Amnistía Internacional insta a las autoridades peruanas a redoblar los esfuerzos para desarrollar la formación de funcionarios y funcionarias respecto a la prohibición de la discriminación por motivos de género o de condición migratoria o de otro tipo

La violencia de género afecta en mayor medida a las mujeres y niñas de Venezuela que buscan protección internacional tras huir de las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo de forma masiva en su país de origen. Así lo ha advertido Amnistía Internacional hoy, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

“Aunque los países de todas las Américas tienen la obligación de proteger a todas las personas venezolanas que buscan seguridad en sus territorios, son las mujeres y las niñas las que corren un riesgo desproporcionado de sufrir violencia y discriminación. Los Estados tienen el deber apremiante de garantizar una respuesta que tenga en cuenta el género para quienes buscan protección”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

“De acuerdo con el principio internacional de la responsabilidad compartida, toda la comunidad internacional debe responsabilizarse de la segunda crisis de movilidad humana más grande del mundo. Las organizaciones de la sociedad civil, los defensores y defensoras de los derechos humanos y las organizaciones internacionales proporcionan ayuda indispensable a las personas venezolanas en las situaciones más precarias, pero los Estados deben garantizar que se protegen los derechos humanos de estas personas, especialmente las más vulnerables a la violencia y la discriminación, como las mujeres y las niñas.”

Amnistía Internacional se asoció recientemente con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en un proyecto de dos años para apoyar la protección de mujeres, niñas y personas de diversa orientación sexual e identidad de género en Colombia, Perú y Ecuador, respondiendo a las necesidades urgentes de las personas venezolanas que buscan protección.

En Perú, uno de los principales países de acogida para la población venezolana, la investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional muestra que las mujeres refugiadas y migrantes se enfrentan a diario a violencia de género y discriminación, en una situación reforzada a menudo por el hecho de encontrarse en situación irregular en el país, en algunos casos con solicitudes de asilo pendientes que parecen paralizadas indefinidamente. Tras entrevistar a sobrevivientes de violencia de género, a personas que defienden los derechos humanos y a autoridades públicas, la organización confirmó que las mujeres venezolanas sufren acoso en el lugar de trabajo, en las calles y en los centros educativos; también sufren chantaje sexual para mantener sus empleos o sus casas, y sufren abusos físicos y psicológicos, así como un temor constante a ser devueltas a Venezuela.

Aunque la violencia de género afecta a mujeres de todas las nacionalidades, incluidas venezolanas, peruanas o colombianas, y los canales oficiales de denuncia son los mismos para todas, las mujeres refugiadas y migrantes, principalmente de Venezuela, se enfrentan a dificultades adicionales para acceder a la justicia, la protección y el apoyo. Entre esas dificultades se incluyen: la discriminación por razón de su nacionalidad; comentarios estereotipados que las hipersexualizan por parte de los agentes estatales que se supone que deben protegerlas; falta de información; y miedo a represalias, como la deportación, que a menudo las disuade de denunciar la violencia de que son objeto.

Amnistía Internacional insta a las autoridades peruanas a redoblar los esfuerzos para desarrollar la formación de funcionarios y funcionarias respecto a la prohibición de la discriminación por motivos de género o de condición migratoria o de otro tipo, y para garantizar que dichos funcionarios y funcionarias tienen conocimiento de los mecanismos jurídicos existentes para atender a las sobrevivientes de violencia de género que están en situación migratoria irregular en el país. Además, es fundamental que las autoridades difundan ampliamente información sobre el derecho de las mujeres refugiadas y migrantes a acceder a la justicia y a servicios de protección y apoyo independientemente de su condición migratoria.