La minería y el procesamiento del hierro también comportan peligros ambientales y sociales considerables. En enero de 2019, la rotura de una balsa de residuos de mineral de hierro en Brumadinho (Brasil) provocó un deslave de lodo tóxico y residuos mineros que barrió una localidad cercana y enterró vivas a más de 250 personas

La propuesta de reglamento sobre las pilas y baterías de la Unión Europea debe exigir a los importadores y fabricantes que el abastecimiento de la bauxita, el cobre y el hierro que llevan las pilas y baterías se realice de forma responsable, ha manifestado hoy una coalición de 13 organizaciones. La coalición incluye a Amnistía Internacional, Earthworks, Finnwatch, Germanwatch, Human Rights Watch, Desarrollo Inclusivo Internacional (IDI), INKOTA, PowerShift, RAID, SOMO y Trasporte y Medioambiente (T&E), así como a activistas ambientales y de derechos humanos de países productores.

El reglamento relativo a las pilas y baterías establece requisitos de cumplimiento obligatorio para todas las pilas y baterías —portátiles, de automóvil, de vehículos eléctricos e industriales— presentes en el mercado de la UE, incluidas reglas que exigen a las empresas importadoras y fabricantes de baterías identificar y abordar los abusos reales y posibles contra los derechos humanos y el medio ambiente cometidos en la cadena de suministro de las materias primas esenciales. El Parlamento Europeo ha propuesto una lista de materias primas que incluye la bauxita, el cobre y el hierro, así como el cobalto, el grafito, el litio y el níquel. Los gobiernos de los países del Consejo Europeo quieren excluir de la lista la bauxita, el cobre y el hierro. El Consejo, el Parlamento y la Comisión comenzaron las negociaciones sobre el proyecto final de reglamento el 20 de abril de 2022.

“El trabajo esencial de la Unión Europea para garantizar que en las cadenas de suministro de las pilas y baterías no se vulneran los derechos humanos ni se daña el medio ambiente se quedará corto si se excluye la bauxita, el cobre y el hierro”, afirmó Jim Wormington, responsable de investigación y trabajo de incidencia sobre responsabilidad corporativa en Human Rights Watch. “Los tres materiales son importantes en la producción de baterías, pero son muchos los casos en que la forma de extraerlos y procesarlos ha provocado abusos contra los derechos humanos y daños ambientales en todo el mundo.”

La bauxita es la principal mena del aluminio, un material esencial en la fabricación de las baterías de los coches eléctricos. Para producir una tonelada de aluminio se necesitan cuatro de bauxita. Volkswagen declaró en 2021 que el aluminio aporta 126 kg de los 400 kg que pesa una batería de coche eléctrico típica, mucho más que cualquier otro metal. El Instituto Internacional del Aluminio —grupo industrial— pronostica que el uso de aluminio en las baterías y otros componentes de vehículos eléctricos significará la duplicación del consumo de aluminio en la industria del automóvil de aquí a 2050.

El cobre se utiliza en los ánodos y el cableado eléctrico de las baterías. La Asociación Internacional del Cobre —grupo industrial— proyectó en 2019 que la aplicaciones de almacenamiento de la energía incrementarán la demanda anual de cobre en 2,3 millones de toneladas, aproximadamente el 10% del suministro mundial, de aquí a 2029. El hierro, necesario para producir el acero de las carcasas de las baterías, también se está empezando a utilizar en diversas tecnologías emergentes para baterías.

Aunque los sectores del aluminio, el cobre y el acero se jactan de su sostenibilidad y sus credenciales ecológicas, todos ellos han sido relacionados con efectos destructivos para los derechos humanos y el medioambiente. La extracción de bauxita es el factor que más contribuye a la deforestación en las explotaciones mineras de la selva tropical de la Amazonía brasileña y ha dado lugar a lapérdida y destrucción generalizadas de tierras de cultivo y recursos hídricos en Guinea, país de África Occidental que posee los mayores depósitos del mundo. Las grandes cantidades de energía que se necesitan para refinar y fundir el aluminio —y el hecho de que el sector continúe dependiendo principalmente del carbón para obtenerla— hacen además que la producción de este metal sea responsable del 2% de las emisiones de gases de efecto invernadero globales.

“He visto con mis propios ojos la devastación que la minería de bauxita provoca en la tierra, los medios de vida y el entorno local de decenas de comunidades”, manifestó Mariama Barry, activista guineana y colaboradora con el programa sobre África de la organización Desarrollo Inclusivo Internacional (IDI), que está trabajando con comunidades guineanas para procurar reparación por los daños causados por la extracción de bauxita. “El aumento de la demanda de aluminio para las baterías de los vehículos eléctricos y otras tecnologías energéticas debe ser una oportunidad para dar reconocimiento y respeto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras y de las comunidades, en lugar de agravar los abusos existentes.”

La minería y el procesamiento del cobre también acarrean importantes peligros para los derechos humanos y el medioambiente. Según informes, en Zambia la minería de cobre ha supuesto una pérdida de tierras en gran escala para el campesinado, entre otras cosas a través del desalojo forzoso, así como a la contaminación del agua y el aire. Además, el cobre y el cobalto a menudo se suelen extraer juntos, lo que tiene efectos similares para los derechos humanos. En la República Democrática del Congo, una investigación realizada en 2020 halló pruebas de que la exposición a contaminación tóxica causa anomalías congénitas en los hijos e hijas de personas que se dedican a la minería de cobalto y cobre. En 2021 varios grupos de derechos humanos publicaron un informe en el que documentaron los abusos contra los derechos laborales en Congo en cinco de las mayores minas de cobre y cobalto del mundo, entre ellos falta de seguridad en la condiciones de trabajo, trato degradante, discriminación y racismo.

“Aunque el cobalto haya acaparado los titulares, para los trabajadores y trabajadoras y para las comunidades locales la minería de cobre tiene los mismos efectos devastadoras en los derechos humanos, los derechos laborales y el medio ambiente”, manifestó Josué Kashal, director de seguimiento y evaluación del Centro de Ayuda Jurídica y Judicial (CAJJ), organización congoleña de servicios jurídicos coautora del informe. “Los gobiernos deben exigir a las empresas que su abastecimiento tanto de cobre como de cobalto se efectúe de manera responsable.”

La minería y el procesamiento del hierro también comportan peligros ambientales y sociales considerables. En enero de 2019, la rotura de una balsa de residuos de mineral de hierro en Brumadinho (Brasil) provocó un deslave de lodo tóxico y residuos mineros que barrió una localidad cercana y enterró vivas a más de 250 personas. En 2015, la ruptura de otro depósito de residuos de mineral de hierro en Brasil ya había matado a 19 personas y causado daños ambientales generalizados.

En el sector del carbón, la quema del coque y otras formas de carbón para procesar el mineral de hierro también libera al aire gases de efecto invernadero y grandes cantidades de sustancias contaminantes. Tras una visita en 2019 a Brasil, segundo productor mundial de mineral de hierro, el relator especial de la ONU sobre sustancias tóxicas y desechos y derechos humanos declaró que la contaminación y los problemas de salud que habían experimentado las comunidades de Piquiá de Baixo, una localidad del corazón de la industria del acero de Brasil, “constituían una violación de los derechos a la vida, la salud y la información, entre muchos otros”.

“Incidentes como el de Brumadinho, una de las peores catástrofes del sector minero del último decenio, demuestran por qué se debe exigir a las empresas fabricantes e importadoras de baterías un abastecimiento de materias primas responsable”, manifestó Alejandro González, investigador de SOMO. “La Unión Europea debe incluir la bauxita, el cobre y el hierro en el reglamento relativo a las pilas y baterías a fin de proteger a los trabajadores y trabajadoras y a las comunidades frente a los abusos contra los derechos humanos y el medioambiente.”