El 15 de marzo de 2022, Amnistía Internacional documentó la ejecución de 81 hombres, saudíes y extranjeros. De los ejecutados, 41 pertenecían a la minoría chií

Al menos tres jóvenes corren peligro inminente de ejecución en Arabia Saudí después de que un tribunal de apelación confirmara sus condenas entre junio y octubre de este año; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional. Tras sus juicios manifiestamente injustos, la organización pide a las autoridades saudíes que conmuten las condenas de los jóvenes con motivo de la celebración del Día Mundial contra la Pena de Muerte.

En febrero de 2022, la Comisión de Derechos Humanos de Arabia Saudí dijo a Amnistía Internacional que el país había dejado de ejecutar a personas por “delitos cometidos cuando eran menores de edad” y que se habían conmutado todas las condenas de muerte pendientes en tales casos.

“Condenar a muerte a una persona por delitos cometidos cuando aún no había alcanzado la edad de 18 años es una violación flagrante del derecho internacional de los derechos humanos. Las autoridades saudíes han prometido poner fin al uso de la pena capital en tales casos; sin embargo, la brutal realidad es que estos jóvenes se enfrentan a un final precoz de su existencia”, ha declarado Diana Semaan, directora adjunta en funciones de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“En lugar de confirmar estas condenas a muerte, el rey debería suspender de inmediato todas las ejecuciones inminentes y ordenar que se celebren nuevos juicios que sean totalmente compatibles con las normas internacionales sobre juicios justos, sin recurrir a la pena capital.”

De junio a octubre de 2022, el Tribunal Penal Especializado y otro tribunal penal ratificaron las condenas a muerte de tres jóvenes. El 4 de octubre, un tribunal de apelación saudí confirmó la condena a muerte impuesta a Jalal al Labbad, uno de los tres jóvenes en peligro de ejecución inminente en Arabia Saudí. El juicio de otros dos ante el Tribunal Penal Especializado continúa y la acusación ha pedido la pena de muerte para ellos. Los cinco tenían entre 14 y 17 años en el momento de cometerse los presuntos delitos.

Condenar a muerte a una persona por delitos cometidos cuando aún no había alcanzado la edad de 18 años es una violación flagrante del derecho internacional de los derechos humanos.

Diana Semaan, Amnistía Internacional

Cuatro de los cinco pertenecen a la minoría chií. Han sido acusados o declarados culpables de terrorismo por su participación en protestas antigubernamentales o por asistir al entierro de personas muertas a manos de las fuerzas de seguridad. Se han dictado condenas a muerte contra miembros de su comunidad de forma reiterada, ya que el objetivo de las autoridades es acallar la disidencia en la provincia Oriental de Arabia Saudí.

Juicios manifiestamente injustos

Según documentación judicial examinada por Amnistía Internacional, todos los jóvenes fueron objeto de un sinnúmero de violaciones de derechos humanos durante su detención previa al juicio, como estar recluidos en régimen de incomunicación y de aislamiento durante casi nueve meses. También se privó a todos de acceso a asistencia letrada durante su detención preventiva.

Yousef al Manasif tenía entre 15 y 18 años en el momento de la comisión del “delito” y corre peligro de ser condenado a muerte en un juicio que está en curso ante el Tribunal Penal Especializado. Los seis primeros meses de detención estuvo en régimen de incomunicación y de aislamiento.

No se investigaron las denuncias de tortura

Agentes de seguridad saudíes sometieron a cuatro de los jóvenes a tortura y otros malos tratos para obtener “confesiones”. Uno de los cuatro padece infección crónica del tracto genital como consecuencia de la tortura sufrida. El tribunal declaró culpables a los acusados sin investigar las denuncias de tortura y basándose en confesiones manipuladas derivadas de esas prácticas.

Nada de lo que se dice en la “confesión” es cierto, me obligaron a confesar mediante golpes y amenazas […] También me dijeron que cambiara mi testimonio para que coincidiera con el de otros acusados.

Abdullah al Huwaiti

Jalal Labbad fue inicialmente condenado a muerte el 1 de agosto de 2022, por presuntos delitos cometidos cuando tenía 16 y 17 años. Estuvo en detención previa al juicio unos dos años, durante los cuales fue sometido a tortura física y psicológica que incluyó privación del sueño a lo largo de un periodo de tres semanas.

Así describió al tribunal los abusos que había sufrido: “Fuertes palizas en todo el cuerpo, y especialmente en la pierna derecha, que tenía operada y con implantes metálicos […] Entre cuatro y seis soldados me dieron patadas en la cara y en todo el cuerpo —incluidos los genitales— siguiendo las órdenes del investigador, quien los animaba a intensificar los golpes y la tortura […] Me aplicaron descargas eléctricas en todo el cuerpo, sobre todo en los genitales, en una habitación oscura.” Y añadió que la tortura le causó varios problemas de salud pero le denegaron tratamiento médico para ellos.

El Tribunal Penal Especializado lo declaró culpable de una amplia diversidad de cargos, entre ellos entonar eslóganes con insultos a los dirigentes del Estado durante los entierros de personas muertas a manos de las fuerzas de seguridad, sumarse a los miembros de una “rebelión armada contra el régimen gobernante” que presuntamente habían secuestrado y asesinado a un juez, y disparar y lanzar cócteles molotov contra agentes de seguridad.

En agosto de 2022, la Sala de Apelación del Tribunal Penal Especializado confirmó la condena a muerte de Abdullah al Darazi, arrestado a la edad de 16 años. Durante su proceso judicial, Abdullah al Darazi solicitó una evaluación médica independiente de los problemas de salud que sufría como consecuencia de la tortura. El tribunal no lo hizo.

Abdullah al Huwaiti, detenido en mayo de 2017 a la edad de 14 años por cargos de robo armado y asesinato de un agente de seguridad, está entre los que corren peligro de ejecución inminente. Después de que el Tribunal Supremo ordenara un nuevo juicio en 2021, Abdullah fue condenado de nuevo a muerte por el Tribunal Penal de Tabuk el 2 de marzo de 2022. Él se negó a firmar su declaración y dijo al tribunal: “Nada de lo que se dice en la ‘confesión’ es cierto, me obligaron a confesar mediante golpes y amenazas […] También me dijeron que cambiara mi testimonio para que coincidiera con el de otros acusados”.

Información complementaria

El 15 de marzo de 2022, Amnistía Internacional documentó la ejecución de 81 hombres, saudíes y extranjeros. De los ejecutados, 41 pertenecían a la minoría chií. Desde entonces se han seguido dictando condenas de muerte contra hombres chiíes, entre ellos algunos que aún no habían cumplido 18 años en el momento de los presuntos delitos.

Amnistía ha documentado juicios manifiestamente injustos ante el Tribunal Penal Especializado —establecido en 2008 para juzgar a personas acusadas de delitos de terrorismo—, en los que se han dictado fallos condenatorios por delitos imprecisos y “excesivamente generales” que penalizan la oposición pacífica como “terrorismo” y, en decenas de casos, se ha impuesto la pena de muerte a raíz de “confesiones” obtenidas mediante tortura.