Lamentamos que varios Estados en las Américas, como Argentina, Honduras y México, dieran la espalda a estos reclamos y a los derechos humanos de las víctimas

Durante su 51° periodo de sesiones, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que renovó por dos años más el mandato de la Misión Internacional e Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela, creada por el mismo órgano en septiembre de 2019. Al respecto, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló: 

“Amnistía Internacional celebra la renovación de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela como respaldo a las incontables víctimas de graves violaciones de derechos humanos que se han cometido, y se siguen cometiendo, en el país. Los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que votaron a favor de la renovación han escuchado el clamor de organizaciones de sociedad civil venezolanas e internacionales, quienes llevamos meses pidiendo la renovación del mandato de este mecanismo de investigación. Lamentamos que varios Estados en las Américas, como Argentina, Honduras y México, dieran la espalda a estos reclamos y a los derechos humanos de las víctimas.”

Amnistía Internacional celebra la renovación de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela como señal de apoyo y respaldo a las incontables víctimas de graves violaciones de derechos humanos que se han cometido, y se siguen cometiendo, en el país

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

“Los lapidarios informes y reportes públicos de la Misión son herramientas imprescindibles en la lucha de víctimas y organizaciones por el derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Hasta la fecha, concluyeron que hay motivos suficientes para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela; que los órganos del sistema de justicia funcionan como mecanismo de represión; y que existe una política de represión orquestada desde las más altas autoridades y los órganos de inteligencia, contra quienes sean, o puedan ser percibidos, como personas opositoras al gobierno de Nicolás Maduro. También se llegaron a identificar autoridades individuales, posibles perpetradores, que deben ser investigados por órganos judiciales competentes e imparciales, incluidos aquellos fuera de Venezuela ejercitando la jurisdicción universal.”

“Hallazgos tan contundentes tienen un valor incalculable para víctimas y sociedad civil dentro de Venezuela y además pueden servir de insumo para la investigación en curso de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, así como servir de disuasión hacia la comisión de más crímenes y violaciones de derechos humanos en el futuro.”