El no reconocimiento de pueblos beduinos es fundamental para las políticas israelíes de segregación y urbanización de la población beduina y para la negación por Israel del estilo de vida tradicional beduino en el Néguev/Naqab

“Las autoridades israelíes deben descartar los planes para demoler un pueblo beduino palestino y trasladar forzosamente a sus residentes a una localidad segregada solo para población beduina”, ha declarado hoy Amnistía Internacional. Los días 22 y 23 de mayo, el juzgado de Beersheba verá una apelación presentada por 127 residentes del pueblo de Ras Jrabah, en el Néguev/Naqab, que corren riesgo inminente de desalojo forzoso y desplazamiento, en el ejemplo más reciente de las estrategias empleadas para mantener el sistema de apartheid. Representan a estos residentes profesionales de la abogacía del grupo de derechos humanos Adalah, que alegan que las demoliciones previstas perpetúan también las políticas de segregación racial de Israel.

Las autoridades israelíes no reconocen oficialmente Ras Jrabah, y sus 500 residentes no reciben servicios esenciales. La Autoridad de Tierras israelí planea demoler el pueblo para ampliar la localidad vecina de Dimona, habitada sobre todo por población israelí judía, y en 2019 dictó órdenes de desalojo a 129 residentes.

“Este plan de desalojo está impregnado de la crueldad del apartheid. Quinientas personas podrían perder los únicos hogares que han conocido y ser trasladadas forzosamente a una nueva ubicación empobrecida donde se las separará de la población israelí judía”, dijo Saleh Higazi, director adjunto de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“Las autoridades israelíes deben cancelar todas las órdenes de desalojo y demolición en Ras Jrabah y conceder inmediatamente la condición jurídica y el reconocimiento legal a todos los pueblos no reconocidos del Néguev/Naqab”.

Las autoridades israelíes tienen la intención de trasladar y reasentar a la población residente de Ras Jrabah en el vecino pueblo beduino de Qasr al Sir. Aunque las autoridades israelíes reconocen este pueblo, sus residentes siguen estando excluidos de los planes de desarrollo estatales, lo que les dificulta conseguir permisos de construcción o recibir servicios e infraestructura estatales.

Amnistía Internacional visitó Ras Jrabah en enero 2022 y supo del temor de sus residentes a que se dividiera su comunidad para que cupiera en las zonas planeadas de Qasr al Sir.

Myssana Morany, abogada de Adalah, dijo a Amnistía Internacional que, desde el punto de vista de la gobernanza, la población beduina está separada de los ciudadanos y ciudadanas judíos de Israel, y que esta población no será incluida en un plan municipal de ampliación de Dimona,

En mayo, Musa al Hawashlah, residente de Ras Jrabah, dijo a Amnistía Internacional:

“No podemos trasladarnos a otro lugar. Toda nuestra vida está aquí, en esta ubicación… Todo el pueblo está nervioso por los tribunales y estamos preparándonos lo mejor que podemos”.

Según Marwan Abu Frieh, abogado de Adalah, desde 2019 se han derribado en Ras Jrabah tres viviendas recién construidas. Quienes residen en pueblos no reconocidos no pueden solicitar permisos de construcción para legalizar su vivienda o construir una nueva, por lo que estas edificaciones se consideran ilegales y están constantemente bajo amenaza de demolición.

El no reconocimiento de pueblos beduinos es fundamental para las políticas israelíes de segregación y urbanización de la población beduina y para la negación por Israel del estilo de vida tradicional beduino en el Néguev/Naqab. Hace décadas que la población beduina del Néguev/Naqab lucha para obtener la propiedad y el reconocimiento de sus pueblos por las autoridades israelíes. Éstas han hecho cumplir de forma desproporcionada demoliciones de viviendas, desalojos forzosos y otras medidas punitivas contra la población beduina en comparación con los ciudadanos y ciudadanas judíos de Israel que no acatan las leyes de urbanismo en el Néguev/Naqab.

“En todo Israel y los TPO, el desplazamiento es una estrategia clave empleada para dominar la vida de la población palestina que vive bajo el sistema de apartheid de Israel. No hay alternativa a la justicia internacional dadas las políticas y prácticas discriminatorias que sigue aplicando Israel y la complicidad de los tribunales israelíes en su establecimiento”, concluyó Saleh Higazi.

Información complementaria

En junio de 2013, la Knéset aprobó en primera lectura el proyecto de ley sobre regularización de la residencia de la población beduina en el Néguev, conocido también como proyecto de ley Prawer-Begin, para “regularizar” la cuestión de la tierra y la vivienda, incluidos los 35 pueblos beduinos no reconocidos en el Néguev/Naqab, mediante su traslado forzoso en la zona. Aunque el proyecto de ley se archivó en 2013 después de una campaña a la que contribuyó Amnistía Internacional, la Dirección General Meridional de Tierras y Aplicación de la Ley, creada en virtud del proyecto de ley Prawer-Begin, sigue haciendo cumplir leyes sobre tierras y urbanismo en las localidades beduinas y coordina las demoliciones administrativas de viviendas con otros organismos encargados de aplicar la ley, incluida la policía israelí. Esto contrasta con el hecho de que Israel considera el desarrollo del Néguev/Naqab “una de las tareas nacionales más importantes”. En 2005, el gobierno israelí adoptó el Plan de Desarrollo del Néguev, cuyo fin era aumentar la población judía en la región de 535.000 personas a 900.000 en 2015. Para lograr los objetivos del Plan, los organismos encargados de hacer cumplir la ley aumentaron las demoliciones de viviendas en los pueblos beduinos excluidos e intensificaron las gestiones legales para tomar el control de las tierras beduinas declarándolas tierras del Estado.

Cuando se estableció el Estado de Israel, Ras Jrabah y otros 45 pueblos pasaron a ser invisibles de hecho en los mapas de zonificación y las políticas de desarrollo estatales. Las autoridades israelíes se niegan a proporcionar servicios estatales esenciales a los “pueblos no reconocidos”, que no están conectados ni a la red de agua ni a la eléctrica. Quienes residen en los pueblos no reconocidos también tienen dificultades para acceder a atención sanitaria y educación adecuadas.

En toda Israel y los TPO, incluido el Néguev/Naqab, las autoridades israelíes vienen utilizando un conjunto de políticas y prácticas discriminatorias interrelacionadas que han causado directamente el desplazamiento y la desposesión de comunidades palestinas, han creado condiciones de vida insoportables para la población palestina que la han forzado a desplazarse o la han puesto en grave peligro de sufrir desplazamiento forzado, lo que equivale a una política de traslado forzoso de población sancionada por el Estado. Estas políticas se vienen aplicando de un modo generalizado y sistemático, combinadas con actos violentos.

Las políticas, normas y conducta estatales discriminatorias de Israel dirigidas a la población palestina conllevan el crimen de lesa humanidad de deportación o traslado forzoso, que viola las normas fundamentales del derecho internacional contenidas en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y niegan a los miembros de un grupo racial el derecho a la libertad de circulación, algo que prohíbe la Convención contra el Apartheid.