio y estigmatización.

Las violaciones de derechos humanos tuvieron lugar principalmente en dos situaciones: durante la actuación de la Policía Nacional para dispersar las protestas, y durante las detenciones que siguieron a la intervención inicial. En ambas situaciones, actuando a título oficial, hubo agentes de la Policía Nacional que cometieron actos que iban desde los insultos sexistas y las amenazas hasta la violencia sexual. El factor común en todos estos casos fue la intención con la que se perpetró la violencia: sus autores pretendían castigar a quienes se manifestaban por cuestionar las normas sociales de género y por salir a la calle a ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica.

Amnistía Internacional recibió asimismo información sobre la manera en que el sistema de justicia (y especialmente la Fiscalía General de la Nación) eludió responder, o respondió inadecuadamente, a las denuncias presentadas por sobrevivientes de violencia de género. Varias sobrevivientes declararon también que habían decidido no presentar denuncia ante la Fiscalía, por temor y por desconfianza.

“Cómo máximo mandatario de la Policía Nacional, el presidente Gustavo Petro debe dictar una orden en la que condene todas las formas de violencia sexual y de género y exija que se les ponga fin. Es preciso investigar todas las denuncias relacionadas con el Paro Nacional de 2021 y hacer rendir cuentas a los responsables. Asimismo, las autoridades colombianas deben abordar las causas fundamentales de esta violencia y deben trabajar con las mujeres y las personas LGBTIQ+ para desarrollar y adoptar medidas efectivas que garanticen una vida sin discriminación institucional ni violencia de género. Este es el mínimo indispensable para empezar a preparar el camino a la justicia y la rendición de cuentas”, ha manifestado Agnès Callamard.

Antes de este nuevo informe, Amnistía Internacional publicó varias declaraciones e informes que documentaban otras graves violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del Paro Nacional, incluidas las restricciones desproporcionadas a las manifestaciones pacíficas, el paramilitarismo urbano, las detenciones arbitrarias y la tortura y malos tratos a manifestantes pacíficos en la ciudad de Cali, así como las lesiones oculares causadas por agentes del ESMAD a consecuencia del uso ilegítimo de armas de letalidad reducida.

Si desean más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con:

Carlos Mendoza (Amnistía Internacional): +52 55 4145 7003, carlos.mendoza@amnesty.org

Mariajosé Díaz Trujillo (SECNewgate): +57 3167585298, mariajose.diaz@secnewgate.co

Más información:

Colombia: La Policía no me cuida: Violencia sexual y otras violencias basadas en género en el Paro Nacional de 2021 (Investigación, 1 de diciembre de 2022) https://www.amnesty.org/es/documents/amr23/6234/2022/es/

Colombia: Tiros a la vista: traumas oculares en marco del Paro Nacional (investigación, 26 de noviembre de 2021) https://www.amnesty.org/es/documents/amr23/5005/2021/es/

Colombia: Cali: En el epicentro de la represión (investigación, 30 de julio de 2021) https://www.amnesty.org/es/documents/amr23/4405/2021/es/