En respuesta a la noticia de que un “tribunal” separatista de la región bajo ocupación rusa de Donetsk ha ordenado la muerte de dos prisioneros británicos y uno marroquí, Denis Krivosheev, director adjunto de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, manifestó:

“Esto es una violación flagrante del derecho internacional humanitario por muchas razones.”

“Los tres eran miembros de las fuerzas armadas regulares de Ucrania y, en virtud de la protección que les otorgan los Convenios de Ginebra, al ser prisioneros de guerra no pueden ser enjuiciados por participar en las hostilidades. La única excepción es el enjuiciamiento por presuntos crímenes de guerra, en cuyo caso debe haber suficientes pruebas admisibles y se deben garantizar las debidas garantías procesales. Pero en esta situación, además de no haber suficientes pruebas admisibles contra ellos, tampoco fueron enjuiciados por un tribunal independiente, imparcial y legítimamente constituido, sino por agentes rusos. Los denominados ‘cargos’ que pesan contra ellos no constituyen crímenes de guerra. Y, lo que es más escandaloso aún, la privación de su vida como consecuencia de las actuaciones judiciales manifiestamente injustas constituiría una privación arbitraria de la vida.”

“De hecho, privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a cualquier otra persona protegida de su derecho a un juicio justo e imparcial es un crimen de guerra. Rusia, como potencia ocupante, tiene la responsabilidad del trato que se dispensa a todos los prisioneros de guerra y otras personas privadas de libertad. Debe garantizar que esta denominada ‘condena’ es anulada de inmediato, y que se les dispensa un trato que cumple plenamente con el derecho internacional humanitario”.

Información complementaria

La “condena de muerte” impuesta a los británicos Sean Pinner y Aiden Aslin y al marroquí Saadun Brahim fue pronunciada el 9 de junio por el Tribunal Supremo de facto de la denominada República Popular de Donetsk, entidad separatista autoproclamada del este de Ucrania bajo ocupación rusa.

Se les “declaró culpables” de ser mercenarios extranjeros y de “acciones encaminadas a tomar el poder por la fuerza y derrocar el orden constitucional de la República Popular de Donetsk”. Los tres participaban en el combate con Rusia como miembros de las fuerzas regulares ucranianas, y habían sido capturados en mayo por las fuerzas rusas en Mariúpol, en el sudeste de Ucrania.