Las autoridades iraníes están torturando a Shokrollah Jebeli, preso de 82 años y con doble nacionalidad iranoaustraliana, negándole deliberadamente atención médica especializada adecuada y no proporcionándole medicación para los diversos problemas de salud graves que padece. Debe ser puesto en libertad de inmediato en vista de su edad, de su precario estado de salud y de las violaciones de su derecho a un juicio con las debidas garantías, que hacen que su detención sea

arbitraria

Presidente de la Magistratura

Head of the Judiciary, Gholamhossein Mohseni Ejei

c/o Embassy of Iran to the European Union, Avenue Franklin Roosevelt No. 15, 1050 Bruxelles, Bélgica

 

Señor Gholamhossein Mohseni Ejei:

 

La vida deShokrollah Jebeli, ciudadano iranoaustraliano de 82 años, corre peligro, ya que las autoridades iraníes siguen negándole el acceso a atención médica especializada adecuada. Su salud se ha deteriorado desde su encarcelamiento en la prisión de Evin de Teherán el 31 de enero de 2020. Padece crecimiento de cálculos renales, y en su historial médico figuran accidentes cerebrovasculares, ciática en las piernas, hipertensión arterial, y una hernia umbilical que requiere intervención quirúrgica. Aunque fue llevado a un hospital fuera de prisión tras sufrir un accidente cerebrovascular a principios de 2021, las autoridades lo devolvieron a prisión ese mismo día en contra de la opinión médica.

 

Las autoridades le negaron toda su medicación hasta enero de 2022 y, desde entonces, sólo le han permitido acceder a ella si la pagaba de su bolsillo. El 8 de marzo de 2022, otros reclusos lo encontraron sin responder a estímulos y con incontinencia, pero las autoridades no le han proporcionado el tratamiento especializado que necesita.

 

Desde entonces ha recuperado la consciencia, pero tiene incontinencia y no articula bien las palabras. En unas cartas fechadas el 17 de enero de 2021 y dirigidas a la fiscalía, que toma las decisiones relativas a los permisos médicos de los

reclusos, el director de la prisión de Evin y el jefe de la clínica de la prisión afirmaron que la vida de Shokrollah Jebeli

corría peligro si seguía encarcelado. Pese a ello, las autoridades fiscales siguen negándole atención médica especializada y han rechazado su excarcelación por motivos médicos, a menos que pague 70.000 millones de riales (aproximadamente 290.000 dólares estadounidenses), de los que no dispone. Se encuentra recluido en condiciones que violan la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos. Comparte con aproximadamente otros 19 reclusos una celda en condiciones de hacinamiento e infestada de insectos y no tiene un alojamiento adecuado, por lo que se ve obligado a dormir en el suelo sobre un colchón. Tiene dificultades para caminar sin ayuda y depende de otros presos para realizar tareas cotidianas básicas. Se ha caído en numerosas ocasiones, lo que le ha causado rotura de dientes y cortes en la cara y el cuerpo.

 

Según la información de que dispone Amnistía Internacional, Shokrollah Jebeli se enfrenta a dos causas distintas relacionadas con unas denuncias por una disputa económica presentadas por varios demandantes. Ha sido condenado a cuatro años y seis meses de prisión en una causa, y la segunda está en curso. Las autoridades le han negado asistencia letrada de su elección y el juez que preside la segunda causa ha ordenado que se le retire su abogado actual,

elegido de manera independiente. Según fuentes bien informadas, además de negarle el tiempo necesario para preparar su defensa, la fiscalía y otras autoridades judiciales han rechazado tener en cuenta los posibles indicios exculpatorios

pese a las numerosas solicitudes de Shokrollah Jebeli. Las autoridades iraníes también le negaron el acceso a asistencia consular.

 

Le pido que ponga en libertad a Shokrollah Jebeli, cuya detención es arbitraria ya que su juicio careció de las debidas garantías y quien, al ser una persona de edad avanzada con problemas de salud preexistentes, corre mayor peligro de enfermar gravemente o morir si contrae la COVID-19 en prisión. Y, hasta el momento de su puesta en libertad, debe garantizarse su acceso a llamadas telefónicas periódicas a sus familiares, servicios médicos necesarios, representación letrada de su elección y asistencia consular de las autoridades australianas. Asimismo le pido que investigue sus denuncias de tortura y otros malos tratos, incluida la negación de asistencia médica adecuada, y exija rendición de cuentas a los responsables.

 

Atentamente,