Las autoridades colombianas deben garantizar justicia, atención integral y reparación a las víctimas y tomar las medidas necesarias para evitar la repetición de estas graves violaciones a los derechos humanos

El actuar violento y represivo de las Fuerzas de Seguridad colombianas, en especial del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), ha dejado cientos de víctimas de traumas oculares, dijeron Amnistía Internacional, Temblores y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) de la Universidad de los Andes en un nuevo informe publicado hoy.

Colombia: Tiros a la vista: traumas oculares en marco del Paro Nacional documenta 12 casos de violencia policial que dejaron como resultado traumas oculares irreversibles. Cuatro de estos casos ocurrieron en años anteriores y ocho ocurrieron en el marco del Paro Nacional de 2021, en las ciudades de Bogotá, Popayán, Florencia, Medellín y Manizales. El Cuerpo de Verificación Digital de Amnistía Internacional analizó más de 300 piezas audiovisuales sobre el actuar desproporcionado y represivo del ESMAD desde el 28 de abril al 20 de octubre, concluyendo que sus agentes violaron de forma generalizada los derechos humanos de los manifestantes, al infligir heridas oculares como consecuencia del uso desproporcionado de armas menos letales.

“Es escalofriante ver cómo los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios han disparado de manera deliberada a los ojos de tantas personas, solo por atreverse a ejercer su derecho legítimo a la manifestación pacífica. Las autoridades colombianas deben garantizar justicia, atención integral y reparación a las víctimas y tomar las medidas necesarias para evitar la repetición de estas graves violaciones a los derechos humanos”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

En el informe se visibilizan las historias de las víctimas de trauma ocular y se describen las múltiples barreras que han enfrentado para garantizar atención especializada en salud y atención psicosocial. Para varias víctimas, han aumentado las barreras para acceder a un trabajo digno o para continuar sus procesos educativos en igualdad de condiciones.

Sus relatos describen en detalle que sus heridas no fueron hechos fortuitos, sino que fueron ataques direccionados con la intención de castigarles por el ejercicio legítimo de su derecho a la protesta social. Ponen nuevamente en evidencia patrones en las conductas de agentes del ESMAD, que sustentan las denuncias reiteradas sobre la sistematicidad en sus prácticas de uso excesivo y desproporcionado de la fuerza.

Las autoridades colombianas deben garantizar justicia, atención integral y reparación a las víctimas y tomar las medidas necesarias para evitar la repetición de estas graves violaciones a los derechos humanos

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

“La violencia policial no puede seguir siendo parte de nuestra cotidianidad. No nos podemos acostumbrar a que el Estado violente de manera indiscriminada a la ciudadanía, ni mucho menos que lesione a quienes ejercen su derecho a la protesta. Los casos de violencia policial y en específico de lesiones oculares cometidas en el marco del paro del 2021 registradas en nuestra plataforma, demuestran que el accionar de las fuerzas policiales no cumple con los estándares de derechos humanos internacionales y que es necesario una reforma policial que garantice la integridad y la vida de las personas”, dijo Alejandro Rodríguez, coordinador de Grita, observatorio de violencia policial de Temblores.

Uno de los casos más emblemáticos del informe es el de Leidy Cadena, una estudiante de ciencia política quien estaba manifestándose pacíficamente con su novio y algunos amigos en el centro de Bogotá el 28 de abril cuando unos agentes del ESMAD se les acercaron de manera agresiva. “Simplemente grité ‘ya vámonos’ y acto seguido siento mi rostro súper caliente. No veo por ninguno de mis dos ojos, estoy muy angustiada,” dijo Leidy.

Amnistía Internacional verificó un video posterior a los hechos, en el que se ven cinco agentes del ESMAD con escudos y dos de ellos portan su equipo anti-motín en sus manos, con armas mecánicas de tipo cinético. Leidy se tapa el ojo sangrante en señal de dolor y sus acompañantes piden auxilio, pero los agentes del ESMAD no la ayudan.

Leidy perdió un ojo en el ataque. Considera que fue un acto de violencia basada en género, porque los demás salieron ilesos y desde el inicio de las manifestaciones se había percatado de varias agresiones hacia mujeres. Tras denunciar los hechos ante la Fiscalía General de la Nación, Leidy asegura que ha tenido que relatar lo ocurrido en al menos 10 entrevistas y que esto la ha revictimizado. Además, ha recibido amenazas por redes sociales y el 16 de octubre fue víctima de un ataque con pólvora debajo de su puerta. Ella, su madre y su pareja se vieron obligados a viajar fuera de Colombia, debido a las amenazas.

No nos podemos acostumbrar a qué el Estado violente a manera discriminada a la ciudadanía, ni mucho menos que lesione a quienes ejercen su derecho a la protesta

Alejandro Rodríguez, coordinador observatorio de violencia policial de Temblores

Con base en las evidencias y testimonios presentados en el informe, Amnistía Internacional, Temblores y PAIIS instan a las autoridades colombianas a cumplir sin demora las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras su visita de trabajo en junio de 2021 – en particular la de someter el uso de medios no letales de control del orden público a un protocolo estricto y público. Para prevenir el uso excesivo de la fuerza durante protestas, las autoridades colombianas deben reformar de manera estructural a la Policía Nacional y en particular el ESMAD, garantizando un enfoque civil en su accionar, así como sistemas de supervisión y protocolos de investigación independientes y efectivos para investigar abusos policiales. Asimismo, deben crear rutas de acompañamiento para víctimas de lesiones oculares y violencia basada en género que incluyan prevención, tratamiento, rehabilitación y atención psicosocial.

“Tuvimos el honor de acompañar a varias víctimas de lesiones oculares a rendir testimonio sobre sus casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y aún acompañamos jurídicamente algunos de ellos. Entendemos su lucha y su frustración y apoyamos sus reclamos de justicia. Estamos convencidos de la necesidad de seguir visibilizando las formas cómo la fuerza pública no solo no garantiza los derechos de los ciudadanos, sino que los vulnera deliberadamente. Las lesiones oculares se presentan como un castigo a las víctimas por ejercer su legítimo derecho a la protesta, que queda impreso en sus caras y en sus vidas”, dijo Juliana Bustamante, directora de PAIIS.