Amnistía Internacional sigue pidiendo al gobierno japonés que priorice los derechos de las personas LGBTI e introduzca legislación nacional que sea exhaustiva y que prohíba específicamente la discriminación por motivos de orientación sexual

Ante la sentencia del Tribunal de Distrito de Tokio que confirma la prohibición por el gobierno japonés del matrimonio entre personas del mismo sexo, Boram Jang, investigadora de Amnistía Internacional para Asia Oriental, ha manifestado:

“Aunque el Tribunal ha respaldado hoy la discriminatoria prohibición por el gobierno del matrimonio entre personas del mismo sexo, también ha reconocido que la inexistencia de un sistema jurídico para que las parejas homosexuales tengan una familia era una vulneración de sus derechos humanos. Esto es, al menos, un motivo de esperanza.

Esta no es la sentencia que quería la comunidad LGBTI, pero sigue siendo un importante paso adelante para las parejas del mismo sexo y los derechos LGBTI en Japón. Aun así, queda mucho más por hacer para combatir la discriminación que sufren las personas LGBTI en la sociedad japonesa. Es hora de que el gobierno cambie de rumbo en relación con sus derechos.

Hace años que se sigue retrasando en el Parlamento de Japón un proyecto de ley para promover la ‘comprensión’ respecto a estas personas y prevenir su discriminación. El gobierno debe implantar medidas concretas que pongan fin a la discriminación de las parejas homosexuales y otras personas LGBTI en todos los ámbitos de la sociedad”.

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La demanda fue presentada por cuatro parejas homosexuales que alegaron que las disposiciones del Código Civil y de la Ley de Registro Civil que no permitían el matrimonio entre personas del mismo sexo violaban la Constitución. Una de las personas demandantes murió el año pasado a los 61 años sin llegar a conocer la sentencia.

El Tribunal de Distrito de Tokio resolvió hoy que la prohibición del matrimonio homosexual en Japón no era inconstitucional y desestimó la reclamación de indemnización presentada por parejas homosexuales que alegaban que las disposiciones de la ley violan la libertad de matrimonio que garantiza la Constitución.

Sin embargo, el Tribunal también razonó que “la inexistencia de un sistema legal es una amenaza grave y no hay motivos razonables a la luz de la dignidad de la persona” y que “la situación es inconstitucional, pues es contraria al artículo 24.2 de la Constitución”.

La decisión se ha dado a conocer después de dos casos similares en los últimos años que han tenido resultados diferentes.

En junio de 2022, el Tribunal de Distrito de Osaka confirmó la prohibición gubernamental del matrimonio homosexual. En cambio, en marzo de 2021, el Tribunal de Distrito de Sapporo había resuelto que la prohibición del gobierno era inconstitucional.

Los tribunales de distrito no tienen facultades para reconocer el matrimonio homosexual en su jurisdicción si no existe legislación vigente al respecto.

Japón aún no ha introducido legislación nacional para eliminar la discriminación basada en la orientación sexual, la identidad de género y la condición de intersexual. El 1 de noviembre, el gobierno metropolitano de Tokio comenzó a emitir a parejas homosexuales unos certificados que no incluyen todos los derechos de un matrimonio, incluido el de herencia.

Amnistía Internacional sigue pidiendo al gobierno japonés que priorice los derechos de las personas LGBTI e introduzca legislación nacional que sea exhaustiva y que prohíba específicamente la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género y condición de intersexual.