Las autoridades egipcias han impuesto una prohibición general a las visitas familiares para todas las personas recluidas en Badr 3, muchas de las cuales llevaban viendo denegadas las visitas familiares desde hace más de cinco años

Las autoridades egipcias mantienen a personas que se muestran críticas con el gobierno o se oponen políticamente a él recluidas en condiciones crueles e inhumanas en la prisión de Badr 3. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional mientras Egipto se prepara para acoger en noviembre, en Sharm el Sheij, la COP27, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebra anualmente.

En la prisión de Badr 3, situada a 70 kilómetros al noreste de El Cairo, las personas permanecen recluidas en condiciones terribles y punitivas comparables a las documentadas sistemáticamente en el tristemente famoso Complejo Penitenciario de Tora, también en Egipto, o incluso peores que las del Complejo. Las personas detenidas tiritan de frío en celdas heladas con luces fluorescentes encendidas las 24 horas; además, están vigiladas constantemente por cámaras de circuito cerrado, y tienen prohibido el acceso a artículos básicos tales como comida suficiente, ropa y libros. No se les permite contactar con sus familias o abogados, y las vistas para la renovación de la detención se celebran telemáticamente. Al menos una persona ha muerto bajo custodia desde que se abrió la prisión a mediados de 2022.

“Las autoridades inauguraron a bombo y platillo el Complejo Penitenciario de Badr, como si esta nueva instalación significara una mejora en el historial de derechos humanos de Egipto. Sin embargo, las personas recluidas allí se enfrentan a las mismas violaciones de derechos humanos que han enturbiado repetidamente instituciones más antiguas, lo que pone de manifiesto la falta de voluntad política de las autoridades egipcias respecto a poner fin a la crisis de derechos humanos del país”, ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“En vísperas de la COP27, la maquinaria de relaciones públicas de Egipto está funcionando a todo gas para ocultar la terrible realidad de las cárceles del país, donde las personas encarceladas por motivos políticos se consumen en condiciones espantosas que violan la prohibición absoluta de infligir tortura y otros malos tratos. Sin embargo, ni todas las relaciones públicas del mundo pueden ocultar el pésimo historial de derechos humanos del país, que exige una reforma real por parte del gobierno.”

Amnistía Internacional ha recopilado testimonios de familiares y abogados de personas recluidas por motivos políticos, todas las cuales fueron trasladas a Badr 3 desde las prisiones de máxima seguridad 1 y 2 de Tora a mediados de 2022. Varias personas permanecen recluidas en contra de lo dispuesto por la ley egipcia, pues su detención preventiva se ha alargado más allá de los límites legales, y decenas de personas permanecen recluidas arbitrariamente tras juicios flagrantemente injustos.

“Los presos no tienen derechos”

La preocupación por las condiciones de reclusión y el acceso a atención médica se intensificó tras la muerte bajo custodia de El-Sayed al-Sayfi el 5 de octubre. Al-Sayfi, de 61 años y que antes de su detención padecía cáncer, murió unos días después de ser trasladado a Badr 3 después de que un fiscal ordenara su prisión preventiva. Hasta el momento no se ha llevado a cabo una investigación independiente e imparcial sobre las causas y circunstancias de su muerte, incluidos los informes sobre la falta de acceso a atención médica adecuada en Badr 3.

Las autoridades egipcias han impuesto una prohibición general a las visitas familiares para todas las personas recluidas en Badr 3, muchas de las cuales llevaban viendo denegadas las visitas familiares desde hace más de cinco años, mientras permanecían en el Complejo Penitenciario de Tora. El personal de la prisión también impide a las personas recluidas enviar cartas a sus familias o sus seres queridos, o incluso recibirlas, lo que en la práctica supone una detención en régimen de incomunicación.

Sin embargo, ni todas las relaciones públicas del mundo pueden ocultar el pésimo historial de derechos humanos del país, que exige una reforma real por parte del gobierno.

Agnès Callamard, Amnistía Internacional

Anas Beltagy, de 29 años, lleva detenido arbitrariamente desde diciembre de 2013 a pesar de haber sido absuelto de todos los delitos en tres causas penales diferentes y de que, en una cuarta causa, se ha dictado una orden judicial para que sea liberado en espera de investigación. Sin embargo, las autoridades no lo han puesto en libertad. Al contrario: ahora permanece recluido en espera de investigación por cargos idénticos en relación con una quinta causa. A su familia le han negado toda comunicación con él desde 2018, y todas sus vistas de renovación de la detención se han celebrado telemáticamente desde que fue trasladado a Badr 3, lo que ha supuesto un bloqueo adicional del acceso de su familia y su abogado. Amnistía Internacional pide la liberación inmediata de Anas Beltagy, ya que se encuentra recluido exclusivamente por sus lazos familiares: su padre, Mohamed al-Beltagy, es una figura destacada de la Hermandad Musulmana y fue condenado a muerte en un juicio injusto.

Otro detenido de Badr 3 ha contado que permaneció bajo vigilancia constante, incluso durante sus visitas al cuarto de baño, donde los guardias se burlaban de él por tardar demasiado. Otras personas han declarado que el uso de luces fluorescentes encendidas constantemente afectaba a su sueño y su salud mental, lo cual contraviene directamente las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos y la prohibición absoluta de infligir tortura y otros malos tratos.

Las personas encarceladas a menudo dependen de sus familias para satisfacer sus necesidades básicas. Sin embargo, los funcionarios de Badr 3 impiden a las familias entregar comida, ropa y artículos de higiene personal. Una familiar de una persona recluida en Badr 3 contó a Amnistía Internacional que había intentado llevar ropa, libros y comida a la prisión, pero los guardias le habían dicho que esos artículos no estaban permitidos. Cuando les dijo a los funcionarios penitenciarios que los presos tenían derecho a recibirlos, éstos le contestaron: “los presos no tienen derechos”.

La falta de visitas y comunicación con la familia significa que los familiares no pueden saber con seguridad si sus seres queridos reciben siquiera los medicamentos que les han llevado. Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de que los funcionarios penitenciarios retuvieron los medicamentos de al menos un preso después de haber aceptado que sus familiares los entregaran.

Las autoridades también han establecido un nuevo sistema telemático para las vistas de renovación de la detención, en las que las personas detenidas no están presentes físicamente en la misma sala que los jueces, abogados y fiscales. Estas vistas violan el derecho a un juicio justo, incluido el derecho a una defensa adecuada y a impugnar de manera efectiva la legalidad de la detención. Las vistas pueden celebrarse en circunstancias coercitivas, en presencia de guardias penitenciarios, y a las personas detenidas se les impide comunicarse con sus abogados, ya que las visitas de los abogados a la prisión están prohibidas. Además, este sistema expone a las personas detenidas al riesgo de sufrir represalias de los guardias si denuncian haber sufrido tortura u otros malos tratos, e impiden a los jueces detectar contusiones visibles u otras lesiones.

“Las autoridades egipcias deben poner en libertad de inmediato a todas las personas recluidas arbitrariamente. Todas las personas encarceladas en Egipto deben gozar de protección frente a la tortura y otros malos tratos, deben permanecer recluidas en condiciones que cumplan el derecho y las normas internacionales, y deben tener acceso inmediato a sus familias y abogados, con privacidad suficiente. Las autoridades deben respetar íntegramente el derecho a un juicio justo y dejar de celebrar las vistas de renovación de la detención por vía telemática”, ha manifestado Agnès Callamard.

Información complementaria

Los complejos penitenciarios de Badr y Wadi al-Natrun se abrieron poco después de que las autoridades lanzaran la Estrategia Nacional de Derechos Humanos de Egipto en septiembre de 2021, que aplaudía los supuestos esfuerzos de las autoridades por modernizar las prisiones y respetar la dignidad de la población reclusa. A mediados de 2022, las autoridades empezaron a reubicar en nuevas instalaciones a presos del tristemente famoso Complejo Penitenciario de Tora.

La COP27, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022, se celebrará del 6 al 18 de noviembre en Sharm el Sheij.