Corren el riesgo de sufrir graves violaciones de los derechos humanos y podrían ser detenidas en su territorio por la policía canadiense. Los jefes hereditarios se oponen a un gasoducto de gas natural licuado

Las personas que defienden las tierras Wet’suwet’en (Canadá) corren el riesgo de sufrir graves violaciones de los derechos humanos y podrían ser detenidas en su territorio por la policía canadiense. Los jefes hereditarios se oponen a un gasoducto de gas natural licuado y no han dado su consentimiento al proyecto. El pueblo Wet’suwet’en y otras personas defensoras de la tierra ya se han enfrentado a tres redadas por parte de policía fuertemente armada desde 2019, y 15 personas se enfrentan actualmente a cargos de desacato por desafiar una orden judicial que autoriza a la policía a desalojar a las personas que ocupan lugares de trabajo permitidos. Miembros de la nación Wet’suwet’en denuncian visitas diarias, acoso e intimidación por parte de agentes de la policía canadiense y del servicio de seguridad privado de la empresa.

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Honorable Marco Mendicino, diputado del Parlamento de Canadá

Ministro de Seguridad Pública
Minister of Public Security

House of Commons, Ottawa

Ontario K1A 0A6

Tel: 613-992-6361

Correo-e: marco.mendicino@parl.gc.ca

Señor ministro Mendicino:

Le escribo para expresarle mi más profunda preocupación por Ia seguridad de las personas defensoras de la tierra Wet’suwet’en, en Columbia Británica, que se oponen a la construcción del gasoducto Coastal Gaslink. Según líderes Wet’suwet’en, la perforación bajo el Wedzin Kwa (río Morice) es inminente. Se trata de una de las últimas fuentes de agua potable y de desove de salmón que quedan en el territorio. Desde septiembre de 2021, manifestantes pacíficos y defensores de la tierra ocupan el emplazamiento de la plataforma de perforación. El ministro de Seguridad Pública de Columbia Británica autorizó a las fuerzas policiales militarizadas a detener y desalojar por la fuerza a las personas defensoras de la tierra del territorio  para hacer cumplir una orden judicial obtenida por la empresa. Me preocupa enormemente que nuevas detenciones pongan a defensores y defensoras de la tierra Wet’suwet’en en riesgo de sufrir graves violaciones de derechos humanos.

Los jefes hereditarios Wet’suwet’en —las autoridades tradicionales de la nación según la ley Wet’suwet’en, así como la sentencia Delgamuukw del Tribunal Supremo de Canadá de 1997— nunca han dado su consentimiento al proyecto de gasoducto Coastal GasLink, a pesar de que algunos gobiernos electos de las Primeras Naciones han firmado acuerdos de beneficios con la empresa. Los defensores y defensoras de la tierra Wet’suwet’en afirman ser objeto de hostigamiento, intimidación, desalojo forzado y criminalización por parte de la Real Policía Montada de Canadá (RPMC) y guardias de seguridad privados de la empresa por defender pacíficamente sus tierras ancestrales sobre las que tienen títulos de propiedad.

En mayo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, emitió una tercera carta a Canadá en la que señalaba su preocupación por la escalada del uso de la fuerza, la vigilancia y la criminalización de las personas defensoras de la tierra y los manifestantes pacíficos por parte de la RPMC, el Grupo de Respuesta de la Industria de la Comunidad (CIRG) de la RPMC y empresas privadas de seguridad. Le insto, con carácter de urgencia, a:

• Retirar inmediatamente la RPMC y las fuerzas de seguridad y policiales asociadas del territorio Wet’suwet’en y a investigar todas las denuncias de hostigamiento, intimidación y desalojos forzosos.
• Suspender inmediatamente cualquier construcción del gasoducto Coastal GasLink y de las infraestructuras relacionadas hasta que se obtenga el consentimiento libre, previo e informado de todo el pueblo Wet’suwet’en.
• Retomar los debates constructivos con los jefes hereditarios que se interrumpieron en noviembre de 2021 sobre el gasoducto Coastal GasLink, respetar las leyes, la autodeterminación y el derecho al consentimiento libre, previo e informado del pueblo Wet'suwet'en.

Atentamente,

[NOMBRE]

Información adicional

El Ministerio de Seguridad Pública y el fiscal general de la Columbia Británica apoyaron el despliegue de agentes de la Real Policía Montada de Canadá (RPMC) para detener a defensores y defensoras de la tierra  Wet’suwet’en y personas que protestaban pacíficamente en su territorio ancestral en tres ocasiones distintas en 2019, 2020 y 2021. Setenta y cuatro personas han sido detenidas y recluidas, incluyendo observadores legales y periodistas. La RPMC estaba equipada con armas de asalto, helicópteros y unidades caninas, y en una ocasión los medios de comunicación grabaron cómo derribaban la puerta de una casa con un hacha y una motosierra mientras apuntaban con sus armas a las personas que estaban dentro. Hasta la fecha, se han destinado más de 20 millones de dólares canadienses a la vigilancia de las personas defensoras de las tierras Wet’suwet’en. Los documentos de seguridad pública del gobierno federal califican a los líderes Wet’suwet’en como “extremistas aborígenes”.

En febrero de 2022, la representación letrada de Coastal Gaslink solicitó a la jueza del Tribunal Supremo de Justicia de Columbia Británica, Marguerite Church, que pidiera la aprobación de la Corona para presentar cargos penales por desacato contra los detenidos en noviembre de 2021. En dos ocasiones anteriores, la Corona determinó que los cargos penales no eran de interés público. Sin embargo, el 1 de junio, la Fiscalía de Columbia Británica anunció que procesaría a 15 personas por desacato y que estaba contemplando la posibilidad de presentar cargos penales contra otras 10 personas que fueron detenidas el 19 de noviembre. La Corona anunciará su decisión el 7 de julio. La Corona afirma que los defensores y defensoras desafían repetidamente una orden judicial, pero los jefes hereditarios aseguran que Canadá no tiene jurisdicción para conceder a una empresa una orden judicial en su propio territorio soberano para un proyecto que no aprueban. El pueblo Wet’suwet’en obtuvo su título y derechos de propiedad en la sentencia Delgamuukw del Tribunal Supremo de Canadá de 1997.

El Grupo de Respuesta de la Industria de la Comunidad de la RPMC se constituyó en 2017 a raíz de los proyectos industriales a gran escala basados en recursos de toda Columbia Británica. Su objetivo es “proporcionar una supervisión estratégica que aborde los incidentes de la industria energética y las cuestiones relacionadas con el orden público, la seguridad nacional y la delincuencia, y crear una respuesta estandarizada en toda la provincia”. Gran parte de sus esfuerzos se centran la aplicación de órdenes judiciales. El Grupo de Respuesta de la industria de la Comunidad coordina las respuestas de diferentes grupos policiales, como la RPMC, los servicios policiales para pueblos indígenas, el Programa en línea de incidentes críticos y agencias gubernamentales.

Canadá es parte en convenios internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, y tiene la obligación legal de defender los derechos consagrados en esos tratados. Canadá anunció su apoyo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que se convirtió en ley federal y provincial en 2021 y 2019, respectivamente. La Declaración afirma que los pueblos indígenas tienen derecho a tomar sus propias decisiones sobre sus vidas y su futuro de acuerdo con sus propias leyes y tradiciones. Sin embargo, Canadá vulnera sistemáticamente los derechos de los pueblos indígenas cuando se oponen a los proyectos de extracción de recursos. Un enfoque selectivo de los derechos humanos es contrario al espíritu y la letra de las obligaciones de Canadá en materia de derechos humanos y a la reconciliación con los pueblos indígenas que los gobiernos federal y provincial aseguran defender.

El gasoducto Coastal GasLink forma parte del proyecto de gas natural licuado LNG Canada para exportarlo a los mercados asiáticos. El proyecto cuenta con el apoyo del gobierno de Canadá y de la provincia de Columbia Británica. Canadá lleva a cabo una política de expansión agresiva de los combustibles fósiles nacionales que contribuye al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Canadá debe abandonar urgentemente el uso y la producción de combustibles fósiles para proteger los derechos humanos.

• Correos electrónicos internos revelan que la policía planea asaltar los campamentos mientras la provincia mantiene conversaciones con los dirigentes Wet’suwet’en.
• El gasto de la RPMC en el conflicto Wet’suwet’en alcanza los 21 millones de dólares canadienses.
• El Comité de la ONU dirige una tercera reprimenda a Canadá.

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