Legislación, políticas y proyectos extractivos sin consentimiento han afectado territorios Indígenas

Tanto las autoridades como las empresas en Ecuador amenazan la Amazonía a través de legislación, políticas y proyectos extractivos (principalmente de petróleo y minería) que no han obtenido el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas o que han afectado sus territorios, ambiente, salud, agua o alimentación, dijo Amnistía Internacional hoy, al hacer público el informe Ecuador: La Amazonía en peligro.

“Ecuador debe garantizar el consentimiento de los Pueblos Indígenas, frente a legislación, políticas y proyectos que puedan poner su existencia en peligro. Asimismo, la Amazonía es un ecosistema crítico para superar la crisis climática que amenaza toda vida en nuestro planeta y los Pueblos Indígenas lo han protegido durante siglos. No podemos darles la espalda”, dijo Fernanda Doz Costa, directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional.

En este sentido, la organización celebró la victoria de la comunidad A’i Cofán de Sinangoe ante la Corte Constitucional el 27 de enero de 2022. En su sentencia, que aún no ha sido cumplida por las autoridades correspondientes, la Corte confirmó que el Estado había violado los “derechos a la consulta previa, a la naturaleza, al agua, al medio ambiente sano, a la cultura y al territorio” de la comunidad, al otorgar sin su consentimiento 20 concesiones mineras y tramitar otras 32 que afectaron su territorio. Además, la Corte ordenó medidas de reparación integral para la comunidad.

Además, las autoridades aún tienen pendiente investigar de forma pronta, exhaustiva e imparcial los derrames de petróleo que ocurrieron el 7 de abril de 2020 y el 28 de enero de 2022 en la Amazonía, establecer las responsabilidades administrativas y penales pertinentes, y garantizar verdad, justicia y reparación para las comunidades afectadas.

Este año se espera que la Corte Constitucional se pronuncie sobre las sentencias emitidas en el caso del derrame de petróleo del 7 de abril de 2020, y sobre la acción extraordinaria de protección presentada por las comunidades afectadas.

En este informe – presentado en el contexto del Examen Periódico Universal de Ecuador ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas este año – Amnistía Internacional analiza también las restricciones excesivas de la ley que regula el aborto en casos de violación; la falta de una política para proteger a personas defensoras de derechos humanos e investigar ataques y amenazas en su contra; y la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas de octubre de 2019.