Las fuerzas de seguridad persisten de manera implacable en el uso generalizado de fuerza letal ilegítima, lo que revela su clara intención de matar o mutilar a los manifestantes para sofocar el levantamiento popular

Urge que los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU establezcan un mecanismo de investigación y rendición de cuentas sobre Irán para abordar el alarmante aumento de los homicidios ilegítimos y otras violaciones de derechos humanos, ha declarado hoy Amnistía Internacional tras una semana en que las fuerzas de seguridad han abatido a tiros al menos a 60 manifestantes, dolientes y transeúntes, entre ellos menores de edad.

Las fuerzas de seguridad persisten de manera implacable en el uso generalizado de fuerza letal ilegítima, lo que revela su clara intención de matar o mutilar a los manifestantes para sofocar el levantamiento popular a cualquier precio. Además, desde el 15 de noviembre, han intensificado el uso exclusivo de munición real para dispersar las protestas en las provincias pobladas por kurdos y otras minorías étnicas oprimidas.

Los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU tienen la oportunidad de amplificar las reivindicaciones del pueblo iraní, que continúa arriesgando la vida para protestar en favor de los derechos humanos, la libertad y la rendición de cuentas por los homicidios de manifestantes.

Agnès Callamard, Amnistía Internacional

“En el periodo especial de sesiones sobre Irán del 24 de noviembre, los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU tienen la oportunidad de amplificar las reivindicaciones del pueblo iraní, que continúa arriesgando la vida para protestar en favor de los derechos humanos, la libertad y la rendición de cuentas por los homicidios de manifestantes. Es terrible que tantos hombres, mujeres, niños y niñas hayan pagado el precio más alto por reclamar un futuro esperanzador en el que se respeten los derechos”, ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“La situación en Irán exige la adopción de una resolución sólida por la que se establezca un mecanismo independiente de investigación y rendición de cuentas sobre Irán a fin de recabar y preservar pruebas de crímenes, abordar la impunidad y enviar a las autoridades iraníes el mensaje claro de que ya no se pasarán por alto sus crímenes de derecho internacional.”

Desde que estallaron las protestas a mediados de septiembre, Amnistía Internacional ha registrado los nombres y los datos de 305 personas, entre ellas al menos 41 menores de edad, muertas a manos de las fuerzas de seguridad. Sólo la semana pasada, Amnistía Internacional identificó a 53 hombres, 2 mujeres y 5 menores de edad muertos de manera violenta en 10 provincias de Irán, la mayoría (42) en zonas pobladas por kurdos. Las personas pertenecientes a las minorías étnicas oprimidas en Irán, como la baluchi y la kurda, se han llevado la peor parte de la despiadada represión que ejercen las fuerzas de seguridad. Continúan las investigaciones sobre la identidad de las personas muertas de manera violenta y se cree que la cifra real de muertes es mucho más elevada.

Más de dos meses después del inicio del levantamiento popular, la impunidad sistemática ha animado a las autoridades iraníes no sólo a seguir empleando ilegítimamente fuerza letal, sino también a recurrir a la pena de muerte como herramienta de intimidación y represión política. Desde finales de octubre de 2022, las autoridades han pedido la pena capital en juicios manifiestamente injustos ante Tribunales Revolucionarios para al menos 21 personas por cargos relacionados con las protestas, y altos cargos han hecho perturbadores llamamientos para que se aceleren los procedimientos y se las ejecute en público.

En un intento de debilitar el apoyo internacional al periodo especial de sesiones y el establecimiento de un mecanismo de investigación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, las autoridades iraníes han afirmado falsamente que están rebajando la represión y realizando investigaciones.

Los homicidios ilegítimos siguen sin disminuir

Desde el 15 de noviembre de 2022, las fuerzas de seguridad han seguido haciendo un uso generalizado de fuerza ilegítima —incluida fuerza letal— contra manifestantes y han matado al menos a 60 personas en las provincias de Bushehr, Azerbaiyán Oriental, Isfahán, Fars, Gilan, Hormozgán, Kermanshah, Juzestán, Kurdistán y Azerbaiyán Occidental. Entre las personas fallecidas hay manifestantes, transeúntes y dolientes que asistían a funerales de manifestantes.

El 20 de noviembre, las fuerzas de seguridad mataron al menos a dos menores de edad, ambos de 16 años: Baha’aldin Veisi en Javanroud, provincia de Kermanshah, y Karwan Ghader Shokri en Piranshahr, provincia de Azerbaiyán Occidental. Unos días antes, el 16 de noviembre, las fuerzas de seguridad habían matado ilegítimamente al menos a otros tres menores. La fuerzas de seguridad abatieron a tiros a Kian Pirfalak, de 10 años, y Artin Rahmani, de 14, en Izeh, provincia de Juzestán, y Danial Pabandi, de 17 años, murió a manos de las fuerzas de seguridad durante una protesta en Saqqez, provincia de Kurdistán.

La semana pasada se cumplieron tres años de la masacre de cientos de hombres, mujeres y menores de edad por las fuerzas de seguridad durante las protestas celebradas en todo el país en noviembre de 2019. Las fuerzas de seguridad respondieron con uso ilegítimo de la fuerza y más homicidios a las manifestaciones convocadas para conmemorar la efeméride, y todo ello ocurrió mientras había interrupciones de Internet y de la red de telefonía móvil.

“Esta semana, mientras los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se preparan para el periodo especial de sesiones del jueves, las fuerzas de seguridad de Irán siguen acribillando a balazos a hombres, mujeres y menores de edad al tiempo que mantienen el apagón de telefonía móvil e Internet para ocultar al mundo sus crímenes. Este patrón que consiste en matar, amparados por la oscuridad, a cientos de manifestantes recuerda a la represión de las autoridades iraníes de las protestas de noviembre de 2019, lo que demuestra que la inacción de entonces por parte de la comunidad internacional para ofrecer una respuesta adecuada ha desembocado en el actual baño de sangre. Ya es hora de que los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU hagan lo que les corresponde para contribuir a romper este ciclo de violencia”, ha afirmado Agnès Callamard.