Habida cuenta de que Guatemala no garantiza el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, Paz y Paz cree que la presión y solidaridad internacionales pueden marcar la diferencia, citando por ejemplo las recientes sanciones de Estados Unidos a funcionarios y ex funcionarios públicos guatemaltecos por actos de corrupción, y las demandas contra empresas mineras en Canadá, acusadas de cometer delitos violentos en Guatemala

Por Duncan Tucker

Sabiendo que su esposo Bernardo Caal Xol está encerrado en condiciones deplorables, hacinado junto a hombres que cumplen condena por los delitos más violentos, Isabel Matzir teme constantemente por su vida.

“En las cárceles de Guatemala han aparecido muchas personas asesinadas”, cuenta por teléfono Matzir, una maestra de etnicidad maya kaqchikel de 40 años, a Amnistía Internacional. “Sabemos que pueden simular un motín, pueden disfrazar cualquier situación con tal de dañarlo”.

Caal se encuentra en prisión desde enero de 2018, en represalia por oponerse a un dañino proyecto hidroeléctrico al que las comunidades nunca dieron su consentimiento. Está pagando el precio de alzar la voz contra las empresas poderosas y las autoridades que hacen de forma sistemática un uso indebido del sistema de justicia de Guatemala para criminalizar a quienes defienden los derechos humanos.

La preocupación por su seguridad no es infundada. El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos ha contabilizado 11 asesinatos de activistas que se oponían a proyectos hidroeléctricos en Guatemala, mientras que Global Witness ha clasificado el país como el séptimo más peligroso del mundo para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2020.

Aun así, Caal se niega a ser silenciado. Con lápiz y papel como únicas armas, sigue resistiendo desde su celda, denunciando a todo aquel que considera cómplice de violar los derechos humanos de su pueblo, desde el jefe del Estado de Guatemala hasta el presidente del equipo de fútbol Real Madrid.

Preso de conciencia

Caal, respetado profesor y líder comunitario de 49 años, es el mayor de seis hermanos originarios del territorio maya q’eqchi’ de Santa María Cahabón, situado en la región septentrional de Alta Verapaz.

En 2015, las comunidades locales eligieron a Caal para que las representase en su disputa con OXEC, un proyecto hidroeléctrico que ha restringido el acceso de la población local a los ríos sagrados de Cahabón y Ox-eek’, en los que el pueblo q’eqchi’ se ha bañado y ha pescado durante generaciones. El acceso al agua es un motivo de preocupación habitual en las verdes y exuberantes colinas y pastos de Alta Verapaz, donde un censo de 2018 reveló que sólo un 28 % de la población disponía de agua corriente en su casa, mientras que el 42 % dependía del agua de lluvia, y los ríos, lagos y manantiales.

La planta hidroeléctrica OXEC pertenece a Energy Resources Capital Corp, una empresa registrada en Panamá, y fue construida por la empresa israelí Solel Boneh. Caal ha interpuesto varios recursos contra OXEC por, presuntamente, haber destruido 15 hectáreas de bosque y tres colinas sagradas, y por haber violado la legislación internacional que consagra el derecho de los pueblos indígenas a dar su consentimiento libre, previo e informado a cualquier proyecto en sus territorios.

Los más altos tribunales guatemaltecos concluyeron que no se había consultado adecuadamente a las comunidades afectadas pero, a pesar de ello, permitieron que el proyecto siguiese adelante. Decididas a que se tuviese en cuenta su opinión, 195 comunidades locales llevaron a cabo su propia consulta, de forma simbólica, en 2017, en la cual 26.537 personas votaron en contra de OXEC, y sólo 12 lo hicieron a favor.

Caal empezó a recibir amenazas por su activismo y, más adelante, personal experto de la ONU denunció al sector privado por las campañas de difamación contra de Caal en prensa, televisión y redes sociales, en las que se le describía como un delincuente.

En enero de 2018 la policía detuvo a Caal por, supuestamente, retener y robar a cuatro empleados de Netzone, subcontrata de OXEC, durante una protesta en 2015. En noviembre de 2018, un tribunal lo condenó a siete años y cuatro meses de prisión por detención ilegítima y robo con agravantes.

A pesar de que Amnistía Internacional ha hallado irregularidades, negligencia y falta de pruebas en el caso contra Caal, y de que lo ha declarado preso de conciencia, en septiembre de 2021 la Corte Suprema de Justicia de Guatemala rechazó el recurso de Caal contra su sentencia condenatoria. OXEC ha negado cualquier responsabilidad en su encarcelamiento.

Caal suele describir su situación como “tortura carcelaria”. Matzir asegura que, aunque la salud de su marido se ha deteriorado, las autoridades penitenciarias no le proporcionan una atención médica adecuada. Le ha sido imposible mantener la distancia social durante la pandemia y, en ocasiones, no se le ha permitido hacer ejercicio en el patio, y ni siquiera ver el sol durante meses. Personal experto de la ONU ha instado al gobierno de Guatemala a proteger la salud y la seguridad de Caal mientras esté encarcelado.

Las visitas se han restringido durante la pandemia, de manera que Matzir sólo ha podido verle esporádicamente. La hermana de Caal, María Josefina, tan solo ha podido dejar comida para él a los guardias que están en la entrada de la prisión, mientras que ni su madre, de edad avanzada, ni las dos hijas de Caal, de 12 y 14 años, han podido verlo. Tampoco puede llamar por teléfono desde la cárcel.

Matzir describe a su marido como un hombre honesto y trabajador, que disfruta de la lectura. Dice que es un padre ejemplar, a quien le gustaba enseñar a sus hijas a tocar la guitarra y contarles historias antes de dormir. “Las niñas extrañan a su papá”, añade. “Ha sido la experiencia más difícil que les ha tocado vivir”.

Incluso antes de la pandemia, era difícil para la familia hacer el trayecto de nueve horas hasta la prisión situada en la ciudad de Cobán. El coste de los autobuses, taxis, comidas y alojamiento, al que hay que sumar los medicamentos y los productos de limpieza e higiene para Caal, convierten la visita en un carísimo viaje de tres días.

Sometida a una presión económica cada vez mayor, Matzir ha tenido que dejar las clases que recibía antes del encarcelamiento de su marido, y adaptar su vida a su nuevo papel como principal sostén económico de la familia. “Tuve que reorganizar todo en cuanto a lo financiero, pues nos hemos quedado con muchas deudas. La colegiatura de las niñas, por ejemplo, se ha acumulado y hemos pospuesto unas cirugías que he necesitado”, señala. “Si antes dormíamos ocho horas, ahora dormimos cuatro, cinco si mucho… esto tendrá sus consecuencias más adelante, verdad, pero por lo pronto se da hasta el último gramo de energía que se tiene al día, y no hay otra opción”.

Otra amenaza al sagrado río

Caal dedica mucho de su tiempo entre rejas a escribir cartas. Entre otras personas, denuncia con frecuencia a Florentino Pérez, un multimillonario español más conocido por ser el presidente del Real Madrid.

Además de dirigir el club de fútbol más grande del mundo, Pérez también preside el gigante de la construcción ACS, cuya filial, Cobra, fue contratada para construir Renace, el mayor proyecto hidroeléctrico de Guatemala, junto a un tramo del río Cahabón en el que viven aproximadamente 30.000 personas. Durante una visita a Guatemala 2014 para supervisar la construcción, Pérez regaló una camiseta del Real Madrid al entonces presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y calificó Renace como “un proyecto con una responsabilidad social ejemplar, con respeto a los demás, al medio ambiente y a las comunidades”.

Sin embargo, Caal afirma que el proyecto ha causado un daño terrible. En una carta escrita a mano desde la cárcel, acusa a Pérez de haber “atropellado los derechos de pueblos indígenas” por llenar el río de tuberías y desviar su curso sin consultar a las comunidades afectadas, “dejando sin el acceso al agua a miles de hermanos y hermanas del pueblo Maya Q’eqchi’”. En otra misiva, ruega a los aficionados del Real Madrid que pidan al presidente de su club “que deje en paz el sagrado Río Cahabón”.

El proyecto ha generado tensiones tanto a nivel local como internacional. Poco después de una protesta contra Renace en las puertas de la embajada de España en 2017, la Cámara de Comercio española instó a las autoridades de Guatemala a que dispersasen inmediatamente cualquier concentración, control de carretera o protesta que afectase a la libertad de circulación o a la propiedad empresarial o privada, y a que “de forma inmediata inicien las acciones, investigaciones y persecuciones penales (sic)” contra las personas responsables.

En 2019, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala ordenó al Ministerio de Energía y Minas que llevase a cabo una consulta libre e informada a las comunidades; sin embargo, al igual que en el caso de OXEC, no suspendió el proyecto, a pesar de reconocer que se había violado el derecho de las comunidades a dar su consentimiento previo. Aunque Renace ha negado cualquier actuación indebida, un organismo público español ha revelado que el proyecto ha provocado “cambios significativos en algunos tramos del río Cahabón… con efectos potenciales negativos sobre las comunidades locales”.

En abril de 2021, ACS anunció la venta de la mayor parte de su división industrial a la empresa francesa Vinci por casi 5 000 millones de dólares, pero manteniendo el 49 % de las acciones de una nueva empresa propiedad conjunta de ACS y Vinci. ACS y Cobra no han respondido a las solicitudes de comentarios de Amnistía Internacional.

“Florentino [Pérez] y estas empresas, no se llevan el río porque realmente necesitan del agua para poder sobrevivir ¿no? Para ellos solo es ganancia y acumulación de ganancias”, señala Matzir. “Sin embargo, acá en las comunidades se traduce en la vida o muerte de las personas, los animales, las plantas, todos quienes viven dentro y alrededor del río. Realmente es indignante que existan seres humanos que… destruyen todo a su paso con tal de generar ganancias, incluyendo la vida de las personas”.

Alta Verapaz es una de las regiones más pobres de Guatemala, que registró el 75 % de los casos de mortalidad infantil por desnutrición de todo el país en 2021. Sin embargo, Matzir afirma que las autoridades “nunca lo vinculan al acceso al agua, al acceso a los peces, a los cangrejos, a los jutes, a todas las plantas que están dentro del río y que sirven de alimento y han servido por siempre de alimento para las familias y las comunidades que están en la cercanía del río. Cuando se quita un río no es solo quitar el agua, sino se quita esa posibilidad de alimento.”

Renace y OXEC afirman que han contribuido a reducir la desnutrición a través de sus programas de salud y desarrollo social.

Matzir también lamenta el tremendo golpe espiritual sufrido por el pueblo q’eqchi’ por los daños a sus ríos y colinas sagrados, y se cuestiona por qué las zonas donde se concentran las plantas hidroeléctricas son las que tienen un menor acceso a la electricidad de todo el país. “Es totalmente contradictorio. ¿A dónde se va esa energía? ¿y para quién es? ¿y las ganancias dónde quedan?”, pregunta. “Ellos dicen que ‘se está en contra del desarrollo’ pero la verdadera pregunta es ‘¿desarrollo para quién?’”.

Violencia paramilitar

La oposición a los proyectos hidroeléctricos en Guatemala ha demostrado ser letal. En enero de 2017, hombres armados dispararon a manifestantes pacíficos que estaban protestando contra el proyecto hidroeléctrico PDHSA (construido por Solel Boneh, la misma constructora israelí que levantó OXEC) en Ixquisis, en la zona norte de Guatemala.

Los agresores dispararon a Sebastián Alonso Juan, un defensor de los derechos de la tierra, cuando intentaba escapar. La familia de Alonso contó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que trabajadores de la planta hidroeléctrica le golpearon en la cara y el cuello mientras agonizaba en el suelo. Estuvo horas sin recibir atención médica y falleció antes de llegar al hospital. Tanto medios de comunicación locales, grupos indígenas y observadores de derechos humanos han relacionado al personal de seguridad privado de la planta con el tiroteo, y algunos de ellos también hablan de la posible implicación de la policía. PDHSA y Solel Boneh no han respondido a las solicitudes de comentarios sobre el incidente.

Periodistas que cubren el impacto de las plantas hidroeléctricas en Guatemala también arriesgan represalias.

Rolanda García, una periodista indígena maya quiché, viajó a Santa María Cahabón en agosto de 2018 para informar sobre la tala ilegal, supuestamente relacionada con OXEC. Cuenta que, cuando estaba grabando su última entrevista con miembros de las comunidades afectadas, les abordó un grupo de leñadores blandiendo unos machetes.

“Me preguntaron que para qué quería tomar fotos y me exigieron que borrara las imágenes”, cuenta García a Amnistía Internacional. Ella y sus colegas creen que estos hombres eran trabajadores de OXEC; los hombres insultaron a sus colegas, empujaron a uno de ellos, y le robaron el trípode. “Cuestionaron sobre mi presencia en ese lugar, que según ellos son tierras de su patrón. Y al preguntarles quienes eran su patrón no me lo dijeron, pero sí dijeron que era un lugar privado”.

Los hombres aislaron a García y la persiguieron hasta un arroyo cercano, donde la arrinconaron durante 40 minutos, hasta que ella aceptó borrar sus fotos y grabaciones. Afirma que amenazaron con violarla y tirarla al río si se negaba. Días más tarde, OXEC negó tener responsabilidad alguna en el ataque y condenó “todo acto que atente contra la dignidad humana y la libertad de prensa”.

García dice que denunció el incidente a las autoridades, pero duda de que sus atacantes sean llevados ante la justicia algún día. “En Guatemala las leyes están a favor de la oligarquía terrateniente y empresarios porque son ellos los dueños de las empresas que operan en nuestros territorios”, afirma. “Por la construcción de la OXEC, han ocurrido muchas persecuciones contra dirigentes sociales, como Bernardo Caal Xol y otras personas que son invisibilizadas pero que ahora siguen siendo hostigadas desde sus territorios, además de los hostigamientos que sufrimos los periodistas que revelamos la voz de los afectados”.

Un ex subcontratista de OXEC y Renace cuenta a Amnistía Internacional que presenció cómo los hombres amenazaban a García con machetes. Este hombre, que ha pedido mantener el anonimato por motivos de seguridad, dice que trabajaba como soldador en los proyectos hidroeléctricos pero que, tras presenciar la destrucción social y medioambiental que éstos causaban en la zona, empezó a hacer campaña en su contra.

Acusa a OXEC de hacer falsas promesas, engañando a la población local para que vendiera sus tierras, y sobornando a otros con dinero en efectivo y láminas de acero con las que reforzar sus modestas casas.

“Destruyeron a la Madre Tierra y los cerros que son sagrados para nosotros” añade, antes de repetir las denuncias de García sobre el sistema jurídico. “La justicia en Guatemala está al revés. Los que tienen dinero hacen lo que quieran a los que no. Esto está pagando nuestro compañero Bernardo Caal Xol en la cárcel”.

El desmantelamiento del sistema de justicia

La indignación por el encarcelamiento de Caal ha coincidido con el descontento por la corrupción sistémica, el desmantelamiento de la independencia judicial y la erosión de las instituciones públicas en Guatemala.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la ONU, había logrado avances sin precedentes en los últimos años, entre ellos la implicación del entonces presidente Pérez Molina en un escándalo de corrupción que desencadenó manifestaciones masivas y, en último término, su dimisión y arresto en 2015. Sin embargo, los siguientes gobiernos han minado las iniciativas para luchar contra la impunidad, cancelando el mandato del CICIG en 2019 y acosando, difamando y criminalizando a activistas, periodistas, fiscales y jueces que denuncian o investigan casos de corrupción y violaciones de derechos humanos.

La creciente indignación de la opinión pública por la corrupción, la desigualdad económica y la respuesta del Estado a la pandemia estalló en una amplia huelga general en julio de 2021, después de que la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, destituyese al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval. Sandoval, que huyó del país debido a preocupaciones por su seguridad, había estado investigando el hallazgo de casi 16 millones de dólares estadounidenses en casa de un ex ministro de Infraestructuras, y las acusaciones de que empresarios rusos dejaban bolsas con dinero en efectivo en casa del presidente Alejandro Giammattei. El presidente niega las acusaciones.

Líderes indígenas encabezaron la huelga, secundada por amplios sectores de la sociedad que se unieron a sus demandas pidiendo la dimisión de Giammattei y una transformación total de la manera de gobernar la nación. Manifestantes indígenas bloquearon autopistas en muchas partes del país, mientras en la capital, los manifestantes quemaron neumáticos y lanzaron pintura a la policía desplegada para proteger los edificios gubernamentales.

En una carta enviada desde prisión, Caal daba las gracias a Sandoval “por ser una esperanza para combatir la corrupción que ha significado la muerte, hambre y pobreza para miles de guatemaltecos y guatemaltecas” y por demostrar que “sí es posible alcanzar la verdad y la justicia”.

Sandoval es el último de varios fiscales y jueces que se han visto obligados a abandonar Guatemala en los últimos años, entre ellos la primera fiscal general del país, Claudia Paz y Paz, que huyó en 2014 cuando las autoridades realizaron acusaciones infundadas en su contra, y congelaron sus cuentas bancarias durante un breve periodo de tiempo.

En una conversación con Amnistía Internacional desde Costa Rica, Paz y Paz alerta de que la erosión de la separación de poderes ha avivado aún más las persecuciones por motivos políticos y la criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos. “Hay una componenda, un arreglo entre la jefatura de ejecutivo, el legislativo, y tristemente del poder judicial, también. Y lo que más me preocupa es que los ciudadanos se quedan en absoluto estado de indefensión —tanto para que si se comete un crimen en su contra, este queda en la impunidad— como para los casos fraguados de criminalización que estamos viendo. Se inflan acusaciones, o se inventan acusaciones. Se fabrican y fraguan pruebas. Es muy, muy delicada la situación del país”.

Paz y Paz hizo historia al ser la primera funcionaria pública en enjuiciar los graves abusos contra los derechos humanos cometidos durante la guerra civil de Guatemala, que se prolongó durante décadas, entre ellos la acusación formal por genocidio contra el ex dictador Efraín Ríos Montt. Señala que la criminalización es “un arma muy poderosa en contra de la disidencia porque implica la pérdida de la libertad, implica un riesgo gravísimo para la integridad física… es una forma de silenciar a las voces que denuncian la corrupción y la impunidad”.

Habida cuenta de que Guatemala no garantiza el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, Paz y Paz cree que la presión y solidaridad internacionales pueden marcar la diferencia, citando por ejemplo las recientes sanciones de Estados Unidos a funcionarios y ex funcionarios públicos guatemaltecos por actos de corrupción, y las demandas contra empresas mineras en Canadá, acusadas de cometer delitos violentos en Guatemala.

La ex fiscal también se declara esperanzada por “el trabajo excelente que hacen el periodismo independiente, también los pocos funcionarios honestos que quedan en el país”, así como por la reciente huelga nacional: “la movilización ciudadana es una voz muy, muy poderosa para frenar el autoritarismo que estamos viviendo actualmente en el país”.

Desde Guatemala, Matzir muestra la misma convicción. “La fuerza espiritual la tenemos muy, muy fundamentada de nuestros ancestros y nuestras ancestras que han estado luchando por siglos [para] mantener la dignidad, mantener la posibilidad, la esperanza de construir un mundo mejor, un mundo más justo para las siguientes generaciones”, afirma. “El pueblo maya ha enfrentado tantas situaciones y ahora nos corresponde continuar. Tenemos que mantener esa vela encendida para seguir defendiendo los derechos que nos corresponden”.

Duncan Tucker es el jefe de prensa para las Américas de Amnistía Internacional. El caso de Bernardo Caal es parte de Escribe por los Derechos 2021, una campaña anual de Amnistía Internacional y el evento de activismo por los derechos humanos más grande del mundo.

Este reportaje fue publicado originalmente en Newsweek en español

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/11/mayan-teacher-locked-up-defending-sacred-river/