Exige detener todas las ejecuciones, que conmuten las penas impuestas a las personas en el corredor de la muerte y establezcan una moratoria oficial de todas las ejecuciones como primer paso para la plena abolición de la pena de muerte

Se han reanudado los ahorcamientos en Singapur por delitos relacionados con las drogas, tras la ejecución de Abdul Kahar bin Othman el 30 de marzo y del ciudadano malasio Nagaenthran Dharmalingam el 29 de abril, mientras que una tercera ejecución se aplazó el 28 de abril. Las ejecuciones del ciudadano malasio Kalwant Singh y de otro hombre están previstas para el 7 de julio. Los dos fueron declarados culpables y condenados preceptivamente a muerte por tráfico de drogas, en contra de lo establecido por el derecho y las normas internacionales. El gobierno de Singapur debe detener de inmediato estas ejecuciones, conmutar todas las condenas a muerte programadas y revisar la legislación nacional para que el uso de la pena de muerte se ciña al derecho y las normas internacionales como primer paso urgente para la plena abolición de la pena de muerte.

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN ESTA CARTA MODELO

Lee Hsien Loong
Primer ministro de Singapur / Prime Minister of Singapore

Office of the Prime Minister

Orchard Road, Istana

Singapur 238823

Correo-e: pmo_hq@pmo.gov.sg; lee_hsien_loong@pmo.gov.sg

Señor Primer Ministro:

Lamento profundamente que se sigan programando ejecuciones en Singapur, incluso en casos en los que la imposición de la pena de muerte vulnera prohibiciones establecidas en virtud del derecho y las normas internacionales de derechos humanos. La reanudación de las ejecuciones en Singapur después de más dos años es un gran retroceso, y lo insto a detener con carácter inmediato cualquier ejecución adicional y a revisar la legislación nacional para ajustarla al derecho y las normas internacionales de derechos humanos, como primer paso urgente hacia la abolición.

Me produce perplejidad el uso continuado que hace Singapur de la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas y como castigo preceptivo, prácticas prohibidas según el derecho y normas internacionales y que la mayoría de los países del mundo han abandonado. En contra de los compromisos internacionales adoptados por Singapur como Estado Parte en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un hombre con discapacidad intelectual y mental ha sido ejecutado. Existen varias dudas sobre la imparcialidad de los procesos judiciales que empañaron aún más el uso de la pena capital contra las personas declaradas culpables de tráfico de drogas.

El derecho y las normas internacionales establecen restricciones al uso de la pena de muerte que protegen contra la privación arbitraria de la vida.

Insto al gobierno de Singapur a tomar medidas urgentes para reformar la legislación sobre la pena de muerte, en lugar de llevar a cabo nuevas ejecuciones. Singapur es uno de los cuatro únicos países en los que se tiene constancia de ejecuciones por delitos de drogas durante los últimos años. Su legislación antidrogas limita mucho a los jueces para que puedan tomar en consideración, al dictar condena, posibles circunstancias atenuantes tales como la drogodependencia u otras cuestiones pertinentes al caso. Por desgracia, las políticas de Singapur en materia de drogas, sumamente punitivas, no sólo no se han ocupado del consumo y la disponibilidad de estas sustancias en el país, sino que tampoco han ofrecido protección real contra los perjuicios derivados de ellas, como abordar las causas fundamentales del consumo de drogas y adoptar un enfoque de las drogas basado en la salud.

Le pido que proceda de inmediato a detener todas las ejecuciones, conmute las penas impuestas a las personas en el corredor de la muerte y establezca una moratoria oficial de todas las ejecuciones como primer paso para la plena abolición de la pena de muerte.

Atentamente,
[NOMBRE]

Información complementaria

Kalwant Singh, ciudadano malasio, fue declarado culpable y condenado preceptivamente a muerte en 2016 por tráfico de drogas en 2013. El Tribunal Superior concluyó que había sido “correo”, pero la fiscalía no le proporcionó un certificado de ayuda sustancial, requisito para que los jueces puedan decidir entre la pena de muerte y la cadena perpetua con azotes con vara. El Tribunal de Apelación confirmó la sentencia condenatoria y la pena de muerte en 2011. Las autoridades de Singapur fijaron su ejecución para el 7 de julio de 2022, sin apenas dejar tiempo a su familia para organizar el viaje desde Malasia.

Otro hombre también fue declarado culpable en la misma causa y condenado preceptivamente a muerte por tráfico de drogas. Su ejecución también está fijada para el 7 de julio. Por otro lado, un tercer acusado, de quien se consideró que había cooperado con las autoridades en sus causas, recibió un certificado de ayuda sustancial y fue condenado a cadena perpetua y 15 azotes con vara.

Tras las enmiendas a esta Ley sobre Uso Indebido de Drogas que entraron en vigor en 2013, los jueces disponen de cierta discrecionalidad a la hora de imponer condenas cuando el papel de la persona acusada se haya limitado a transportar drogas (“correo”) si la fiscalía emite un certificado de ayuda sustancial, o bien cuando se trata de una persona con alguna discapacidad mental o intelectual que afecta significativamente a su responsabilidad sobre las acciones y omisiones relativas al delito. Lo alarmante es que esto significa que, si la fiscalía no proporciona ese certificado de ayuda sustancial una vez que la persona acusada es considerada “correo”, el tribunal queda privado de cualquier potestad discrecional y debe condenarla a muerte, lo cual equivale en la práctica a dejar la decisión sobre la condena en manos de la fiscalía.

Nagaenthran K Dharmalingam, ciudadano malasio, fue ejecutado el 29 de abril de 2022, a pesar de las protestas internacionales. Según los peritajes médicos realizados a Nagaenthran K Dharmalingam en 2013, 2016 y 2017, su funcionamiento intelectual es límite y muestra déficits cognitivos que “podrían haber contribuido a una lealtad mal entendida y una deficiente evaluación del riesgo de aceptar cometer el delito”. En la sentencia de su último recurso de apelación del 29 de marzo, el tribunal rechazó los argumentos relacionados con el deterioro de su estado mental, y también ha desestimado las impugnaciones basadas en su capacidad intelectual. Los órganos creados en virtud de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los que Singapur es Estado Parte, han aclarado que estos tratados prohíben la imposición de la pena de muerte a personas cuyas discapacidades mentales e intelectuales hayan impedido su defensa eficaz.

Abdul Kahar bin Othman fue declarado culpable de tráfico de drogas y condenado a la pena de muerte preceptiva en 2015. Su familia recibió una carta de 23 de marzo en la que se le notificaba la fecha de la ejecución y se le decía que se dispusiera a concertar efectuar las últimas visitas. El ahorcamiento de Dharmalingam y el de Othman parecen formar parte de una nueva oleada. La ejecución de un tercer hombre, Datchinamurthy Kataiah, se aplazó el 28 de abril, la víspera de la fecha prevista, tras solicitar el condenado —sin representación— al tribunal un aplazamiento ya que tenía pendiente de resolución otra apelación. Las salvaguardias internacionales que garantizan la protección de los derechos de las personas condenadas a muerte prohíben que se lleven a cabo ejecuciones cuando hay recursos de apelación pendientes.

El derecho y las normas internacionales prohíben la imposición preceptiva de la pena de muerte, ya que impide a los jueces tener en cuenta circunstancias atenuantes del caso. Además, exigen que el uso de la pena de muerte se limite a los “más graves delitos” que impliquen homicidio intencional. Preocupa, además, que la fiscalía pueda haberse basado en las presunciones jurídicas de la Ley sobre Uso Indebido de Drogas de Singapur, según la cual puede presumirse que cualquier persona cuya posesión de cierta cantidad de sustancias prohibidas se haya demostrado tenía conocimiento del tipo y la cantidad de la sustancia incautada, y estaba en posesión de dicha sustancia para traficar con ella, a menos que pueda demostrar lo contrario, lo cual vulnera el derecho a la presunción de inocencia.

La última ejecución anterior a marzo de 2022 se llevó a cabo en noviembre de 2019, antes de la pandemia de COVID-19. Las autoridades tenían previstas más ejecuciones en 2020 y 2021, pero finalmente éstas se aplazaron en espera del resultado de las apelaciones. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción. En la actualidad, 110 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos y más de dos tercios de los países del mundo son abolicionistas en la ley o la práctica.

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Inglés.

También pueden escribir en su propio idioma.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 29 de agosto de 2022

Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Kalwant Singh (masculino)

ENLACE A LA AU ANTERIOR: https://www.amnesty.org/es/documents/ASA36/5462/2022/es/

Foto: Pixabay