“Las autoridades paraguayas deben introducir inmediatamente la Educación Integral en Sexualidad para garantizar que las niñas, los niños y adolescentes tengan las habilidades necesarias para alertar si se ven amenazados por la violencia sexual”, dijo Erika Guevara Rosas

Las niñas sobrevivientes de la violencia sexual en Paraguay se enfrentan a un confuso camino de obstáculos para reconstruir sus vidas y obtener justicia en un país donde las autoridades ignoran sus voces, las obligan a llevar a término embarazos producto de violaciones, y a la misma vez no escuchan las opiniones expertas de sus propios profesionales que responden a la violencia sexual, concluyó Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.

“Por acción y omisión, Paraguay le está dando la espalda a sus niñas y adolescentes cuando enfrentan abusos inimaginables. Aunque en el papel existe un marco legal para apoyar a sobrevivientes de violencia sexual, en la práctica están a la merced de un sistema caótico que no las escucha ni prioriza su bienestar y, al contrario, se enfoca en obligar a niñas a llevar embarazos a término,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

El informe, con título en guaraní Mitãkuña ndaha’eiva’erã sy (Son niñas, no madres), analiza las fallas del sistema que existe en Paraguay para abordar casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en base a las experiencias de un gran número de profesionales de los ámbitos de la salud, educación y justicia.

La crisis es monumental. Solo en 2019, el Ministerio Público recibió, en promedio,12 denuncias de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes cada día. Expertas estiman que por cada dos casos que conocen, pueden existir al menos otros 10.

La mayoría tiene lugar en el entorno familiar y, en algunos casos, el abuso resulta en embarazo. De hecho, en Paraguay, una media de dos niñas de entre 10 y 14 años dan a luz cada día. Al menos 1.000 niñas de 14 años o menos, dieron a luz en Paraguay entre 2019 y 2020. Además, en 2019 dieron a luz más de 12.000 adolescentes de entre 15 y 19 años. Muchos de esos embarazos también pueden haber sido consecuencia de violencia sexual, falta de educación integral en sexualidad, información adecuada sobre prevención del embarazo precoz o de acceso insuficiente a servicios de salud sexual y reproductiva.

Para las niñas, las opciones suelen ser muy limitadas, a pesar de los enormes riesgos que un parto precoz puede significar para sus cuerpos y vidas – las niñas menores de 15 años tienen cuatro veces más probabilidades de morir por complicaciones relacionadas con el embarazo, además de correr un mayor riesgo de tener partos prematuros.

Paraguay sigue teniendo algunas de las leyes más restrictivas de las Américas respecto al acceso a un aborto seguro y legal. La interrupción del embarazo es un delito penado con privación de la libertad, con la excepción de los casos cuando la vida de la gestante corre peligro.

Sin opciones, muchas niñas terminan viviendo con sus abusadores o en hogares infantiles donde a menudo sufren presiones para convertirse en madres, y son sujetas a más abusos, alejadas de toda posibilidad de una educación de calidad y un proyecto de vida digno.

Como consecuencia de no escuchar a las personas profesionales que responden a la violencia sexual en niñas y adolescentes, las autoridades paraguayas no están promoviendo la detección temprana, no están impartiendo la educación integral en sexualidad con enfoque de género y no están coordinando y agilizando su respuesta para evitar la revictimización secundaria.

“Las niñas tienen el derecho a una vida libre de violencia. Forzar a alguien a continuar con un embarazo, particularmente cuando es el resultado de una violación, es una forma de malos tratos que puede llegar a considerarse tortura,” dijo Erika Guevara Rosas. “A pesar de algunos avances legislativos en los últimos años, Paraguay no ha logrado poner en práctica medidas suficientes para proteger a las personas más vulnerables de la sociedad.”

En 2018, Paraguay adoptó la ley 6202 para prevenir el abuso sexual y garantizar la atención integral a niños, niñas y adolescentes sobrevivientes. Sin embargo, casi tres años más tarde, la ruta para su implementación todavía no ha sido finalizada. 

Las autoridades también le están dando la espalda a la Educación Integral en Sexualidad, un elemento clave para la prevención de embarazos prematuros. Aunque el Código de la Niñez y la Adolescencia reconoce su importancia, en el 2011, las autoridades frenaron su implementación. En 2017, el Ministerio de Educación y Ciencias prohibió “la difusión y utilización de materiales… referentes a la teoría y/o ideología de género, en instituciones educativas”.

“Las autoridades paraguayas deben introducir inmediatamente la Educación Integral en Sexualidad para garantizar que las niñas, los niños y adolescentes tengan las habilidades necesarias para alertar si se ven amenazados por la violencia sexual”, dijo Erika Guevara Rosas.

“También deben finalizar la tan esperada ruta única para atender de forma integral a sobrevivientes de abusos sexuales y evitar la victimización secundaria crónica, y poner en marcha un programa nacional para apoyar a las que quedan embarazadas y se ven obligadas a llevar el embarazo a término, para ayudarlas a reconstruir sus vidas y a superar los graves daños a largo plazo que puede infligir la violencia sexual”.