Sábado, 05 de noviembre, 2022
La madrugada del 26 de octubre de 2022, la policía detuvo a la profesora Şebnem Korur Fincancı, presidenta del Sindicato de Asociaciones Médicas de Turquía.
La madrugada del 26 de octubre de 2022, la policía detuvo a la profesora Şebnem Korur Fincancı, presidenta del Sindicato de Asociaciones Médicas de Turquía. Se había abierto una investigación penal contra esta destacada defensora de los derechos humanos y experta en medicina forense, tras su llamamiento –en una entrevista en directo por televisión– en favor de una investigación independiente sobre las denuncias del presunto empleo de armas químicas por las fuerzas armadas turcas en la región del Kurdistán de Irak. La profesora Fincancı debe quedar en libertad de inmediato e incondicionalmente, y no debe ser procesada por su labor de derechos humanos.
Actúen: redacten su propio llamamiento o utilicen la siguiente carta modelo
Fiscal Jefe de Ankara / Ankara Chief Public Prosecutor
Mr Ahmet Akça
Hacı Bayram Veli Mahallesi
Atatürk Bulvarı No:40 Sıhhiye/Ankara
Fax: +90 (312) 309 4570
Correo-e: ankaracbs@adalet.gov.tr
Señor Fiscal Jefe:
Le escribo para transmitirle mi preocupación por la detención y la reclusión injusta de la profesora Şebnem Korur Fincancı, defensora de los derechos humanos. Las acusaciones en su contra carecen de fundamento y su detención es arbitraria.
El 21 de octubre, sus representantes legales se enteraron de que, a petición del Ministerio de Defensa, se había abierto una investigación penal contra la profesora Fincancı por sus comentarios públicos en favor de una investigación independiente sobre las denuncias de un posible uso de armas químicas en la región del Kurdistán de Irak. La profesora Fincancı es una destacada defensora de los derechos humanos y experta en medicina forense. Posteriormente, la madrugada del pasado 26 de octubre, fue puesta bajo custodia policial por haber hecho, presuntamente, “propaganda para una organización terrorista”.
La apertura de una investigación penal contra la profesora Fincancı sólo por haber pedido que se investigaran las denuncias sobre el empleo de armas prohibidas constituye un uso indebido del sistema de justicia penal para silenciar a una defensora de los derechos humanos, y contraviene el deber de las autoridades del Estado de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos.
Los Estados están obligados a proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos para que no sufran violaciones de derechos humanos en el desempeño de su trabajo, a denunciar esas violaciones cuando se produzcan y a facilitar un entorno propicio para su labor de defensa. Las autoridades deben asegurarse de que no se recurra indebidamente a investigaciones penales, detenciones y procesos judiciales para atacar a defensores y defensoras de los derechos humanos, ya que su empleo supone una injusticia contra la persona afectada, y puede tener un efecto disuasorio para cualquier persona que denuncie posibles abusos contra los derechos humanos.
Lo insto a pedir la liberación inmediata e incondicional de la profesora Fincancı y a abstenerse de perseguirla judicialmente por expresarse en el contexto de su labor de derechos humanos.
Atentamente,
La profesora Şebnem Korur Fincancı es una destacada médica forense, miembro de la Fundación de Derechos Humanos de Turquía y presidenta del Sindicato de Asociaciones Médicas de Turquía. Como defensora de los derechos humanos, ha sido ya víctima en el pasado de investigaciones penales infundades, detenciones y procesamientos judiciales. En 2016, fue brevemente recluida en espera de juicio cuando se emprendieron acciones legales en su contra por “propaganda para una organización terrorista”, debido a su papel como directora simbólica del clausurado diario kurdo Özgür Gündem. Fue absuelta en 2019, al igual que las otras dos personas acusadas, pero sus sentencias absolutorias fueron anuladas en apelación, y en la actualidad se está repitiendo el juicio.
A lo largo de los últimos siete años, el Sindicato de Asociaciones Médicas de Turquía ha sido objeto de numerosas investigaciones penales en aplicación de la muy imprecisa legislación antiterrorista turca, y se ha detenido y procesado a sus integrantes más notables.
El 19 de octubre, la profesora Fincancı participó en un programa en directo del canal de televisión Medya TV para comentar unas imágenes de vídeo que se habían difundido por las redes sociales, en las que miembros armados del PKK sufrían, al parecer, las consecuencias de un ataque con armas químicas. Según explica el Sindicato de Asociaciones Médicas de Turquía, los comentarios formulados en directo por la profesora fueron posteriormente modificados y difundidos por Medya TV, como si Fincancı hubiera afirmado que se habían utilizado armas prohibidas. En posteriores declaraciones, la profesora ha aclarado una y otra vez que se limitó a pedir que esas denuncias se sometieran a una investigación independiente.
El 20 de octubre, el ministerio de Defensa solicitó la apertura de una investigación penal en aplicación del artículo 217.a del Código Penal turco, que penaliza la “difusión pública deliberada de información falsa”; el artículo 216, que penaliza la “incitación pública al odio y a la hostilidad”; el artículo 267.1, que castiga la “difamación”; el artículo 301, referente a los “insultos al Estado y a sus instituciones y órganos”; y el artículo 7.2 de la Ley Antiterrorista, que penaliza la “propaganda para una organización terrorista”.
El 21 de octubre, al enterarse de la investigación, el equipo legal de la profesora Fincancı solicitó el expediente al fiscal jefe de Ankara, a quien informó de que la profesora estaría a su disposición para responder a preguntas a partir del lunes, 24 de octubre, ya que el día 23 regresaba de un viaje a Alemania. Cuando la policía irrumpió en el domicilio de Estambul de la profesora Fincancı, la madrugada del 26 de octubre, sus representantes legales seguían sin recibir el expediente. Ese día la profesora fue conducida a Ankara, y recluida en la Sección Antiterrorista de la Dirección de Seguridad, en esa ciudad.
De conformidad con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos, el Estado es el responsable último de proteger y promover los derechos humanos, lo que implica proteger a defensores o defensoras de los derechos humanos que llaman la atención con respecto a violaciones de derechos humanos. El Estado tiene el deber de evitar abusos y violaciones de derechos humanos contra los defensores o defensoras y en relación con su labor de defensa, y debe garantizar que esas personas pueden desempeñar su trabajo en un entorno seguro y propicio.