También se le niega atención médica adecuada para sus afecciones renales y cardíacas y su dolor de espalda

Autoridades fiscales y agentes del Ministerio de Inteligencia niegan a Soada Khadirzadeh, mujer kurda iraní detenida arbitrariamente, atención posnatal y posquirúrgica tras haber dado a luz el 20 de junio en un hospital después de una cesárea. También se le niega atención médica adecuada para sus afecciones renales y cardíacas y su dolor de espalda. Horas después del parto, las autoridades la trasladaron, junto con su bebé recién nacido, a la prisión de Urumieh, provincia de Azerbaiyán Occidental. Desde el momento de su detención el 14 de octubre de 2021 no se le ha permitido acceder a su abogado.

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Presidente de la Magistratura
Head of the Judiciary, Gholamhossein Mohseni Ejei
c/o Embassy of Iran to the European Union
Avenue Franklin Roosevelt No. 15

1050 Bruxelles, Bélgica

Señor Gholamhossein Mohseni Ejei:

Las autoridades niegan a Soada Khadirzadeh, mujer kurda de 32 años detenida arbitrariamente, atención posnatal y posquirúrgica, así como tratamiento para sus graves afecciones renales y cardíacas y su dolor en la zona lumbar, en la prisión de Urumieh, provincia de Azerbaiyán Occidental. Durante el embarazo y mientras la COVID-19 estaba muy extendida en las prisiones de Irán, las autoridades fiscales y agentes del Ministerio de Inteligencia le negaron reiteradamente acceso a la atención médica especializada que necesitaba. Según una fuente informada, las autoridades hicieron caso omiso de la recomendación médica de que estuviera bajo estrecha observación médica durante el último mes de embarazo. El 20 de junio de 2022, Soada Khadirzadeh fue trasladada de la prisión de Urumieh a un hospital, donde agentes del Ministerio de Inteligencia la mantuvieron sujeta de pies y manos con grilletes a la cama mientras estaba dando a luz, lo cual viola la prohibición absoluta de infligir tortura y otros malos tratos. Los grilletes se retiraron tras las protestas del personal médico. Su hijo nació tras una cesárea, pero las autoridades la trasladaron de nuevo, junto con el bebé recién nacido, a la prisión de Urumieh el mismo día, en contra la opinión médica.

En un mensaje de audio filtrado, grabado dentro de la prisión a finales de abril de 2022, Soada Khadirzadeh afirmaba que tras su detención arbitraria el 14 de octubre de 2021 por agentes del Ministerio de Inteligencia en Piranshahr, provincia de Azerbaiyán Occidental, estuvo recluida durante 25 días en un centro de detención del Ministerio de Inteligencia. Allí, los agentes la sometieron a intensos interrogatorios, que incluyeron maltrato verbal de carácter sexual, para obligarla a “confesar” que había ayudado a su esposo, que salió de Irán un día antes de su detención y a quien dijeron que buscaban. Después la trasladaron a la prisión de Urumieh, donde se le ha negado el acceso a un abogado. Estuvo recluida sin cargos hasta que funcionarios de la fiscalía abrieron acta de acusación formal en su contra hacia marzo de 2022 por “pertenencia a un grupo con el objetivo de perturbar la seguridad nacional”, en aparente referencia al Partido Democrático Kurdo de Irán, y por ser colaboradora en asesinato, todo lo cual Soada Khadirzadeh niega. La detención tuvo lugar en los días siguientes a la difusión de informaciones sobre el homicidio en Piranshahr de un hombre identificado por activistas de derechos humanos en el extranjero como agente del Ministerio de Inteligencia. Una primera vista ante un tribunal penal está prevista para el 24 de agosto de 2022.

Lo insto a poner en libertad a Soada Khadirzadeh, cuya detención es arbitraria sobre la base del incumplimiento de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio justo y por dimanar de su relación familiar, y de que en su condición de madre lactante con afecciones de salud ya existentes corre un riesgo mayor de sufrir graves enfermedades y complicaciones de salud. Hasta que quede en libertad, lo insto a que les proporcione de inmediato a ella y a su bebé recién nacido la atención médica que necesiten, incluso en instalaciones fuera de la prisión, así como acceso a su abogado y a visitas de su familia. Lo insto asimismo a garantizar que se proporciona a la madre y al bebé recién nacido alimentación y preparados nutritivos así como un entorno saludable.

Atentamente,
[NOMBRE]

Información complementaria

Tras su detención arbitraria el 14 de octubre de 2021, cuando estaba embarazada de unas seis semanas, Soada Khadirzadeh estuvo sometida a desaparición forzada durante 25 días, por lo que su familia no tuvo información sobre su suerte y su paradero hasta que la trasladaron a la prisión de Urumieh el 8 de noviembre de 2021. En diciembre de 2021, profesionales médicos de la prisión emitieron una nota médica en la que confirmaban que necesitaba atención médica especializada fuera de la prisión, pero las autoridades fiscales, junto con agentes del Ministerio de Inteligencia, le impidieron el acceso a esa atención medica. El 26 de abril de 2022, Soada Khadirzadeh comenzó una huelga de hambre de 12 días para protestar por la continuidad de su detención y por negársele la atención médica que necesitaba. Durante este tiempo, también se le negó toda medicación. En un mensaje de audio filtrado, grabado dentro de la prisión y hecho público el 27 de abril de 2022 durante su huelga de hambre, Soada Khadirzadeh contaba que agentes del Ministerio de Inteligencia la mantuvieron en situación de desaparición forzada tras su detención y la sometieron a intensos interrogatorios, la insultaron e “incluso me hicieron insinuaciones inmorales”. En lo mismo mensaje de audio, también decía que la retenían como “rehén”, en alusión a que agentes del Ministerio de Inteligencia la tenían recluida para obligar a su esposo a regresar a Irán. Soada Khadirzadeh aceptó más tarde poner fin a su huelga de hambre cuando funcionarios penitenciarios le dijeron que quedaría en libertad bajo fianza, aunque esto nunca ocurrió. Según una fuente informada, profesionales médicos de la Organización de Medicina Legal de Irán, un organismo forense estatal, examinaron a Soada Khadirzadeh después de su huelga de hambre y afirmaron que no debía permanecer en la cárcel durante el periodo de embarazo restante. Su opinión médica no fue tenida en cuenta. A principios de junio de 2022, las autoridades fijaron su fianza en más de 30.000 millones de riales (70.000 libras esterlinas), una cantidad que ni ella ni su familia pudieron pagar. Desde que dio a luz, depende de otras presas de su pabellón para recibir ayuda para atender y criar a su bebé. Los funcionarios penitenciarios no proporcionaron alojamiento adecuado a Soada Khadirzadeh y su bebé, y otra presa tuvo que ofrecerle su cama, que era más adecuada para una madre y un bebé recién nacido. También se niega a Soada Khadirzadeh una alimentación nutritiva, incluso para criar a su bebé, y no se le ha permitido acompañar al bebé cuando se le han realizado exámenes médicos fuera de la prisión. La regla 48 de las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok) afirma que se debe proporcionar a las reclusas embarazadas o lactantes una dieta adecuada, organizada y supervisada por un profesional de la salud y un entorno sano para la madre y el hijo.

Medios de comunicación vinculados al Estado se refirieron a un hombre muerto a principios de octubre de 2021 como un “mártir” y afirmaron que grupo armado de oposición Partido Democrático Kurdo de Irán era el responsable. Activistas de derechos humanos en el extranjero lo identificaron como agente del Ministerio de Inteligencia en Piranshahr.

Amnistía Internacional ha documentado una constante de violaciones sistemáticas del derecho a un juicio justo en Irán, que empieza en el momento de la detención y se prolonga hasta el enjuiciamiento. Es frecuente que las detenciones se efectúen sin orden judicial y las personas detenidas queden sometidas a reclusión prolongada en régimen de aislamiento en lugares no revelados y sin acceso a sus familias. Las personas detenidas, investigadas y procesadas —en especial las detenidas por motivos políticos— son sometidas a procedimientos judiciales manifiestamente injustos. Las autoridades fiscales y los interrogadores de los servicios seguridad e inteligencia, incluido el Ministerio de Inteligencia, les niegan sistemáticamente el derecho a comunicarse con un abogado desde el momento de la detención hasta la fase de investigación, y a veces incluso después. La tortura y otros malos tratos son generalizados y sistemáticos, sobre todo durante los interrogatorios. Además, las autoridades penitenciarias y fiscales han negado, conscientemente, acceso a atención médica adecuada a presos y presas de conciencia y otras personas encarceladas por motivos políticos, en muchos casos como acto intencionado de crueldad con el fin de intimidar y castigar a esas personas.

Las minorías étnicas —árabe ahwazí, turca azerbaiyana, baluchí, kurda y turcomana, entre otras— sufren una arraigada discriminación en Irán que limita su acceso a la educación, al empleo, a una vivienda adecuada y a cargos políticos. A pesar de constantes llamamientos en favor de la diversidad lingüística, el persa es el único idioma de enseñanza en la educación primaria y secundaria en la provincia. Las autoridades iraníes también se niegan a detener el homicidio ilegítimo de decenas de correo transfronterizos kurdos desarmados (kulbars) entre las regiones del Kurdistán de Irán e Irak y a rendir cuentas por estos actos.

Según el derecho internacional, la detención en espera de juicio no es una medida punitiva, sino una medida cautelar destinada a evitar un nuevo daño o la obstrucción de la justicia. No debe utilizarse con fines indebidos ni constituir un abuso de autoridad, ni debe durar más tiempo del necesario, con exámenes permanentes para determinar la persistencia de la necesidad de mantener a la persona privada de libertad. Además, en virtud de la regla 64 de las Reglas de Bangkok, son preferibles las condenas no privativas de libertad para las mujeres embarazadas y las mujeres con hijos a cargo.

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