Amnistía Internacional realizó un estudio exhaustivo de mi caso y en julio de 2020 me declaró Preso de Conciencia al comprobar que únicamente defendí los derechos colectivos de mi territorio de forma pacífica

A los pueblos indígenas, en la mayoría de los países nos discriminan, nos tratan con racismo, y nos han despojado y desalojado de nuestras tierras.

Los grupos de poder y de dominio ejecutan las políticas de empobrecimiento e impiden toda clase de oportunidades de superación humana, social y laboral. Pocos gobiernos invierten en educación, salud o infraestructura en las comunidades donde predominan los pueblos indígenas. Al contrario, se nota la ausencia total del Estado.

Los gobiernos y los grupos de poder económico siguen folclorizando nuestras costumbres y formas de vida, extrayendo parte de la cultura de los pueblos indígenas para atracción turística cuando les conviene.

Los Estados y las empresas extractivas actúan en forma racista y excluyente cuando instalan proyectos o megaproyectos que afectan a nuestras comunidades, sin respetar ni cumplir con las leyes nacionales o los estándares internacionales de informar y consultar previamente. Las comunidades indígenas tenemos sabiduría ancestral y practicamos principios y valores que nos orientan a no dar el consentimiento a los megaproyectos o monocultivos que se quieren instalar en nuestros territorios.

En nuestras culturas siempre se nos ha enseñado a las distintas generaciones el amor y el respeto que se debe tener a los cerros, valles, ríos, montañas, a los bosques, al aire que respiramos, a la lluvia, y demás elementos de la madre naturaleza. Cualquier daño que permitimos que le realicen, nos hacemos ese daño a nosotras y nosotros mismos. Por lo tanto, somos cuidadores y guardianes de la madre naturaleza en nuestros territorios. Es un insulto y una falta de respeto para nosotras y nosotros cuando llegan empresas a saquear y despojar los bienes naturales que con mucho esfuerzo hemos conservado.

Cuando manifestamos nuestra inconformidad por los daños que ocasionan las empresas a la madre tierra o al medio ambiente, son las mismas estructuras del Estado las que nos reprimen en las manifestaciones, nos criminalizan y utilizan o manipulan procesos penales para encarcelar a los líderes o lideresas de los pueblos indígenas, tan solo por defender derechos humanos. Hay muchas personas que guardan prisión y son víctimas de tácticas dilatorias en los procesos judiciales para castigarlas por medio de la tortura psicológica.

Yo, Bernardo Caal Xol, del pueblo Maya Q’eqchi’ en Guatemala, soy amparista contra las hidroeléctricas Oxec S.A., que desviaron y secuestraron el río Cahabón, y han dejado sin acceso al agua a miles de familias y miles de seres vivos que durante muchos siglos han utilizado el sagrado río en nuestro territorio.

Junto a las comunidades de Cahabón, Alta Verapaz, denuncié la violación del derecho a la información y consulta al pueblo Q’eqchi’ en el otorgamiento de licencias ambientales y concesión del río Cahabón a los proyectos Oxec y Oxec II. Denuncié el delito ambiental por la tala sin licencia de 15 hectáreas de bosque natural – los bosques tienen un papel fundamental para combatir el cambio climático. También denuncié la construcción de las hidroeléctricas, la apropiación ilegal de un terreno nacional y la privación del acceso al agua a los habitantes indígenas Q’eqchi’ de las riberas de los ríos Oxec y Cahabón.

Por hacer estas denuncias en representación de mi pueblo me han perseguido y criminalizado. El 24 de marzo salí de la prisión al cumplir una sentencia por delitos que fabricaron las empresas y el Estado. Así comprobé y evidencié la forma en que las empresas cooptan las estructuras del Estado de Guatemala.

El Estado responde a nuestras denuncias y demandas encarcelando y torturando a representantes de los pueblos indígenas para que no reclamemos nuestros derechos, principalmente ante la imposición de megaproyectos que no benefician a la mayoría. La energía eléctrica que producen las empresas en mi comunidad no es para las familias Q’eqchi’s, es para comercializarla en otros países, mientras que nuestras comunidades no cuentan con energía eléctrica. Aún seguimos utilizando el candil en nuestras familias, por ello, con toda certeza señalamos que las empresas solamente nos despojan de nuestros bienes naturales.

Amnistía Internacional realizó un estudio exhaustivo de mi caso y en julio de 2020 me declaró Preso de Conciencia al comprobar que únicamente defendí los derechos colectivos de mi territorio de forma pacífica, pero estuve injustamente encarcelado cuatro años y dos meses.

Este nueve de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, alzo mi voz para exigir a los gobiernos del mundo que no sigan criminalizando a los hermanos y hermanas indígenas. Qué se respeten los territorios que habitamos. Qué se respeten los bienes naturales que hemos protegido, porque así nos enseñaron nuestros ancestros y ancestras.

El derecho a la autodeterminación de los pueblos y a la consulta previa, libre e informada seguirán siendo los pilares fundamentales para nuestra existencia y la construcción de una democracia en cada país del planeta. Por eso exijo que se respete y se garantice el trabajo que realizan las personas defensoras de derechos humanos en todo el mundo.

Asimismo, exijo a los gobiernos que hagan valer y respeten las leyes y convenios internacionales para que los empresarios se hagan responsables de los daños que le han ocasionado a la madre tierra, al medioambiente y a la biodiversidad, principalmente ahora que estamos teniendo consecuencias fuertes por el cambio climático.

Los pueblos indígenas nos encontramos ante una situación tan difícil, porque tenemos que seguir enfrentando al COVID-19, somos los más vulnerables ante los impactos del cambio climático, seguimos defendiendo nuestro territorio ante los saqueos y despojos, seguimos luchando para defender el agua, nuestros ríos y bosques, y seguimos enfrentado diariamente el racismo estructural, el patriarcado y la colonización que nos impone el Estado de cada país donde vivimos.

Por todo lo descrito anteriormente, todos los Estados de América Latina y el Caribe deben aprobar y firmar el Acuerdo de Escazú, un tratado regional sin precedentes para garantizar el derecho a un medio ambiente sano, así como proteger el trabajo que realizamos los defensores y defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Esto es urgente.

El caso de Bernardo Caal Xol fue parte de Escribe por los Derechos 2021, una campaña anual de Amnistía Internacional y el evento de activismo por los derechos humanos más grande del mundo.