Después de las 24 semanas, el aborto legal seguirá estando permitido sólo en los casos de riesgo para la vida o la salud de la persona embarazada; la existencia de malformaciones fetales que pongan en peligro la vida; o cuando el embarazo sea resultado de una violación, incesto o inseminación artificial no consentida

El fallo de la Corte Constitucional de Colombia a favor de la despenalización del aborto durante las primeras 24 semanas de un embarazo es un gran triunfo para los derechos humanos, dijo Amnistía Internacional hoy.

“Celebramos este fallo como una victoria histórica del movimiento de mujeres colombianas que han luchado durante décadas por el reconocimiento de sus derechos. Las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar son las únicas que deben tomar decisiones acerca de sus cuerpos. Ahora, en lugar de castigarlas, las autoridades colombianas tendrán que reconocer su autonomía sobre sus cuerpos y sus proyectos de vida,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“Después de la legalización del aborto en Argentina el año pasado y la reciente despenalización en México, este fallo es otro ejemplo más del impulso imparable de la marea verde en América Latina. No dejaremos de luchar hasta que se reconozcan los derechos sexuales y reproductivos de todas la mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar en el continente entero, sin excepción.”

La Corte Constitucional aprobó el fallo para despenalizar el aborto durante las primeras 24 semanas de embarazo hoy, con cinco votos a favor y cuatro en contra. Después de las 24 semanas, el aborto legal seguirá estando permitido sólo en los casos de riesgo para la vida o la salud de la persona embarazada; la existencia de malformaciones fetales que pongan en peligro la vida; o cuando el embarazo sea resultado de una violación, incesto o inseminación artificial no consentida.

“Aunque la despenalización del aborto en las primeras 24 semanas es un paso vital para el derecho al aborto en Colombia y en América Latina y el Caribe, nadie debería ser criminalizado por acceder a un aborto. Es vital que sigamos presionando para conseguir el pleno acceso al aborto legal y seguro en todas las circunstancias en Colombia y más allá”, añadió Erika Guevara Rosas.

A pesar de ser un derecho fundamental establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-355 de 2006, actualmente el acceso al aborto es inequitativo y limitado en Colombia. Se estima que actualmente en el país se realizan 400.400 abortos cada año, y que menos del 10% de estos procedimientos se realiza de forma legal, con una gran concentración de los servicios en las principales ciudades.

El aborto legal no solo es mucho más seguro que el aborto clandestino, sino también el costo de su provisión en Colombia, frente a la atención del aborto incompleto, es mucho menor cuando se realiza en instituciones de primer nivel, utilizando las técnicas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud.

La existencia del aborto como delito reproduce las desigualdades entre las mujeres. La gran mayoría de las que son denunciadas por abortos clandestinos en Colombia son habitantes de áreas rurales y casi una tercera parte de ellas son sobrevivientes de violencia intrafamiliar, violencia sexual o lesiones personales. Por ende, en vez de privilegiar un marco más garantista de derechos, se ha prevalecido un marco de persecución contra las mujeres en mayor situación de vulnerabilidad.

Además, la penalización del aborto ha generado miedo y estigmas en los prestadores de salud, haciendo que evitan brindar el servicio de interrupción del embarazo por temor a las consecuencias sociales y legales que puedan enfrentar.

Para más información o para organizar una entrevista, favor de contactar a: Duncan Tucker: +52 55 4848 8266; duncan.tucker@amnesty.org