Instamos a que sea liberado inmediata e incondicionalmente el preso de conciencia Javier Tarazona, a cerrar todas las investigaciones penales sobre tres defensores de los derechos humanos y poner fin al acoso y la criminalización de organizaciones no gubernamentales en Venezuela

Javier Tarazona (director de la ONG local FundaREDES) fue detenido arbitrariamente el 2 de julio de 2021 tras intentar denunciar acoso por agentes de las fuerzas de seguridad ante la Fiscalía General en la ciudad de Coro (oeste de Venezuela), y acusado de incitación al odio y “terrorismo”. Su audiencia preliminar tuvo lugar el 16 de diciembre, tras más de cinco meses de demoras. Javier Tarazona es un preso de conciencia, al haber sido detenido arbitrariamente por su labor de defensa de los derechos humanos. Su salud se ha deteriorado gravemente por falta de tratamiento médico. Instamos a las autoridades a ponerle en libertad inmediata e incondicionalmente.

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO

Presidente Nicolás Maduro

Palacio de Miraflores

Av. Norte 10, Caracas 1012,

Distrito Capital

Venezuela

Tel: +58 212-8063111

Twitter: @NicolasMaduro

Señor Nicolás Maduro:

Me alarma profundamente que el preso de conciencia y defensor de los derechos humanos Javier Tarazona, director de la organización FundaREDES, continúe detenido y sometido a un proceso penal injusto. Debe ser liberado inmediata e incondicionalmente, con particular urgencia para que pueda recibir la atención y tratamiento médico que requiere.

FundaREDES monitorea, documenta y denuncia abusos de derechos humanos cometidos por agentes no estatales en zonas fronterizas de Venezuela. La acusación que enfrenta, y por la que Javier Tarazona continúa injustamente detenido, pareciera tener motivación política ya que agentes del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) le detuvieron sin orden y el tribunal le acusó de “terrorismo”, ambos elementos del bien documentado patrón de detenciones arbitrarias. Otros dos defensores de FundaREDES, Rafael Tarazona y Omar de Dios García, también están sujetos a un proceso penal arbitrario que debe ser cerrado inmediatamente.

Lo instamos a liberar inmediata e incondicionalmente al preso de conciencia Javier Tarazona, a cerrar todas las investigaciones penales sobre estos tres defensores de los derechos humanos y poner fin al acoso y la criminalización de organizaciones no gubernamentales en Venezuela.

Atentamente,

[NOMBRE]

Información complementaria

FundaREDES es una organización de derechos humanos venezolana que promueve y defiende los derechos humanos en los estados limítrofes de Táchira, Apure, Zulia, Falcón, Bolívar y Amazonas. Documenta e informa sobre abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por agentes no estatales en estas regiones, como la violencia en el estado de Apure, en el sur de Venezuela, en lo que se ha calificado de conflicto con grupos no desmovilizados de las FARC.

Según los medios de comunicación, los defensores de los derechos humanos Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar de Dios García estaban en la ciudad de Coro en una actividad educativa con Jhonny Romero, representante de la ONG Mayday Confavidt. Jhonny Romero trabaja con víctimas de desaparición y trata de seres humanos en Falcón. Tras la actividad, acudieron a la Fiscalía General a presentar una denuncia formal de acoso por parte de presuntos agentes de los servicios de inteligencia y la policía local. Ese mismo día, según indican los informes, unos agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) los detuvieron arbitrariamente, sin presentar orden judicial alguna. No se comunicó formalmente su detención a sus abogados, y los defensores permanecieron en paradero desconocido durante 24 horas después de su arresto; pasado ese plazo, comparecieron ante un tribunal dedicado especialmente a “terrorismo”. Las autoridades pusieron en libertad a Jhonny Romero el 3 de julio, antes de la vista judicial. El 26 de octubre, Rafael Tarazona y Omar de Dios fueron excarcelados bajo medidas cautelares y proceso penal abierto.

El 16 de diciembre de 2021 tuvo lugar la audiencia preliminar de Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar de Dios García, resultando en la acusación por “incitación al odio” y “terrorismo” contra Javier Tarazona, y en la acusación por “incitación al odio” contra Rafael Tarazona y Omar de Dios García. Javier Tarazona es el único de los tres defensores que sigue privado de libertad en la sede del SEBIN en El Helicoide, Caracas. Javier Tarazona sufre de hipertensión, diabetes y secuelas del Covid-19 -que contrajo durante su detención- que no han sido debidamente tratadas por un médico de su confianza y que requieren atención inmediata y urgente.

La ONG local Foro Penal ha informado de que, a pesar de que sus integrantes son los abogados defensores de confianza de los defensores acusados, a los tres les asignaron abogados de oficio, aunque un miembro de Foro Penal pudo verlos y hablar con ellos. A causa de la falta de asistencia letrada de confianza, no está claro por qué se está investigando a los defensores, aunque se ha hecho público que se les acusa de odio, “terrorismo” y traición. Algunos de estos delitos están tipificados en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Las autoridades de Venezuela han utilizado habitualmente esta ley para criminalizar a quienes defienden los derechos humanos y a quienes realizan trabajo humanitario, como en el caso de cinco miembros de Azul Positivo en enero de 2021. Desde su detención, Foro Penal ha solicitado su representación legal en incontables ocasiones, siempre siéndoles denegada. Así mismo, su audiencia preliminar fue postergada numerosas veces.

El gobierno de Nicolás Maduro ha acosado, procesado y censurado continuamente a activistas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger los derechos de la población venezolana en medio de una compleja crisis humanitaria y una profunda crisis de derechos humanos que está obligando a cantidades sin precedentes de venezolanos y venezolanas a huir al extranjero. A diciembre de 2021, 6 millones de personas habían huido del país.

Todos estos sucesos no son hechos aislados. Desde principios de 2021, la sociedad civil de Venezuela ha informado de una nueva oleada de represión contra activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, centrada principalmente en criminalizar la cooperación internacional e intentar implementar nuevos mecanismos de represión contra la sociedad civil en el país. Esta nueva serie de ataques de represión también ha afectado a medios de comunicación independientes.

El año pasado, un informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU, documentó centenares de casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en el país desde 2014, y concluyó que estas graves violaciones de derechos humanos pueden constituir crímenes de lesa humanidad.

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También pueden escribir en su propio idioma.

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Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

ENLACE A LA AU ANTERIOR: https://www.amnesty.org/es/documents/amr53/4923/2021/es/