Las autoridades de Sri Lanka han llevado a cabo una serie de detenciones de manifestantes mayoritariamente pacíficos desde que comenzó la actual oleada de protestas en Sri Lanka

En respuesta a la notificación de la normativa de excepción, publicada online por el gobierno mientras se votaba un nuevo presidente hoy en Sri Lanka, Thyagi Ruwanpathirana, investigadora regional de Amnistía Internacional para Asia meridional, ha declarado:

“La normativa de excepción puesta en vigor en nombre de la seguridad pública no debe convertirse en un pretexto para cometer más violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional siente honda preocupación por la posibilidad de que esa normativa sirva de trampolín para una represión adicional de las libertades fundamentales, como por ejemplo la libertad de expresión y de reunión pacífica, el derecho a la integridad física y a la libertad de la persona, y el derecho a no sufrir detención arbitraria”.

La normativa de excepción puesta en vigor en nombre de la seguridad pública no debe convertirse en un pretexto para cometer más violaciones de derechos humanos.

Thyagi Ruwanpathirana, investigadora regional de Amnistía Internacional para Asia meridional

“La normativa de excepción otorga amplios poderes a la policía y el ejército para registrar y detener a ‘personas sospechosas’ sin garantías del debido proceso. Impone fuertes penas, incluida la cadena perpetua, para delitos penales ordinarios como causar ‘problemas de orden público’. Las personas detenidas pueden permanecer bajo custodia hasta 72 horas sin comparecer ante un magistrado y sin que se les garantice el acceso a asistencia letrada. Este prolongado periodo de custodia sin una supervisión judicial oportuna ni la capacidad de impugnar su detención acrecienta el riesgo de que sufran tortura u otros malos tratos.”

“Cuando el nuevo presidente tome el poder, debe garantizar que la población de Sri Lanka puede ejercer su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, lo cual incluye expresar su disidencia y reclamar respeto por sus derechos. Esta normativa de excepción tiene un efecto disuasorio en la sociedad. Es hora de que las autoridades de Sri Lanka se pongan del lado de su gente y no repitan los errores del pasado.”

Información complementaria:

El 17 de julio de 2022, entró en vigor una proclamación de emergencia dictada por el entonces presidente en funciones de Sri Lanka.

El 18 de julio de 2022, el gobierno de Sri Lanka publicó, en virtud de la Ordenanza de Seguridad Pública, una notificación sobre la Normativa de Excepción (Disposiciones Diversas y Facultades), 2022. La traducción al inglés de esa normativa se publicó online recientemente.

El 20 de julio, a petición de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, un tribunal de Colombo emitió una orden por la que se prohibía a la gente reunirse en ciertas áreas de lo que ha sido un lugar de celebración de protestas pacíficas desde abril de 2022.

Las autoridades de Sri Lanka han llevado a cabo una serie de detenciones de manifestantes mayoritariamente pacíficos desde que comenzó la actual oleada de protestas en Sri Lanka.

Amnistía Internacional ya ha documentado anteriormente tortura y otros malos tratos bajo custodia en Sri Lanka, en concreto en Mirihana.