Alaa Abdel Fattah, preso de conciencia y destacado activista egipcio-británico que ha pasado la mayor parte de los últimos nueve años detenido arbitrariamente, se halla en estado crítico, tras más de siete meses en huelga de hambre.

Alaa Abdel Fattah, preso de conciencia y destacado activista egipcio-británico que ha pasado la mayor parte de los últimos nueve años detenido arbitrariamente, se halla en estado crítico, tras más de siete meses en huelga de hambre. Su familia ha manifestado preocupación por su estado físico y mental después de que, durante una visita el 17 de noviembre, Alaa Abdel Fattah les relatara el suplicio por el que estaba pasando desde su inicio de una huelga de agua el 6 de noviembre que implicaba autolesión, ser inmovilizado por los guardias de seguridad y ser alimentado por vía intravenosa. El 20 de diciembre de 2021, él y el abogado de derechos humanos Mohamed Baker fueron declarados culpables de cargos falsos y condenados a cinco y cuatro años de cárcel, respectivamente, tras un juicio manifiestamente injusto. Ambos son presos de conciencia, encarcelados sólo por su activismo pacífico, y deben ser puestos en libertad inmediata e incondicional.

Actúen: redacten su propio llamamiento o utilicen la siguiente carta modelo

Presidente Abdel Fattah al Sisi - President Abdel Fattah al-Sisi

Office of the President Al Ittihadia Palace

Cairo, República Árabe de Egipto

Correo-e: p.spokesman@op.gov.eg

Twitter: @AlsisiOfficial

Señor Presidente:

Le escribo para expresarle mi profunda preocupación por la detención arbitraria continuada del activista egipcio-británico Alaa Abdel Fattah y lo insto a que se asegure de que es puesto en libertad de forma inmediata e incondicional. Su salud física y mental se han deteriorado seriamente tras su inicio de una huelga de hambre en abril de 2022 en protesta por su encarcelamiento injusto y la denegación de visitas consulares y, más aún, desde que iniciara una huelga de agua el 6 de noviembre, primer día de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27). Las autoridades egipcias lo mantuvieron incomunicado durante dos semanas, impidiéndole recibir cualquier visita o correspondencia escrita. Las fuerzas de seguridad impidieron a su abogado verlo en tres ocasiones entre el 10 y el 14 de noviembre, haciendo caso omiso de las autorizaciones de la fiscalía. Finalmente se permitió a sus familiares visitarlo el 17 de noviembre, separados por un cristal; ellos manifestaron que lo habían encontrado “agotado, débil y vulnerable”. Les relató un episodio preocupante que había vivido el 8 de noviembre, cuando los guardias penitenciarios lo ataron al mostrar él una angustia creciente, golpear su cabeza contra la pared y amenazar con suicidarse debido a la negativa de las autoridades penitenciarias a registrar su huelga de hambre y de agua. Al día siguiente, 9 de noviembre, volvió a golpearse la cabeza contra la pared para obligar a las autoridades a actuar. Al día siguiente, un investigador de la fiscalía lo interrogó y registró su huelga de hambre y sus demandas. El 11 de noviembre, quedó inconsciente mientras se duchaba; cuando recuperó la consciencia vio que un compañero de celda lo estaba sujetando, rodeado por un gran grupo de personas, y que le introdujeron un tubo. Tras esta experiencia cercana a la muerte, decidió poner fin inmediatamente a su huelga de hambre, pero prometió que la retomaría si “su caso seguía prácticamente paralizado”.

Lo insto a dejar en libertad, de inmediato y sin condiciones, a Alaa Abdel Fattah y Mohamed Baker, pues se hallan recluidos únicamente por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos. Mientras tanto, las autoridades egipcias deben permitir que sus abogados y los funcionarios consulares del Reino Unido lo visiten de inmediato. Las autoridades deben protegerlo de la tortura y otros malos tratos y concederle urgentemente acceso a una atención médica adecuada, en un centro que su familia elija y donde pueda ser tratado por profesionales médicos cualificados en cumplimiento de la ética médica, incluidos los principios de confidencialidad, autonomía y consentimiento informado.

Atentamente,

[NOMBRE]

Información complementaria

Alaa Abdel Fattah, conocido activista político crítico con el gobierno, ha sido detenido en repetidas ocasiones en el último decenio, especialmente por su participación en el levantamiento de 2011. Mohamed Baker es abogado de derechos humanos y director del Centro Adalah de Derechos y Libertades, que fundó en 2014.

Mohamed Baker y Alaa Abdel Fattah llevan detenidos desde el 29 de septiembre de 2019 a la espera de investigaciones por los cargos de “ingresar en un grupo terrorista”, “financiar un grupo terrorista”, “difundir noticias falsas que menoscaban la seguridad nacional” y “utilizar las redes sociales para cometer un delito de publicación”, en la causa núm. 1356/2019 de la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado, una sección de la Fiscalía General especializada en la investigación de amenazas contra la seguridad nacional. La Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado abrió investigaciones contra ellos por cargos similares en una nueva causa, la núm. 1228/2021, en una estrategia que las autoridades cada vez utilizan más, denominada “rotación”, para eludir el límite máximo de prisión en espera de juicio que permite la ley egipcia (dos años) y prolongar indefinidamente la detención de activistas. El juicio de Alaa Abdel Fattah y Mohamed Baker en la causa núm. 1228/2021 comenzó el 28 de octubre de 2021. Junto con ellos había otro acusado, el bloguero y activista Mohamed Ibrahim Radwan “Oxygen”, que también fue declarado culpable del cargo de “difusión de noticias falsas” en relación con unas publicaciones en redes sociales y condenado a cuatro años de encarcelamiento. Las actuaciones ante los tribunales de excepción son inherentemente injustas porque sus sentencias no están sujetas a apelación ante un tribunal superior. Los acusados también se vieron privados del derecho a una defensa adecuada porque se impidió que sus abogados mantuvieran comunicaciones privadas con ellos y fotocopiaran los expedientes, las actas de acusación formal y las sentencias. El 3 de enero de 2022, el presidente Abdel Fattah al Sisi ratificó la sentencia dictada contra los tres. Un documento que ha visto Amnistía Internacional indicaba que la condena comenzaba a partir de la fecha de ratificación y no en la fecha de su detención.

Alaa Abdel Fattah y Mohamed Baker permanecieron recluidos en condiciones inhumanas en la Prisión 2 de Máxima Seguridad de Tora, en El Cairo, hasta mayo de 2022. Las autoridades penitenciarias los mantuvieron recluidos en celdas pequeñas y mal ventiladas, privándoles de camas y colchones. A diferencia de otros presos, no tenían permiso para hacer ejercicio en el patio de la prisión ni para utilizar la biblioteca o recibir libros o periódicos del exterior de la cárcel pagándolos de su bolsillo. Además, les negaron ropa adecuada, así como la posibilidad de tener radio, reloj, acceso a agua caliente y cualquier objeto personal, incluidas fotos familiares. El 12 de mayo, Alaa Abdel Fattah dijo a su madre que el subdirector de la Prisión 2 de Máxima Seguridad de Tora lo había golpeado mientras estaba esposado. El 18 de mayo de 2022 fue trasladado a la prisión de Wadi al Natrun a raíz de la importante presión de la opinión pública. El 2 de octubre, Mohamed Baker fue trasladado a la prisión de Badr 1. A su esposa le permitieron visitarlo sin barrotes entremedias por primera vez en dos años, y a él, acceder a la luz del sol por primera vez en tres años. Las autoridades penitenciarias les prohibieron cualquier comunicación telefónica en contravención de las obligaciones de Egipto en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y del artículo 38 de la Ley 38 396/1956 de Prisiones. Amnistía Internacional ha documentado de forma sistemática que las autoridades egipcias niegan una atención sanitaria adecuada a las personas presas y ha planteado en anteriores ocasiones su preocupación por la independencia del personal médico —que depende del Ministerio del Interior— en las cárceles egipcias. Esto incluye la preocupación por las injerencias de agentes de prisiones y de las fuerzas de seguridad en las evaluaciones médicas de las personas presas y en las decisiones sobre su atención médica, además de los retrasos o la negativa a trasladar a los presos gravemente enfermos a centros externos para su tratamiento. Así las cosas, hay buenos motivos para creer que las decisiones sobre la atención a la salud de Alaa no serán tomadas por profesionales médicos independientes con arreglo a la ética médica y sin coacción ni injerencia de las autoridades.

Desde que el presidente reactivó el Comité de Indultos Presidenciales en abril de 2022, las autoridades egipcias han excarcelado a destacados presos de conciencia y otros cientos de personas recluidas por motivos políticos. No obstante, miles de personas permanecen detenidas arbitrariamente sólo por ejercer sus derechos humanos o tras juicios manifiestamente injustos o sin fundamento jurídico. Desde el comienzo de la COP27, que tuvo lugar en Egipto entre el 6 y el 18 de noviembre, una multitud de voces ha pedido a las autoridades egipcias que liberen a Alaa. El 8 de noviembre, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su profundo pesar por el hecho de que siguiera detenido y pidió su inmediata liberación, además de instar a las autoridades a proporcionarle la atención sanitaria necesaria.