Miércoles, 10 de agosto, 2022
Pérez, Johny
Desde 2010 la ONG viene promoviendo y defendiendo cinco derechos civiles fundamentales, entre ellos la libertad de expresión y asociación y la reunión pacífica
La organización Civilis Derechos Humanos mostró su preocupación por la situación en la que se encuentra el derecho a protestar y la libertad de asociación en Venezuela, en medio de la crisis política, social y económica que viene afrontando el país en los últimos años.
“Antes de llegar a la reunión pacífica, debo decir que estamos enfocados en la defensa de la libertad de asociación y en la defensa de los derechos humanos porque son derechos que están en este momento en clara y abierta amenaza. En reunión pacífica tenemos al menos 10 años enfrentando patrones de vulneración cada vez más intensos, dos ejemplos fueron las protestas de 2014 y 2017, ambas protestas relacionadas con un movimiento de actores políticos y civiles para recuperar la democracia en Venezuela”, dijo Jo D´Elia, director de Civilis y ganador de la 11ma edición del Premio de Derechos Humanos de la Embajada de Canadá, en conversación con Amnistía Internacional Venezuela.
Asimismo, agregó: “tenemos instrumentos que se han ido perfeccionando para impedir y criminalizar la protesta, y perseguir a quienes participen en esas manifestaciones de manera cada vez más intensa”.
Civilis hace este manifiesto, porque desde su fundación en 2010 la ONG ha tenido como misión promover, defender y darle seguimiento a cinco derechos civiles fundamentales, los cuales están amparados por tratados internacionales de los cuales Venezuela es parte, tales como:
- Derecho a la libertad de asociación
- Derecho a la reunión pacífica
- Derecho a la libertad de expresión
- Derecho a la participación pública
- Y el derecho a la defensa de los derechos humanos
A su vez, indicó que un factor que ha afectado el derecho a la protesta pacífica ha sido la pandemia de Covid-19, la cual llegó al país en marzo de 2020, factor que a juicio de D´Elia “no ha disminuido el número de protestas, pero si la capacidad de movilización de la sociedad civil en pro de ejercer el derecho a la protesta pacífica”.
También, la ONG ha documentado que a diferencia de las manifestaciones de 2014 y 2017, los motivos de las protestas en lo últimos años tienen que ver con el impacto de la crisis humanitaria que afecta al país, especialmente las falla en los servicios básicos.
“Los motivos fundamentales por el que la gente sale a las calles son los impactos de una emergencia humanitaria compleja que afecta todos los planos de la vida, que ha generado efectos devastadores en cada una de las dimensiones como: salud, agua, alimentación, educación, condiciones laborales y económicas de la población”, puntualizó.
Más de 12 años al lado de la gente
A propósito de lo anterior, Civilis tiene tres objetivos principales al ser una organización que también tiene la misión de apoyar a otras ONG enfocadas en derechos humanos.
El primero es lograr que cada dimensión de derechos humanos tenga una acción cívica. “Porque cada una de esas dimensiones representa una afectación a la dignidad humana”, dijo.
Como segundo objetivo, la organización trabaja para que la sociedad venezolana pueda desempeñar actividades de carácter cívico de manera segura en un marco institucional que facilite y apoye el ejercicio de los derechos de la sociedad civil.
También se encargan de velar porque en las organizaciones prevalezca su autonomía y la independencia de cualquier interés político, religioso, económico y estatal para estar del lado de la gente.
“La autonomía es el fundamento de la sociedad civil, perderla es perder la esencia de la sociedad civil”, enfatizó.
Además, Civilis actúa en tres líneas. La primera investiga, documenta y monitorea permanentemente la situación de los derechos anteriormente mencionados para la elaboración de informes para mostrar los patrones de vulneraciones, los cuales luego son presentados ante instancias internacionales.
En segundo lugar, se encargan de la promoción y educación en derechos de la sociedad civil, a través de la creación de instrumentos y herramientas para que las organizaciones puedan aprovechar mejor sus propias capacidades desde un enfoque de derecho.
“Capacitamos, asesoramos, y acompañamos a las organizaciones permanentemente en la compresión y en el ejercicio de estos derechos”, subrayó.
Y la tercera línea de acción se encarga de establecer conexiones con la comunidad internacional, donde una actividad clave es la incidencia.
“De tal manera que en el marco de la cooperación, responsabilidades u obligaciones que tiene la comunidad internacional en los derechos humanos, contribuya, colabore y ejerza un papel de protección de la población venezolana en los cinco derechos que nosotros trabajamos”, señaló.
Sobre la libertad de asociación
La organización en este momento está enfocada principalmente en promover el derecho a la libertad de asociación, que según Civilis se ha visto amenazado, sobre todo en los últimos años debido a la política de represión contra la disidencia.
“En ese proceso la libertad de asociación ha sido progresivamente afectada, cada vez más se presentan dificultades en Venezuela para ser ejercida, y sobre todo en los últimos años entre 2021 y 2022 los patrones de violación a la libertad de asociación se intensificaron y se profundizaron a través de instrumentos legales, o un marco jurídico que es incompatible con la protección y el reconocimiento del derecho de la libertad de asociación”, explicó.
D´Elia se refirió en concreto a la Providencia 002 que fue publicada en Gaceta Oficial 42.118 el pasado 3 de mayo de 2021, cuyo contenido compromete la labor de las organizaciones civiles en el país.
“La Providencia 002 es una norma que intenta que la actividad de las organizaciones se asocie con delitos como el terrorismo, el financiamiento al terrorismo, y que entre las funciones de perseguir ese delito, las organizaciones queden bajo un sistema de certificación de inocencia frente a ese delito, lo que aumenta los niveles de arbitrariedad en el uso de esa ley para criminalizar, o poner en zona de sospecha, de vigilancia, incluso de persecución a las organizaciones de la sociedad civil venezolana”, denunció.
Alertan sobre Ley de Cooperación Internacional
Asimismo la organización mostró su preocupación en caso de que se llegue a aprobar en el seno de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 de mayoría progobierno, la Ley de Cooperación Internacional, cuyo probable inicio de discusión se conoció en mayo de este año, lo que sería la tercera versión del proyecto que podría discutirse desde 2005.
“Es una ley que tiene efecto sobre todo en las capacidades de la sociedad a ejercer la libertad de asociación, y esas capacidades tienen que ver con conseguir recursos a largo plazo que es parte de este derecho a través de una ley que igualmente criminaliza, pero sobre todo constituye un sistema de autorización y de sanción contra las organizaciones por el hecho de recibir fondos para su trabajo, lo que viola la libertad de asociación en el derecho internacional”, explicó.
Bajo este difícil contexto D´Elia subraya que las organizaciones que “más expuestas están a estas amenazas” son principalmente las de carácter humanitario y las que defienden derechos humanos. Por este motivo estas son las organizaciones más protegidas por el derecho internacional.
“Son las organizaciones humanitarias y de defensa de derechos humanos que salen al llamado de auxilio de la población venezolana, cuando un Estado no está o no quiere cumplir con sus obligaciones, entonces evidentemente son un blanco o son incómodas para quienes ejercen el poder”, puntualizó.
¿Qué le pasó al Estado venezolano?
En los últimos años Venezuela ha estado bajo la lupa de organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos ante la actuación del Estado en muchos aspectos, que han llevado a más de 6 millones de venezolanos a emigrar, según cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).
“El origen de la situación en Venezuela es la desinstitucionalización del Estado. En Venezuela ya no estamos frente a un Estado democrático, desde ya hace varios años perdimos la democracia y eso evidentemente tiene repercusiones enormes tanto en los derechos humanos en general como en la actividad de la sociedad civil”, señaló D´Elia.
Además agregó que“en un sistema no democrático la sociedad está demás. En un sistema no democrático no se reconoce a una sociedad que pueda actuar libre y autónomamente, sino que se establecen instrumentos para el control, intimidación, disminución de sus capacidades para mantener a la sociedad bajo la sujeción del poder que ejercen los funcionarios del Estado”.
Civilis sostiene que esta situación la han presentado a través de informes en organismos internacionales, y la organización reitera que el caso venezolano es muy complejo, a diferencia de otros países donde si bien es cierto las sociedades enfrentan restricciones, cuentan con instituciones para apoyarse.
“En Venezuela no es así, la sociedad está apoyándose en ella misma para poder afrontar las pérdida de la democracia a través de mecanismos pacíficos, constitucionales y democráticos (…) Es un contexto donde es difícil trabajar, pero por el contrario es más necesario que haya conciencia de derechos de la sociedad civil en la población y defensa de esos derechos”, precisó.
Exigencias y recomendaciones
Civilis le exige al Estado venezolano a que cese “las conductas de persecución y criminalización” contra todo aquel que piense distinto o ejerce acciones autónomas en defensa de los derechos de la población.
“Poner fin a esas vulneraciones es una obligación del Estado”, instó.
También la organización pide que las autoridades venezolanas abran canales que permitan la participación pública de las organizaciones y de la población civil en las decisiones públicas como lo dicta la Constitución.
“Si el gobierno tiene la intención genuina de abrir el diálogo para encontrar soluciones a los conflictos que tiene Venezuela, debe abrir los canales a la participación pública en todos los niveles”, subrayó.
A su vez, el representante de Civilis señala que la solución de los conflictos en Venezuela no puede pasar por aceptar la impunidad.
“Hay que reparar los daños ocasionados a miles de víctimas, no solo de derechos políticos y civiles, sino también de derechos económicos, sociales y culturales donde hay millones de personas afectadas por el hambre, por mala salud, pérdida de oportunidades educativas, y pobreza extrema; esas secuelas deben ser reparadas en cualquier proceso de resolución de conflictos en Venezuela”, concluyó.