En un momento en que se han reanudado las protestas en Tailandia, esta última sentencia condenatoria subraya hasta qué punto las autoridades tailandesas siguen reprimiendo la disidencia pacífica.

En respuesta a la sentencia condenatoria con pena de dos años de cárcel dictada contra Jatuphon “Niw” Saeung por participar en un simulacro de desfile de moda en Tailandia en octubre de 2020, Kyle Ward, secretario general adjunto de Amnistía Internacional, ha declarado:

“El simulacro de desfile de modelos fue una visión satírica de la situación política del país, un evento público pacífico similar a un festival callejero con música, comida y baile, cuyos asistentes no deben ser castigados por participar en una reunión pacífica.

“Esta sentencia condenatoria, al menos la décima que se dicta por lesa majestad (insultos a la monarquía) desde 2021, es un aterrador preludio de lo que se avecina: el número de activistas y manifestantes contra quienes se han presentado cargos en virtud del artículo 112 del Código Penal de Tailandia ha alcanzado la cifra récord de 210 desde que en 2020 comenzaron las protestas multitudinarias, en su inmensa mayoría pacíficas.

“Instamos a las autoridades a que retiren de inmediato todos los cargos contra quienes se han limitado a ejercer sus derechos humanos a la libertad de expresión y reunión pacífica y dejen en libertad a las personas que están detenidas arbitrariamente.

“En un momento en que se han reanudado las protestas en Tailandia, esta última sentencia condenatoria subraya hasta qué punto las autoridades tailandesas siguen reprimiendo la disidencia pacífica.

“Las autoridades tailandesas tienen la obligación de proteger el ejercicio pacífico de los derechos de expresión y reunión, pero en lugar de hacerlo siguen emprendiendo acciones penales contra personas que protestan, muchas de ellas jóvenes o incluso menores de edad. Estos jóvenes manifestantes deben gozar de libertad para expresar sus opiniones y participar en los debates de la sociedad, y no enfrentarse a la posibilidad de ser condenados a penas de cárcel injustificadas y tener antecedentes penales.”

Información complementaria

El 12 de septiembre de 2022, el Tribunal de lo Penal de Bangkok (Tailandia) condenó inicialmente a tres años de cárcel a la manifestante Jatuphon “Niw” Saeung, acusada por las autoridades de insultar a la monarquía en aplicación del artículo 112 del Código Penal de Tailandia. Este artículo prevé entre tres y 15 años de cárcel para cualquiera que difame, insulte o amenace al rey, la reina, el heredero o el regente. El tribunal redujo la condena a dos años de cárcel por haber facilitado información a las autoridades. En la misma causa, Niw también fue condenada al pago de una multa de 1.500 bahts por violar la Ley de Reuniones Públicas, multa que el tribunal redujo posteriormente a 1.000 bahts. Actualmente Niw está detenida en la Penitenciaría Central para Mujeres de Bangkok en espera de la decisión del Tribunal de Apelación sobre su petición de libertad bajo fianza.

Especialistas en derechos humanos de la ONU han expresado reiteradamente su preocupación por el uso cada vez más frecuente de esta disposición y su efecto paralizador sobre el ejercicio pacífico de la libertad de expresión y reunión. Además, especialistas y Estados Miembros de la ONU han pedido reiteradamente a las autoridades la derogación del artículo 112 o su enmienda para que se ajuste a las obligaciones de Tailandia en materia de derechos humanos.

Niw, que participó en un simulacro de desfile de modelos en Silom Road (Bangkok) el 29 de octubre de 2020 vistiendo un vestido tradicional tailandés, fue acusada de imitar a la reina de Tailandia y burlarse de ella en el desfile.

Este acto de protesta, que tuvo lugar en octubre de 2020, fue uno más de las decenas que tuvieron lugar en 2020 y comienzos de 2021, cuando decenas, tal vez cientos de miles de manifestantes, en su gran mayoría pacíficos y jóvenes, y algunos menores de edad, salieron a las calles para pedir reformas políticas, económicas y sociales en Tailandia. Las autoridades han iniciado actuaciones penales contra más de 1.800 activistas, más de 280 de ellos menores de edad, por participar en las protestas y expresar sus opiniones.

Desde noviembre de 2020, al menos 210 personas, 17 de ellas menores de edad, han sido acusadas de lesa majestad, según informa la ONG tailandesa Thai Lawyers for Human Rights, y entre 2021 y lo que va de 2022 se han dictado 10 sentencias condenatorias.

Amnistía Internacional no entra a valorar el carácter de los discursos que se ha considerado que vulneran la disposición, pero insta a las autoridades a que cumpla su obligación contraída en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y promover el ejercicio pacífico de la libertad de expresión.

Tailandia es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 19 garantiza el derecho a la libertad de expresión, y en su artículo 21, el derecho de reunión pacífica. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, órgano que vigila el cumplimiento de las disposiciones del Pacto, ha expresado su preocupación por las leyes de lesa majestad, y ha afirmado que todas las figuras públicas, incluso las que ejercen los cargos políticos de mayor importancia, pueden ser objeto legítimo de críticas y oposición política, y que la crítica de las instituciones del Estado no debe prohibirse. Incluso aunque la presunta violación de lesa majestad se considere un delito de tipo difamatorio, el Comité ha señalado que “la pena de prisión no es nunca adecuada”.

Otros Estados miembros de la ONU han recomendado siempre la abolición de la disposición relativa a lesa majestad en el Código Penal, por ejemplo, en el marco del Examen Periódico Universal de Tailandia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Hasta la fecha, el gobierno tailandés ha rechazado siempre estas recomendaciones.