En el periodo previo a la COP27, las autoridades egipcias pusieron en libertad a 766 personas presas tras la decisión del presidente Al-Sisi de reactivar el Comité de Indultos Presidenciales en abril. Sin embargo, Amnistía Internacional ha documentado la detención en ese mismo periodo de 1.540 personas

La detención de cientos de personas por las autoridades egipcias sólo en las últimas dos semanas en relación con las convocatorias de protestas durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27) es un recordatorio de la sombría realidad de la política de Egipto de detención arbitraria de masas para reprimir la disidencia, ha declarado Amnistía Internacional. Actualmente hay al menos 151 personas detenidas que están siendo investigadas por la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado, y cientos más han sufrido detenciones más breves e interrogatorios.

“La detención de cientos de personas por el mero hecho de sospecharse que apoyaban la convocatoria de protestas pacíficas plantea graves preocupaciones respecto a cómo van a reaccionar las autoridades ante las personas que deseen manifestarse en señal de protesta durante la COP27, algo muy característico de cualquier conferencia sobre el clima de la ONU. Las autoridades egipcias deben permitir reunirse libremente a las personas que desean manifestarse de manera pacífica, y abstenerse de hacer un uso ilegítimo de la fuerza o efectuar detenciones arbitrarias para impedir las protestas”, ha declarado Philip Luther, director de Investigación e Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África

“Los líderes mundiales que llegan a Sharm El Sheij para asistir a la COP27 no deben dejarse engañar por la campaña de relaciones públicas de Egipto: lejos de los deslumbrantes complejos hoteleros, hay miles de personas, entre ellas defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y miembros de la oposición política, a las que se sigue deteniendo injustamente. Deben instar al presidente Abdelfattah al-Sisi a que ponga en libertad a todas las personas recluidas arbitrariamente por ejercer sus derechos humanos, entre ellas, y con carácter de urgencia, al activista Alaa Abdel Fattah, que hoy endureció su huelga de hambre con una huelga de sed.”

En el periodo previo a la COP27, las autoridades egipcias pusieron en libertad a 766 personas presas tras la decisión del presidente Al-Sisi de reactivar el Comité de Indultos Presidenciales en abril. Sin embargo, Amnistía Internacional ha documentado la detención en ese mismo periodo de 1.540 personas —una cifra que duplica la anterior—, que fueron interrogadas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y reunión.

En los últimos seis meses, Amnistía Internacional ha recogido información de decenas de abogados que asisten habitualmente a los interrogatorios y las vistas para la renovación de las detenciones, ha analizado las decisiones judiciales y otros documentos oficiales y ha entrevistado a personas que estuvieron presas y a familiares de personas detenidas.

Detenciones antes de la COP27

En las últimas semanas, las fuerzas de seguridad han arrestado y detenido a cientos de personas en el centro de El Cairo y en la plazas mayores de ciudades de todo Egipto por el contenido de sus teléfonos, una táctica que la policía utiliza frecuentemente cuando se espera que haya una manifestación. Si bien la mayoría de estas personas quedaron en libertad al cabo de horas o de días, algunas fueron presentadas ante la fiscalía, y otras siguen en desaparición forzada, según informan 11 abogados de El Cairo, Alejandría, Sharqiya y Dakahliya.

Los líderes mundiales que llegan a Sharm el Sheij para asistir a la COP27 no deben dejarse engañar por la campaña de relaciones públicas de Egipto.

Philip Luther, Amnistía Internacional

En septiembre, Abdelsalam Abdelghani, de 55 años, fue detenido en su domicilio, situado en las afueras de El Cairo. Tras interrogarlo acerca de un grupo de Facebook llamado “Nuestro derecho”, en el que había publicaciones con llamamientos a manifestarse el 11 de noviembre, y sobre acusaciones de difundir ”noticias falsas” y de “pertenecer a un grupo terrorista”, la fiscalía ordenó que quedara detenido para ser investigado.

Crisis de encarcelamiento

Los organismos de seguridad de Egipto siguen utilizando facultades extrajudiciales para decidir qué personas quedan en libertad, y han bloqueado la liberación de miles de presos y presas detenidos arbitrariamente sólo por ejercer sus derechos humanos.

El ex candidato presidencial y líder político Abdelmoneim Aboulfotoh está detenido, y su salud corre peligro. La abogada Hoda Abdelmoniem y el abogado Mohamed Baker continúan detenidos simplemente por su labor de defensa de víctimas de violaciones de derechos humanos. Las autoridades generalmente excluyen de la lista de personas liberadas a cualquier persona de la que se sospecha que pertenece o es afín a la Hermandad Musulmana.

Además, siguen ignorando las órdenes judiciales de puesta en libertad, aplicando la práctica conocida como “puertas giratorias”. Desde abril, los organismos de seguridad de Egipto también se han negado a cumplir las órdenes judiciales de puesta en libertad de al menos 60 personas, y en lugar de dejarlas libres, autoridades de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) se las han llevado de la cárcel sin notificárselo a sus familiares. Muchas de estas personas fueron víctimas de desaparición forzada durante días, en los que se desconoció su suerte y su paradero, y después se las presentó ante la fiscalía para enfrentarse a cargos falsos de terrorismo u otros cargos relacionados con la seguridad nacional.

La mayoría de las personas que quedaron en libertad tras la reactivación del Comité de Indultos Presidenciales no pueden expresarse libremente y siguen sufriendo restricciones de su libertad. Siete personas que quedaron en libertad recientemente dijeron a Amnistía Internacional que la Agencia de Seguridad Nacional les había ordenado que eliminaran contenidos críticos que hubieran publicado en las redes sociales si no querían volver a ser detenidas cuando concluyera la COP27. Algunas de las que no se plegaron a esta exigencia han visto cumplida esta amenaza, como Sherif al Roubi, activista liberado en junio que ha vuelto a ser detenido en septiembre tras conceder una entrevista a los medios de comunicación sobre las dificultades que sufren las personas que han estado encarceladas. Otras personas recientemente liberadas siguen bajo vigilancia policial, y a muchas se les ha prohibido viajar arbitrariamente.

Restricciones y protestas en Sharm El Sheij

Según la página web de la presidencia egipcia de la COP27, toda persona que desee organizar protestas en Sharm El Sheij debe informar a las autoridades con 36 horas de antelación y mostrar a los organizadores una tarjeta de identificación de la Conferencia. Sólo se podrán llevar a cabo protestas de 10:00 a 17:00 horas, en una zona lejana al lugar de celebración de la Conferencia y controlada por cámaras. Las autoridades también han limitado el contenido de las protestas a cuestiones relacionadas con el clima.

Amnistía Internacional considera que estas medidas son innecesarias y desproporcionadas, y que su objetivo es limitar la posibilidad de que las personas protesten de una forma que sea segura y que a la vez les permita ser vistas y oídas. Las autoridades deben garantizar que el requisito de notificar las protestas sólo se utiliza para facilitar su desarrollo, y no implica una autorización, además de abstenerse estrictamente de dispersar o reprimir de cualquier otra forma las protestas que no cumplan dicho requisito.

También se han tomado medidas arbitrarias y desproporcionadas contra la ciudadanía egipcia, como utilizar pases y reservas de hotel para limitar el acceso a Sharm El Sheij. Las personas que trabajan en esta localidad sufren también muchas limitaciones de circulación.