Estado venezolano debe comprometerse a investigar los ataques contra periodistas, abstenerse a criminalizar la denuncia y llevar a los responsables ante la justicia

Cuando se habla de represión y hostigamiento a la prensa no se puede ignorar a Venezuela. Los periodistas de este país tienen varios años sufriendo riesgos solo por el simple hecho de ejercer su profesión, muchos han sido víctimas de la censura, les han sido retenidos y destruidos sus equipos, han recibido insultos, amenazas y agresiones físicas por parte de funcionarios del Estado y grupos armados y, en el peor de los casos, han sido detenidos arbitrariamente y asesinados. 

En el año 2020 se reportaron 355 agresiones al trabajo periodístico en Venezuela. En lo que ha transcurrido del 2021, el Observatorio de Seguimiento de Agresiones a Periodistas y Medios del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) Caracas, refleja 163 casos. La censura, intimidación y el hostigamiento judicial fue lo que más ha resaltado entre las violaciones a la libertad de la prensa.

Entre el 2018 y 2020, Espacio Público contabilizó 7 trabajadores de la prensa asesinados, de los cuales, 4 casos continúan en total impunidad.[1]  

Para Edgar Cárdenas, secretario general del CNP, seccional Caracas, los principales obstáculos para el ejercicio profesional del periodismo en Venezuela, son por un lado, las amenazas, presiones y acciones violentas contra los periodistas para evitar que cumplan con la misión de informar;  y por el otro, la impunidad, vista como la ausencia de castigo a los responsables de esas acciones que atentan contra el indiscutible derecho a la libertad de expresión.

“Los periodistas venezolanos son detenidos en forma arbitraria, se les agrede físicamente, les roban sus equipos de trabajos, son objetos de amenazas y hasta se les impide la libre circulación. En medio de la más grave crisis política y social  que existe en el país, el periodismo, la libertad de expresión e información están siendo sometidos a la peor de las  persecuciones. Desde las altas esferas del poder pretenden imponer un silencio informativo, al intentar criminalizar la libertad de expresión e información, hostigando a los periodistas y medios, para instaurar la censura”, señaló Cárdenas.

Indicó que en Venezuela existe toda una política de Estado contra periodistas y medios, cuya finalidad es imponer el silencio informativo. Se intentan utilizar la figura y esencia  de los derechos humanos para fines nocivos y contrarios que buscan justificar la aprobación de leyes sancionatorias, sin justificación, que representan un atentado contra las libertades.

“En Venezuela, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó una ley denominada Contra el odio que en la práctica legitima la censura y criminaliza la opinión. Esta ley establece amplias restricciones en materia de pluralidad, acceso y diversidad, además de establecer sanciones contra ciudadanos, medios de comunicación, organizaciones y prestadores de servicio”.

Para Cárdenas el delito de Instigación al odio es una especie de comodín, que se usa para obligar a periodistas y medios a autocensurarse; representando un mecanismo de represión para imponer el silencio informativo.

Además, aseguró que desde el gobierno se mantiene  una política arbitraria  en contra de periodistas y demás trabajadores de la prensa a quienes se les dictan medidas judiciales, sin causa, sin condena ni juicio y en violación al debido proceso.

El uso del poder judicial para perseguir la libre difusión de información afecta el trabajo que deben cumplir comunicadores y medios, vulnerando el derecho a informar y estar informados; lo que deriva en la criminalización del periodismo y la libertad de expresión, así como la  legitimación de la censura.

Destacó que en 2020,  ocurrieron 61 detenciones arbitrarias y 51 agresiones físicas, representando una flagrante violación a la Constitución Nacional y  distintos  instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos. “Son graves por constituirse como herramientas intimidatorias, que  sirven para enviar un mensaje sobre las consecuencias de informar u opinar sobre temas sensibles para el poder en Venezuela”.

Represión en tiempos de pandemia

Ni la pandemia ha disminuido los ataques a la prensa, más bien se ha incrementado en aquellos profesiones que entre sus pautas tienen el deber de denunciar o visibilizar situaciones relacionadas al Covid-19. La información relacionada al virus continúa centralizada en voceros del gobierno nacional.

Desde que se estableció el confinamiento preventivo se vio obstaculizado el libre desplazamiento de los periodistas, además estuvo prohibida la cobertura periodística en hospitales y centros de salud, los cuales continúan resguardaos por fuertes despliegues de funcionarios de seguridad del Estado.

Se reportaron periodistas a los que se les fue confiscado el equipo de trabajo u ordenado borrar el material grabado sobre contagios, reclamos del personal de salud por el mal manejo de la pandemia, centros de vacunación y cualquier otra información relacionada al Covid-19.

Según el informe 2020/21 de Amnistía Internacional, Darvinson Rojas, periodista y preso de conciencia, fue detenido de forma arbitraria por difundir información sobre la Covid-19. Quedó en libertad al cabo de 12 días, pero siguió sometido a restricciones y actuaciones penales.[2]

Prensa criminalizada y rol del Estado

Cuando la prensa es criminalizada se apunta hacia la censura, el silencio informativo y la desinformación, lo que nos lleva a una sociedad desinformada e incapaz de tomar sus propias decisiones.

El secretario del CNP explica que la desinformación es un grave peligro para la salud democrática de un país, porque evita conocer la realidad de lo que acontece, ajustándose en muchos casos a intereses de grupos que desde el poder imponen propaganda y no la información oportuna y veraz.

“Hay total impunidad en los casos de agresiones a periodistas y medios. No hay culpables de los hechos violentos ocurridos en Venezuela, donde los colegas periodistas y demás trabajadores de la prensa resultaron detenidos arbitrariamente, robados, golpeados, asediados y perseguidos por funcionarios y  civiles afectos al gobierno”.

Ante el hostigamiento contra la prensa el Estado debe comprometerse a investigar los ataques a periodistas, abstenerse a criminalizar la denuncia y llevar a los responsables ante la justicia.

Cárdenas hace hincapié en que el Estado venezolano debería promover y defender los derechos humanos de los profesionales de la prensa, entre ellos la libertad de expresión, en un clima de equilibrio, justicia, bajo el respeto de la Constitución Nacional y demás leyes de la República, así como de los distintos instrumentos internacionales en derechos humanos.

“Debería garantizar el derecho al ejercicio de la libertad de expresión e información, de acuerdo al marco de los distintos instrumentos internacionales en materia de derechos Humanos, cumpliendo con el artículo 13 de la Convención Americana. Es decir, asegurar la libertad de investigar y buscar informaciones, opiniones y de difundirlas por cualquier medio. Asimismo, garantizar el libre acceso a la información pública, sin la imposición de restricciones o impedimentos no previstos en la norma”, dijo.

Reafirmó lo imperativo que significa que desde las altas esferas del poder se reconozca y practique el respeto a la libertad de expresión, entendiendo que sin ella es imposible que se desarrollen todos los elementos que permiten fortalecer la democracia. A partir de allí, lo pertinente sería generar una cultura gubernamental que asegure, en la realidad, las garantías plenas para el libre ejercicio de la libertad de expresión y la prensa en Venezuela.

Por Daniela Damiano