Miércoles, 21 de septiembre, 2022
La defensora iraní de los derechos LGBTI, Zahra Sedighi-Hamadani, y otra mujer, Elham Choubdar, han sido condenadas a muerte por “corrupción en la tierra”. Ambas han estado en el punto de mira de las autoridades por su orientación sexual o identidad de género, reales o supuestas, y por sus actividades en redes sociales en apoyo de las comunidades LGBTI.
La defensora iraní de los derechos LGBTI, Zahra Sedighi-Hamadani, y otra mujer, Elham Choubdar, han sido condenadas a muerte por “corrupción en la tierra”. Ambas han estado en el punto de mira de las autoridades por su orientación sexual o identidad de género, reales o supuestas, y por sus actividades en redes sociales en apoyo de las comunidades LGBTI.
Presidente de la Magistratura:
Head of judiciary, Gholamhossein Mohseni Ejei
c/o Embassy of Iran to the European Union,
Avenue Franklin Roosevelt No. 15,
1050 Bruxelles, Bélgica
Señor Gholamhossein Mohseni Ejei:
Zahra Sedighi-Hamadani, de 31 años, conocida como Sareh y defensora de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), ha sido condenada a muerte junto con otra mujer, Elham Choubdar, de 24 años, tras comparecer a principios de agosto de 2022 ante el Tribunal Revolucionario de Urmía, en la provincia de Azerbaiyán Occidental, que las declaró culpables de “corrupción en la tierra”. Ciertas declaraciones oficiales, informes de medios de comunicación estatales y declaraciones que la Fiscalía ha realizado sobre Zahra Sedighi-Hamadani desde su detención en octubre de 2021 sugieren que la activista ha estado en el punto de mira de las autoridades por razones discriminatorias relacionadas con su orientación sexual o identidad de género, reales o supuestas, así como por defender de forma pacífica los derechos LGBTI en redes sociales, entre otros, y por su relación con solicitantes de asilo LGBTI en Irak. El 18 de julio de 2022, medios de comunicación estatales vinculados a la Guardia Revolucionaria emitieron un vídeo homófobo en el que se presentaba a Zahra Sedighi-Hamadani como “delincuente” por publicar contenido en internet que “fomentaba la homosexualidad” y “desafiaba el estigma que rodea a las relaciones sexuales prohibidas por la religión [namashrou]”. Este vídeo propagandístico establecía una conexión entre la defensa pacífica que realiza Zahra Sedighi-Hamadani de los derechos LGBTI en internet y acusaciones infundadas de “traficar con mujeres y niñas” e “introducirlas en Erbil [Irak] desde Irán de forma clandestina”, todo ello con el objetivo de denigrar su persona. Documentación judicial y de otro tipo examinada por Amnistía Internacional sugiere que Elham Choubdar también ha estado de forma similar en el punto de mira por razones discriminatorias relacionadas con su orientación sexual o su identidad de género, reales o supuestas, así como por participar en actividades de apoyo al colectivo LGBTI en redes sociales y por su relación con Zahra Sedighi-Hamadani.
Las actuaciones judiciales que desembocaron en la sentencia condenatoria de estas mujeres fueron manifiestamente injustas. Zahra Sedighi-Hamadani fue víctima de desaparición forzada durante 53 días tras su detención. Durante este tiempo, se la sometió a interrogatorios abusivos sin acceso a abogado, a régimen de aislamiento prolongado, a insultos homófobos, a amenazas de muerte y a amenazas de retirarle la custodia de sus hijos, lo cual conculca el derecho a un juicio con las debidas garantías y la prohibición absoluta de tortura y otros malos tratos. Amnistía Internacional entiende que Elham Choubdar fue objeto de presiones para que realizase “confesiones forzadas”. Asimismo, el delito de “corrupción en la tierra” no cumple los requisitos de claridad y precisión necesarios en derecho penal e infringe el principio de legalidad y seguridad jurídica. Las autoridades comunicaron a ambas mujeres sus condenas el 1 de septiembre de 2022 en la prisión de Urmía, donde se encuentran recluidas. El fallo fue recurrido ante el Tribunal Supremo.
Le pido que revoque de forma inmediata las sentencias condenatorias y las penas de muerte impuestas a Zahra Sedighi-Hamadani y Elham Choubdar. Lo insto además a liberarlas con carácter inmediato, puesto que han sido objeto de discriminación únicamente por motivos relacionados con su orientación sexual o identidad de género, reales o supuestas, y por el ejercicio pacífico de actividades en defensa de los derechos humanos de las personas LGBTI. Hasta su liberación, garantice que se les permite el acceso regular a un abogado de su elección y a su familia. Insto además a las autoridades iraníes a establecer una suspensión oficial de las ejecuciones con el objetivo último de abolir la pena de muerte, así como a derogar las leyes que criminalizan la conducta sexual consentida entre personas del mismo sexo y a adoptar legislación para proteger a las personas LGBTI de la discriminación, la violencia y otras violaciones de derechos humanos.
Atentamente,
[NOMBRE]
Información complementaria
El 4 de septiembre de 2022, el grupo iraní de derechos humanos Hengaw informó de que se había condenado a muerte a Zahra Sedighi-Hamadan y a Elham Choubdar. Tras una amplia cobertura mediática, la magistratura iraní confirmó la noticia el 5 de septiembre y anunció que se había condenado a muerte a Zahra Sedighi-Hamadani y a Elham Choubdar en relación con el “tráfico de mujeres y niñas”. Antes de esto, el 6 de noviembre de 2021, la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria anunció en una declaración que había capturado, “en una operación de inteligencia compleja, multidimensional y extraterritorial, a quien lideraba una red implicada en el tráfico de niñas y mujeres iraníes a países vecinos con fines de corrupción y en la dirección y apoyo a grupos homosexuales que trabajan bajo la protección de agencias de inteligencia [extranjeras]”. Amnistía Internacional considera que las acusaciones de tráfico de personas son falsas y que carecen de fundamento. Considera asimismo que son consecuencia de la orientación sexual o identidad de género, reales o supuestas, de las detenidas y, en el caso de Zahra Sedighi-Hamadani, de su relación con personas solicitantes de asilo iraníes pertenecientes al colectivo LGBTI que huyen de la persecución sistemática en Irán.
La Guardia Revolucionaria de Irán detuvo de forma arbitraria a Zahra Sedighi-Hamadani a finales de 2021 cerca de la frontera de Irán mientras intentaba solicitar protección internacional en Turquía. Elham Choubdar fue detenida tiempo después. Las autoridades acusaron a ambas mujeres de “incitar a las personas a la corrupción y a la prostitución”, así como de “propagar la corrupción en la tierra” (efsad-e fel arz). También acusaron a Zahra Sedighi-Hamadani de “entrar en el país de forma ilegal”. Tal y como establece el derecho penal iraní, las acusaciones de “incitar a las personas a la corrupción y a la prostitución” y de “entrar en el país de forma ilegal” se remitieron para su enjuiciamiento a la Sección 111 del Segundo Juzgado de lo Penal de Urmía, mientras que la acusación de “corrupción en la tierra” se remitió al Tribunal Revolucionario de la misma ciudad. En julio de 2022, el Juzgado de lo Penal declaró culpable a Zahra Sedighi-Hamadani de “entrar en el país de forma ilegal” y le impuso una sanción pecuniaria. En el mismo fallo, el juzgado desestimó, con respecto a ambas mujeres, el cargo de “incitar a las personas a la corrupción y a la prostitución”, argumentando que ya estaban siendo procesadas ante el Tribunal Revolucionario de Urmía por “corrupción en la tierra” con motivo de esas mismas actividades, por lo que quedaban fuera de su jurisdicción. En el fallo de la Sección 111 del Segundo Juzgado de lo Penal de Urmía, revisado por Amnistía Internacional, se indica que se acusa a las mujeres de “corrupción en la tierra” con motivo de sus “actividades en internet”, pero no se proporciona más información.
A mediados de enero de 2022, el instructor jefe de la Sección 6 de la Fiscalía Revolucionaria y Pública en Urmía informó a Zahra Sedighi-Hamadani de que se la acusaba de “propagar la corrupción en la tierra”, entre otras cosas mediante “promoción de la homosexualidad”, “comunicación con canales de medios de comunicación contrarios a la República Islámica” y “promoción del cristianismo”. Las dos primeras acusaciones dimanan de su defensa pública de los derechos de las personas LGBTI, entre otros medios, en sus plataformas de redes sociales, como Telegram e Instagram, y de una aparición en un documental de la BBC emitido en mayo de 2021 sobre los abusos que sufren las personas LGBTI en la Región del Kurdistán de Irak. Según la información obtenida por Amnistía Internacional, la segunda acusación se formuló por haber llevado un collar con una cruz y haber asistido a una iglesia doméstica en Irán varios años atrás.
Antes de emprender la peligrosa parte de su viaje para cruzar la frontera entre Irán y Turquía, Zahra Sedighi-Hamadani grabó un mensaje en vídeo y pidió a un contacto de confianza que lo publicara si no lograba llegar a salvo a Turquía. En el vídeo, distribuido el 7 de diciembre de 2021 por la Red Iraní de Lesbianas y Personas Transgénero (6Rang), dijo: “Quiero que sepan cuánta presión soportamos las personas LGBT. Arriesgamos nuestras vidas por nuestras emociones, pero encontraremos nuestro verdadero ser. [...] Espero que llegue el día en que todas y todos podamos vivir en libertad en nuestro país. [...] Ahora viajo hacia la libertad. Espero llegar a salvo. Si lo consigo, seguiré velando por las personas LGBT. Seguiré respaldándolas y alzando mi voz. Si no lo consigo, habré dado mi vida por esta causa”.
El Código Penal iraní criminaliza la conducta sexual consentida entre personas adultas del mismo sexo, así como entre menores, y prescribe castigos corporales que constituyen tortura, como la flagelación, y la pena de muerte, que constituye la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante. Las investigaciones que ha realizado Amnistía Internacional demuestran constantemente que los Tribunales Revolucionarios carecen de independencia y que, bajo la influencia de los cuerpos de seguridad y de inteligencia y tras procedimientos notoriamente injustos, abreviados y de carácter predominantemente secreto que menoscaban el derecho a un juicio con las debidas garantías, imponen condenas severas a las personas defensoras de los derechos humanos y a otras personas. Defensores y defensoras iraníes de los derechos humanos, así como profesionales de la abogacía del país, han repetido en numerosas ocasiones que los Tribunales Revolucionarios carecen de base constitucional y que deberían abolirse. Amnistía Internacional también ha documentado en el pasado la criminalización que sufren las personas defensoras de los derechos humanos por parte de las autoridades iraníes, que se produce en el marco de continuas campañas difamatorias contra ellas, especialmente en internet, con el objetivo de menoscabar su trabajo en favor