El abogado franco-palestino Salah Hammouri continúa recluido sin cargos ni juicio en Israel tras suspender la huelga de hambre de 19 días de duración en la que se había declarado para protestar contra la renovación de su detención administrativa.

El abogado franco-palestino Salah Hammouri continúa recluido sin cargos ni juicio en Israel tras suspender la huelga de hambre de 19 días de duración en la que se había declarado para protestar contra la renovación de su detención administrativa. El defensor de los derechos humanos sufre desde 2002 hostigamiento persistente a manos de las autoridades israelíes, que incluso emprendieron acciones para revocar su permiso de residencia en Jerusalén y lo mantienen sometido a detención administrativa continua desde marzo de 2022. Pasó 15 días recluido en régimen de aislamiento en una celda pequeña, sucia y sin ventana, sin tener contacto con el mundo exterior, como castigo por declararse en huelga de hambre junto con otros 29 detenidos palestinos. Las autoridades israelíes deben dejar en libertad a Salah Hammouri de inmediato a menos que sea acusado sin demora y garantizar el mantenimiento de su permiso de residencia en Jerusalén, para que pueda proseguir con su labor de derechos humanos sin temor a represalias.

Actúen: redacten su propio llamamiento o utilicen la siguiente carta modelo

Ministro de Defensa / Minister of Defence, Benny Gantz

Ministry of Defense

37 Kaplan Street, Hakirya

Tel Aviv 61909, Israel

Fax: 972-3-6916940

Correo-e: bgantz@knesset.gov.il

Twitter: @gantzbe

Señor ministro:

Le escribo para expresarle mi honda preocupación por la detención arbitraria punitiva sin cargos ni juicio y los constantes actos de hostigamiento que sufre el abogado franco-palestino Salah Hammouri. El 7 de marzo de 2022 fue detenido, y el 10 de marzo de 2022 la jefatura militar de las Fuerzas de Defensa de Israel en la Cisjordania ocupada dictó una orden administrativa que prorrogaba en tres meses (hasta el 6 de julio del año en curso) su reclusión sin cargos ni juicio y sin posibilidad de impugnar, de manera efectiva, su reclusión. Desde entonces, la orden de detención ha sido renovada dos veces, la más reciente el 4 de septiembre de 2022, apenas unas horas antes de la excarcelación prevista de Salah Hammouri, y ahora está previsto que venza el 4 de diciembre de 2022.

Durante este periodo, el 26 de julio de 2022 el Servicio de Instituciones Penitenciarias israelí trasladó forzosamente a Salah Hammouri a la prisión de Hadarim tras clasificarlo como preso de alto riesgo para la seguridad (lo que en hebreo se conoce como “Sagav”). El traslado se produjo poco después de que Salah Hammouri escribiese una carta abierta al presidente francés Emmanuel Macron expresando sus motivos para temer que se le estuviese castigando por su activismo pacífico. El 25 de septiembre de 2022, Salah Hammouri se declaró en huelga de hambre junto con otros 29 palestinos sometidos a detención administrativa para protestar por el uso generalizado y sistemático por Israel de esta forma de detención cruel e injusta. Como castigo por la huelga de hambre, el 28 de septiembre de 2022 fue trasladado en régimen de aislamiento a un celda sucia de tan sólo cuatro metros cuadrados en la que no tuvo acceso al aire libre ni a la luz natural durante 15 días y fue privado de todo contacto con el mundo exterior.

Además, me preocupa que Salah Hammouri corra el peligro real de ser expulsado tras las acciones que las autoridades israelíes han emprendido desde septiembre de 2020 para revocar su permiso de residencia permanente, y que la orden de detención administrativa se esté utilizando en su contra para agilizar las acciones conducentes a su expulsión. Según su abogado, mientras Salah Hammouri estuvo recluido en régimen de aislamiento fue presionado por personal penitenciario israelí que le decía que si se avenía a abandonar Jerusalén e irse a Francia quedaría en libertad.

Lo insto a dejar de inmediato en libertad a Salah Hammouri y a todas las demás personas sometidas a detención administrativa, si no van a ser acusadas con prontitud de ningún delito reconocible internacionalmente ni juzgadas de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos. Insto a las autoridades a garantizar el mantenimiento de su permiso de residencia en Jerusalén, para que pueda proseguir con su labor de derechos humanos sin temor a represalias.

Atentamente,

Información complementaria

Salah Hammouri es un abogado franco-palestino que vive en el barrio de Kufr Aqab de Jerusalén Oriental. En la actualidad, tiene permiso de residencia en Jerusalén y trabaja como investigador de campo para Addameer, ONG de asistencia jurídica y derechos de presos y presas, a la que el gobierno israelí declaró sin fundamento “organización terrorista” en octubre de 2021 junto con otros cinco grupos de la sociedad civil. Expertos y expertas de la ONU en derechos humanos condenaron esa medida, al considerar que constituía un uso indebido de las medidas antiterroristas, y la calificaron de “ataque frontal contra el movimiento palestino de derechos humanos y contra los derechos humanos, en general”. Las autoridades israelíes vienen hostigando y persiguiendo de manera continuada a Salah Hammouri, al que han detenido en numerosas ocasiones desde el año 2000, en dos de ellas en régimen de detención administrativa (durante cinco meses en 2004, y durante 13 en 2017 y 2018).

Además, las autoridades israelíes han violado su derecho a la libertad de circulación y a comunicarse con su familia. Salah Hammouri también corre peligro de expulsión, tras haber emprendido acciones las autoridades israelíes para revocar su permiso de residencia en Jerusalén. El 3 de septiembre de 2020, el Ministerio del Interior israelí notificó a Salah Hammouri su intención de revocar su permiso de residencia permanente por “deslealtad” al Estado de Israel. Salah Hammouri ha agotado ya todas las vías de recurso y se encuentra a la espera de la sentencia del Tribunal Superior de Israel. Según su representante legal, se teme que esta última orden de detención administrativa pueda ser utilizada en su contra para agilizar su expulsión. El 26 de julio de 2022 fue trasladado a la prisión de alta seguridad de Hadarim y clasificado como preso “de alto riesgo para la seguridad”. El 25 de septiembre de 2022 se sumó a una huelga de hambre colectiva iniciada por 30 palestinos sometidos a detención administrativa para protestar contra la práctica israelí cruel e injusta de la detención administrativa, a consecuencia de lo cual fue recluido en régimen de aislamiento punitivo. Fue recluido en una celda de aislamiento sucia e infestada de aproximadamente cuatro metros cuadrados, sin acceso al aire libre ni a la luz natural durante 15 días. Fue privado de todo contacto con el mundo exterior y sometido a videovigilancia permanente. Además, el personal penitenciario israelí lo presionó diciéndole que si se avenía a abandonar su ciudad natal —Jerusalén— e irse a Francia la detención terminaría.

En 2021 se hackearon con el programa espía Pegasus, desarrollado por la empresa israelí de cibervigilancia NSO Group, los dispositivos electrónicos de Salah Hammouri y de otros cinco defensores y defensoras palestinos de los derechos humanos.

La detención administrativa permite a las autoridades del Estado israelí detener a una persona sin intención de someterla a juicio penal. Las órdenes de detención administrativa pueden renovarse indefinidamente y las pruebas se mantienen en secreto, por lo que la persona no puede impugnar de manera efectiva su detención ni saber cuándo será puesta en libertad. Desde el 1 de enero de 2022 hasta el 1 de julio de 2022, cientos de palestinos y palestinas recluidos bajo detención administrativa, incluido Salah, han boicoteando los tribunales militares israelíes en protesta por su detención sin cargos ni juicio.

A lo largo de decenios, tanto Amnistía Internacional como otros grupos de derechos humanos han recopilado pruebas que indican que la detención administrativa forma parte de una política israelí deliberada, consistente en detener a personas —entre ellas presos y presas de conciencia recluidos sólo por el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión y asociación— y castigarlas por sus opiniones y por su activismo en contra de las políticas de ocupación. Según Addameer, a fecha de 10 de octubre de 2022 había unas 800 personas palestinas, entre ellas tres miembros del Consejo Legislativo Palestino, sometidas a detención administrativa, sin cargos ni juicio, en prisiones israelíes. De la totalidad, dos eran mujeres; seis, menores; y el resto, hombres.