Venezuela es uno de los pocos países del mundo que todavía criminaliza la “conducta homosexual” dentro de su código de conducta militar 

Durante las últimas décadas, Venezuela, a diferencia de América Latina, no ha reconocido el matrimonio igualitario, prohíbe el acceso al aborto incluso en caso de violación o de inviabilidad del feto, y ha retrocedido en el reconocimiento de la identidad de las personas trans. El International Journal of Human Rights (IJHR) ha publicado un análisis sobre cómo el liderazgo personalista del fallecido teniente coronel Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, han obstaculizado la participación necesaria para que las organizaciones feministas y a favor de la diversidad puedan avanzar sus agendas. 

Entre los rasgos característicos del chavismo que son examinados por el investigador venezolano, Víctor Molina, se encuentra su naturaleza militarista. Las fuerzas armadas, si bien han mantenido contacto con grandes sectores de la población a través de las posibilidades de movilidad social que históricamente han ofrecido a jóvenes, no ofrece una cultura de tolerancia hacia las personas LGBTIQ+ o que son percibidas como tales. Venezuela es uno de los pocos países del mundo que todavía criminaliza la “conducta homosexual” dentro de su código de conducta militar. 

Por otra parte, el militarismo de las autoridades se ha reflejado en una toma de decisiones de arriba abajo que ha comprometido la independencia de poderes, reduciendo las oportunidades de que las organizaciones de la sociedad civil puedan incidir en el poder legislativo o llevar a cabo un efectivo activismo judicial. Desde los inicios del chavismo, los jueces de carrera han sido sustituidos por jueces elegidos sin garantías de independencia, así como la Asamblea Nacional ha estado predominantemente dominada por el oficialismo. Los militares y sus familiares tienen gran presencia en todos los niveles del Estado.

“Los hallazgos de mi estudio resultan evidentes para las personas que desde hace tanto hacemos activismo en Venezuela. Sin embargo, aún pueden sorprender a una parte de la comunidad internacional que idealizó a Hugo Chávez por ser el primer líder destacado identificado con la izquierda en la región tras alcanzar el poder por la vía electoral, algo que no se veía desde Salvador Allende en Chile en los años setenta”, explicó Molina. “Las personas defensoras de derechos humanos venezolanas que entrevisté y que luchan a favor del derecho a decidir y de los derechos LGBTIQ+ reportan consistentemente cómo algunos políticos, académicos y otras personalidades en el exterior, desestiman sus denuncias. Este no querer ver ha sido un factor que ha impedido la debida rendición de cuentas por parte del Estado venezolano, lo que ha incidido negativamente en la vida de muchas personas pertenecientes a grupos vulnerables”. En este sentido, el investigador enfatiza el papel que han jugado las organizaciones marionetas financiadas por las autoridades venezolanas en difundir una narrativa fantasiosa en la cual los derechos humanos de las mujeres, las niñas, y las personas LGBTIQ+ son respetados íntegramente en Venezuela, lo que entorpece la actuación de los mecanismos internacionales.

Una relación evidente entre los derechos de las mujeres y las niñas y los derechos LGBTIQ+

La mayoría de los países en América Latina han reconocido el derecho humano a la identidad de género de las personas trans. Este reconocimiento es necesario para que las personas trans puedan acceder a otros derechos como el derecho a la salud, a la educación y a la integridad personal. Una cantidad significativa de estos países reconoce a su vez el matrimonio entre personas del mismo sexo y ha dado pasos para descriminalizar el aborto, todos ellos compromisos internacionales que todas las naciones deben cumplir. El catalizador para que estas propuestas avancen en conjunto es el respeto a la participación política por parte de los gobiernos. Los pocos países en el extremo contrario, como Venezuela y Nicaragua, que han retrocedido en materia de derechos sexuales y reproductivos, se caracterizan por un liderazgo que se apega menos a la institucionalidad e ignora sistemáticamente los pedidos de las organizaciones no gubernamentales, a las cuales desprecia, estigmatiza y hasta persigue. 

Un tema sobre el que Molina considera que hay que profundizar es la relación entre el chavismo y las iglesias evangélicas pentecostales. Históricamente, la religión ha sido un motivo de peso por el cual los derechos sexuales y reproductivos han avanzado más lentamente en América Latina y otros países del sur global, donde los dogmas exigen un modelo de familia tradicional entre un hombre y una mujer dedicada a tener hijos. El avance de las iglesias evangélicas de las últimas décadas ha venido acompañado de una agenda política conservadora que en el caso venezolano se ha traducido en la creación de partidos políticos alineados con el gobierno. Asimismo, una gran cantidad de miembros del chavismo se identifican con la fe cristiana, incluyendo a Maduro, así como Chávez frecuentemente la enalteció en sus apariciones públicas.

“Una posicionalidad religiosa firme por parte de líderes que ostentan hegemonía política es casi una garantía de que los derechos de las mujeres, de las niñas y de las personas LGBTIQ+ no podrán avanzar, porque las decisiones se toman de arriba abajo y arriba lo que hay son hombres a los que poco o nada les importa los temas de género” agrega Molina. “Puede que haya personas que piensen diferente dentro del aparato gubernamental y que estén más en contacto con las tendencias internacionales a favor de los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación, pero hasta que no les llegue la orden de arriba poco o nada pueden hacer”. 

“En otros países los derechos sexuales y reproductivos han avanzado porque, a pesar de que incluso líderes conservadores ocupaban la presidencia, las instituciones eran lo suficientemente independientes como para tomar decisiones en materia de aborto y derechos LGBTIQ+ sin interferencias indebidas por parte del ejecutivo”.

Para el investigador, no se puede tomar como excusa a la religión, las costumbres, las tradiciones o la cultura para violar los derechos de tantas personas en Venezuela. “Se han tratado de desacreditar las propuestas de las ONG diciendo que son una desviación burguesa o una injerencia de los países del norte. No obstante, ver cómo el resto de los países de la región avanza y avanza y Venezuela nada de nada, desbarata cualquier excusa de ese tipo. La llamada Ley de Dios está bien para quienes crean, pero si se le impone a todo el mundo como una política de Estado se violan los derechos humanos”, concluye.

Sobre el autor y el artículo

Víctor Molina es un defensor de derechos humanos con más de 14 años de experiencia trabajando para Amnistía Internacional en diferentes países de América Latina. Condujo su investigación dentro de la Escuela de Asuntos Públicos de la Universidad de Minnesota. “Abortion, same-sex marriage, and gender identity during the Pink Tide: Venezuela compared to Latin American trends” (Aborto, matrimonio igualitario e identidad de género durante la Marea Rosa: Venezuela comparada con las tendencias latinoamericanas) ha sido publicado en una edición arbitrada del IJHR dedicada a profundizar sobre el impacto del populismo en el activismo judicial a nivel global. Su editora, Sonja Grover, es profesora de la universidad canadiense Lakehead University. Puedes contactar a Victor Molina para más información a través de su correo electrónico molin382@umn.edu y seguirlo en Twitter @vmolinav

Artículo publicado originalmente en IJHR:  https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13642987.2022.2088521?journalCode=fjhr20