El reconocimiento facial da lugar a una mayor discriminación en la actuación policial e impide el ejercicio libre y seguro del derecho de reunión pacífica

El Departamento de Policía de Nueva York ha recibido la orden de facilitar miles de documentos que demuestran que las fuerzas policiales adquirieron y utilizaron tecnología de reconocimiento facial contra manifestantes del movimiento Black Lives Matter (BLM), después de que la Corte Suprema de Nueva York fallara a favor de Amnistía Internacional y el Proyecto Supervisión de la Tecnología de Vigilancia (proyecto STOP) en la demanda conjunta en virtud del artículo 78 que éstas habían presentado.

La población neoyorquina que exige justicia racial tiene derecho a conocer todos los detalles del uso de tecnología de reconocimiento facial que la policía de Nueva York efectuó durante las protestas de BLM.

Matt Mahmoudi, investigador de Amnistía Internacional sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos

“La población neoyorquina que exige justicia racial tiene derecho a conocer todos los detalles del uso de tecnología de reconocimiento facial que la policía de Nueva York efectuó durante las protestas de BLM. Esta sentencia reconoce que la policía de Nueva York quebrantó la ley al retener esa información, y es un paso importante para exigir a esta fuerza policial que rinda cuentas por el uso de medidas de vigilancia discriminatoria. El hecho de que fuera necesaria una demanda judicial es una señal inequívoca de la falta de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía por parte de la policía de Nueva York”, ha manifestado Matt Mahmoudi, investigador de Amnistía Internacional sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos.

“La prohibición del reconocimiento facial destinado a la vigilancia masiva es un primer paso muy necesario para acabar con las actuaciones policiales racistas en Nueva York. Todas las personas tenemos el derecho a protestar de forma pacífica sin temor a estar sometidas a vigilancia.”

El juez Laurence Love, de la Corte Suprema de Nueva York, declaró el pasado viernes que la retención de documentación por parte de la policía de Nueva York y su argumento de que el volumen de información supondría una carga para el departamento policial habían sido “refutados de forma absoluta” por Amnistía Internacional.

En respuesta a la reiteración de la solicitud en virtud de la Ley de Libertad de Información presentada inicialmente por Amnistía, el juez Love ordenó al Departamento de Policía de Nueva York que facilitara 2.700 documentos y correos electrónicos fechados entre el 1 de marzo y el 1 de septiembre de 2020, relativos a la adquisición y el uso de vigilancia mediante el reconocimiento facial en las protestas de BLM. Eso permitirá a Amnistía Internacional y STOP investigar a fondo la adquisición y uso de tecnología de reconocimiento facial por parte de la policía de Nueva York en toda la ciudad.

“Estuvo mal que policía de Nueva York vigilara a manifestantes de Black Lives Matter, y estuvo mal que ocultara las pruebas”, ha señalado Albert Fox Cahn, director ejecutivo del Proyecto de Supervisión de la Tecnología de Vigilancia.

“Este departamento policial oculta sistemáticamente los métodos que utiliza para observarnos, pero encubrir la vigilancia ya no va a funcionar. La sentencia fue muy clara: la policía de Nueva York quebrantó la ley al ocultar sus documentos. Cuando actúa en la sombra y viola la legislación sobre la vigilancia, la policía representa una amenaza no sólo para la seguridad pública, sino para la democracia. Espero que el Departamento de Policía de Nueva York del alcalde Adams cumpla la orden con rapidez. La población neoyorquina merece saber el control policial de la disidencia política que se lleva a cabo en esta ciudad. Mas importante aún, estos documentos pueden ayudarnos a evitar que se cometan más abusos contra los derechos humanos en el futuro”.

Información complementaria

En septiembre de 2020, Amnistía Internacional Estados Unidos presentó una solicitud de documentos públicos, en virtud de la Ley de Libertad de Información de Nueva York, para obtener la información del Departamento de Policía de Nueva York sobre la labor de vigilancia que había realizado de las históricas protestas del movimiento Black Lives Matter (BLM) de 2020. La solicitud fue rechazada por ese departamento policial, al igual que una apelación posterior. En julio de 2021, Amnistía Internacional y el grupo de derechos civiles y privacidad STOP, anunciaron la interposición de una demanda contra la policía de Nueva York por negarse a facilitar sus documentos.

El reconocimiento facial da lugar a una mayor discriminación en la actuación policial e impide el ejercicio libre y seguro del derecho de reunión pacífica, al actuar como herramienta de vigilancia masiva. Las comunidades negras y las minorías corren un peligro mucho mayor de que este método se utilice de forma selectiva contra ellas.

En febrero de 2022, una nueva investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional y sus entidades asociadas reveló que la población neoyorquina que vive en las zonas donde hay mayor probabilidad de que la policía aplique la medida de dar el alto y registrar, también está más expuesta a la tecnología invasiva del reconocimiento facial. El análisis, realizado en el contexto de la campaña mundial Ban The Scan (Veto al escaneo) , mostró que la operación de vigilancia masiva de la policía de Nueva York afecta especialmente a quienes ya sufren actuaciones selectivas de dar el alto y registrar en los cinco barrios de la ciudad de Nueva York. En el Bronx, Brooklyn y Queens, la investigación también revela que cuanto más alta es la proporción de población no blanca, mayor es la concentración de cámaras de vigilancia compatibles con tecnología de reconocimiento facial.

Amnistía Internacional pide la prohibición total del uso, desarrollo, producción, venta y exportación de tecnologías de reconocimiento facial con fines de vigilancia masiva tanto por el Estado como por el sector privado.