El 1 de junio, el presidente Kais Saied destituyó arbitrariamente a 57 jueces, juezas y miembros de la fiscalía por motivos imprecisos que incluían obstrucción de investigaciones relacionadas con el terrorismo, corrupción económica, “corrupción moral”, “adulterio” y participación en “fiestas con alcohol”.

El 1 de junio, el presidente Kais Saied destituyó arbitrariamente a 57 jueces, juezas y miembros de la fiscalía por motivos imprecisos que incluían obstrucción de investigaciones relacionadas con el terrorismo, corrupción económica, “corrupción moral”, “adulterio” y participación en “fiestas con alcohol”. El 10 de agosto, el Tribunal Administrativo de la ciudad de Túnez dictó un fallo de urgencia en el que ordenaba la reincorporación de 49 de los 57 miembros de la magistratura, pero hasta ahora el gobierno no ha cumplido lo dispuesto por el tribunal. El Ministerio de Justicia debe reintegrar de inmediato a sus puestos a todos los jueces, juezas y miembros de la fiscalía destituidos arbitrariamente y respetar el fallo del tribunal.

Ministra de Justicia
Minister of Justice

Leila Jaffel

31, Boulevard Bab Bnet, Tunis, Túnez

Correo-e: info@e-justice.tn

Fax: +216 71 568 106

Señora ministra de Justicia:

Me dirijo a usted para instarla a reintegrar a sus puestos a los los 57 jueces, juezas y miembros de la fiscalía destituidos arbitrariamente por el presidente Kais Saied el 1 de junio por motivos imprecisos como obstrucción de investigaciones sobre terrorismo, corrupción económica, “corrupción moral” y “adulterio”, incluidos los 49 jueces y juezas cuya destitución dejó sin efecto el Tribunal Administrativo de la ciudad de Túnez . Esos hombres y mujeres deben beneficiarse, como cualquier otro ciudadano o ciudadana, de la protección del Estado de derecho, y se les debe restituir su derecho a trabajar y a un juicio con las debidas garantías, tal como ordenó el tribunal. En cambio, están actualmente a merced de las medidas arbitrarias del gobierno.

En el fallo del Tribunal Administrativo de Túnez del 10 de agosto sobre los casos de los 49 jueces, juezas y miembros de la fiscalía, el tribunal resolvió que el gobierno había “tomado la controvertida decisión sin informar a los jueces de las denuncias que pesaban en su contra, lo cual constituye una vulneración grave del derecho a la defensa, la presunción de inocencia y las garantías relativas a un juicio justo que establecen la Constitución y las leyes tunecinas”. El tribunal afirmaba además que la destitución constituye una “espada de Damocles para los jueces, menoscaba la independencia del poder judicial [...] y viola gravemente su reputación y su derecho a trabajar”.

Entre los 49 jueces, juezas y miembros de la fiscalía cuya destitución fue suspendida por el tribunal administrativo figuran Hamadi Rahmani, magistrado asesor en el Tribunal de Casación; Mohamed Taher Kanzari, juez de asuntos juveniles en el Tribunal de Siliana, y Ramzi Bahria, fiscal adjunto en el Tribunal de Primera Instancia de Mahdia. El 22 de junio los tres iniciaron una huelga de hambre (Hamadi Rahmani y Ramzi Bahria durante 15 días y Mohamed Taher Kanzari durante 36 días) para protestar por su destitución arbitraria. Los tres dijeron a Amnistía Internacional que el Ministerio de Justicia no les había informado en ningún momento de los motivos de su destitución y que no habían tenido acceso a examinar ningún documento oficial ni a impugnarlo, y agregaron que habían quedado consternados cuando se enteraron de su destitución a través de la redes sociales o de colegas. Las autoridades no les ofrecieron una decisión razonada por escrito, acceso a sus expedientes disciplinarios o judiciales para examinar las pruebas en su contra, ni un medio de apelación contra la negación de estos derechos. A los los jueces, juezas y miembros de la fiscalía destituidos se les ha negado su derecho a trabajar, y desde hace más de tres meses no perciben sus salarios ni tienen cobertura médica.

Por tanto, la insto a que que se restituya en sus puestos a los jueces, juezas y miembros de la fiscalía destituidos arbitrariamente ya que su inhabilitación es un ataque contra la independencia del poder judicial.

Atentamente,

[NOMBRE]

Desde que se hizo en el poder el 25 de julio de 2021, el presidente ha lanzado reiterados ataques contra el derecho a un juicio justo y la independencia del poder judicial. El 1 de junio de 2022, el presidente Kais Saied promulgó el Decreto-Ley 2022-35, por el que se otorga a sí mismo autoridad para destituir sumariamente a jueces, juezas y miembros de la fiscalía basándose en informes de “autoridades competentes” no identificadas según los cuales constituyan una amenaza para la “seguridad pública” o “el interés superior del país” y por actos que “comprometan la reputación, la independencia o el buen funcionamiento del poder judicial”. El mismo día destituyó a los 57 jueces y juezas cuyos nombres se publicaron en el Diario Oficial. El presidente anunció su destitución en un discurso grabado en vídeo en el que aludió a acusaciones que incluían obstrucción de investigaciones relacionadas con el terrorismo, corrupción económica, “corrupción moral” y “adulterio” entre otras irregularidades, y ese mismo día los nombres de los 57 jueces, juezas y miembros de la fiscalía destituidos se publicaron en el Diario Oficial.

Este ataque no era el primero del presidente Saied contra el poder judicial. El 12 de febrero de 2022 aprobó el Decreto-Ley 2022-11, por el que se disolvía el Consejo Superior de la Magistratura, órgano de magistrados y expertos jurídicos, económicos, fiscales y contables elegidos principalmente por sus iguales que se creó después de la revolución de 2011 en Túnez para supervisar el poder judicial y protegerlo de injerencias del poder ejecutivo. El presidente Saied sustituyó el Consejo por un órgano temporal, designado en parte por él, y en el mismo decreto-ley le concedió poderes para intervenir en el nombramiento, la trayectoria profesional y la destitución de jueces, juezas y miembros de la fiscalía.

El 14 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo de la ciudad de Túnez dictó su fallo de urgencia en el que concluía que 49 de los 57 jueces, juezas y miembros de la fiscalía destituidos arbitrariamente debían ser repuestos de inmediato en su empleo. La decisión del tribunal a favor de los jueces, juezas y miembros de la fiscalía no está sujeta a apelación y debe cumplirse de inmediato de acuerdo con el artículo 41 de la Ley núm.72-40 sobre el Tribunal Administrativo. Sin embargo, el Ministerio de Justicia se ha negado hasta ahora a cumplir esta sentencia. Casi un mes después del fallo del tribunal, los jueces, juezas y miembros de la fiscalía no han sido reintegrados a sus puestos, ignorando por completo la sentencia del tribunal y del Estado de derecho.

Tras el fallo del Tribunal Administrativo, el 14 de agosto, el Ministerio de Justicia hizo pública una declaración en su página de Facebook en la que afirmaba que los jueces separados de sus puestos por el Decreto-Ley 2022-35 el 1 de junio estaban siendo investigados en procedimientos penales. El 20 de agosto, el Ministerio de Justicia emitió una segunda declaración en la que ofrecía más detalles sobre los procedimientos penales incoados en su contra y afirmaba que el ministerio fiscal se había incautado de 109 archivos relacionados con delitos financieros y económicos y con delitos de terrorismo, entre otros. Sin embargo, según uno de los abogados de los 57 jueces y juezas entrevistado por Amnistía Internacional, en ningún caso se les notificaron oficialmente los procedimientos judiciales abiertos en su contra, y siguen sin tener acceso a sus expedientes en esos procedimientos. En cualquier caso, el Ministerio de Justicia debe reponer a los jueces y juezas, y en caso de que existan denuncias creíbles de irregularidades que constituyan actos de conducta indebida grave o delitos, sólo inicie procedimientos disciplinarios o judiciales en su contra que cumplan plenamente las normas internacionales.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, órgano de personas expertas que ofrecen la interpretación definitiva del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es vinculante para Túnez, en su aclaración de la obligación de los Estados de garantizar el derecho a un juicio justo (Observación general núm. 32) ha subrayado: “Los jueces podrán ser destituidos únicamente por razones graves de mala conducta o incompetencia, de conformidad con procedimientos equitativos que garanticen la objetividad  la imparcialidad establecidos en la Constitución o en la ley. La destitución de jueces por el poder ejecutivo, por ejemplo antes de la expiración del mandato para el que fueron nombrados, sin que se les dé ninguna razón concreta y sin que dispongan de una protección judicial efectiva para impugnar la destitución, es incompatible con la independencia del poder judicial”.

De acuerdo con los Principios y Directrices sobre el Derecho a un Juicio Justo y a Asistencia Letrada Gratuita en África, adoptados por la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en 2005, “los funcionarios [judiciales] que se enfrenten a procedimientos disciplinarios, de suspensión o destitución tendrán derecho a garantías de una vista justa, lo que incluye el derecho a ser representado por un representante legal de su elección y a una revisión independiente de las decisiones de los procedimientos disciplinarios, de suspensión o de destitución”.