“Las autoridades egipcias están acusando a valientes activistas que se atreven a soñar con un futuro mejor para Egipto de difundir ‘información falsa’ que pone en peligro la seguridad nacional”, ha manifestado Philip Luther

El bienvenido levantamiento del estado de excepción, vigente desde hace años en Egipto, se ve enturbiado por los juicios en curso de decenas de defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas, figuras políticas de la oposición y manifestantes pacíficos detenidos arbitrariamente y a quienes se está juzgando en tribunales de excepción cuyos procedimientos son inherentemente injustos. Así lo ha declarado hoy Amnistía Internacional.

El 1 de noviembre, el bloguero y activista Alaa Abdel Fattah, el abogado de derechos humanos y director del Centro Adalah por los Derechos y las Libertados, Mohamed Baker, y el bloguero y activista Mohamed Ibrahim (conocido como Mohammed “Oxígeno”) comparecerán ante un Tribunal de Seguridad del Estado para el estado de excepción para enfrentarse a los cargos de motivación política de “difundir información falsa para socavar la seguridad nacional”; estos cargos están basados en sus publicaciones en redes sociales. Los tres han pasado más de dos años en una detención preventiva de carácter abusivo en condiciones terribles, en las que se les ha negado el acceso a abogados y el contacto regular con sus familias.

“El levantamiento del estado de excepción es una buena noticia en tanto que las autoridades ya no podrán remitir nuevos casos a los tribunales de excepción creados en virtud de ese estado. No obstante, el anuncio contiene una amarga sorpresa: está previsto que continúen los juicios en curso ante estos tribunales, unos juicios que han aumentando con la reciente oleada de remisiones de activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos”, ha manifestado Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Si quieren que esto represente un paso significativo para abordar la crisis de derechos humanos de Egipto, las autoridades deben poner en libertad inmediata e incondicional a quienes se enfrentan a juicio ante tribunales de excepción exclusivamente por ejercer de forma pacífica sus derechos humanos. Entre esas personas se encuentran Alaa Abdel Fattah, Mohamed Baker y Mohamed ‘Oxígeno’ Ibrahim, quienes ya han pasado más de dos años en prisión únicamente por su activismo pacífico y su defensa de los derechos humanos. Las autoridades deben asimismo poner fin por completo al uso de tribunales de excepción, ya que sus procedimientos incumplen las normas más básicas sobre juicios justos, incluido el derecho de las personas acusadas a que su declaración de culpabilidad y su condena sean revisadas por tribunales superiores.”

El 25 de octubre de 2021, el presidente Abdel Fattah Al Sisi anunció que no ampliaría el estado de excepción, vigente desde 2017.  Sin embargo, en los tres meses previos a esta decisión, las autoridades egipcias remitieron al menos a 20 defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y figuras políticas de la oposición para que fueran juzgados ante tribunales de excepción.

Los Tribunales de Seguridad del Estado para el estado de excepción de Egipto se activan durante un estado de excepción, ya que la Ley del Estado de Excepción permite al presidente nombrar jueces para los tribunales y designar qué delitos son de su competencia. A partir de ahí, la fiscalía puede remitir a estos tribunales todos los casos relacionados con esos delitos, pero ya no puede seguir haciéndolo una vez que concluye el estado de excepción. El artículo 19 de la ley que rige el estado de excepción dispone que los juicios en curso continuarán incluso cuando el estado de excepción ya no esté vigente.

Juicios por cargos infundados de “propagación de información falsa”

Los cargos contra Alaa Abdel Fattah y Mohamed Baker se derivan de sus críticas al trato que las personas recluidas reciben de las autoridades y a las muertes bajo custodia en circunstancias sospechosas, mientras que los cargos contra Mohamed “Oxígeno” se basan en sus publicaciones sobre el pésimo historial del gobierno en cuanto al respeto por los derechos socioeconómicos. Ninguna de sus publicaciones incluía incitación de ningún tipo a la violencia o al odio y, por tanto, están protegidas por la Constitución de Egipto y por la obligación internacional de respetar su derecho a la libertad de expresión.

Además del juicio de estos tres activistas, Amnistía Internacional tiene conocimiento de al menos otros 143 casos que han sido juzgados por Tribunales de Seguridad del Estado para el estado de excepción desde que el estado de excepción entró en vigor en abril de 2017, entre ellos juicios derivados exclusivamente del ejercicio pacífico del derecho a la libertad de reunión y expresión por parte de las personas acusadas.

Entre quienes están siendo juzgados ante Tribunales de Seguridad del Estado para el estado de excepción por cargos de difundir “información falsa” se encuentran el estudiante y defensor de los derechos humanos Patrick George Zaki, el ex parlamentario y abogado de derechos humanos Zyad el Elaimy, los periodistas y políticos Hisham Fouad y Hossam Moanis, el defensor de los derechos humanos Ezzat Ghoniem, la abogada de derechos humanos Hoda Abdelmoniem, el ex candidato presidencial del partido Masr al Qawiya Abdelmoniem Aboulfotoh, y el vicepresidente del partido Mohamed al Kassas. Todos ellos permanecen recluidos en una prolongada prisión preventiva en espera de que se investiguen acusaciones relacionadas con el terrorismo; algunos llevan recluidos más de dos años, periodo máximo absoluto para la prisión preventiva permitido por la legislación egipcia.

El 22 de junio de 2021, un Tribunal de Seguridad del Estado para el estado de excepción encargado de juzgar delitos menores declaró al estudiante Ahmed Samir Santawy culpable de cargos de publicar “información falsa” y lo condenó a cuatro años de prisión tras un juicio manifiestamente injusto en torno al contenido de publicaciones en redes sociales.

Los procedimientos en los Tribunales de Seguridad del Estado para el estado de excepción son inherentemente injustos. A las personas acusadas se les niega el derecho a apelar contra su declaración de culpabilidad y su condena ante un tribunal superior. Otras violaciones documentadas de las normas sobre juicios justos son las violaciones del derecho a contar con tiempo e instalaciones adecuadas para la preparación de la defensa, del derecho a comunicarse con un abogado de su propia elección y del derecho a una vista pública. Por ejemplo, Alaa Abdel Fattah y Mohamed Baker no han podido ver en privado a sus abogados desde mayo.

Además, los jueces del Tribunal de Seguridad del Estado para el estado de excepción deniegan sistemáticamente las solicitudes de los profesionales de la abogacía de fotocopiar los expedientes, que en algunos casos superan las 2.000 páginas, y les ordenan que los examinen en la sede judicial. Fiscales y jueces tampoco entregan copia del auto de procesamiento a las personas afectadas y a sus abogados o abogadas, lo que menoscaba su derecho de ser informadas de la naturaleza exacta y la causa de los cargos formulados en su contra.

Represalias bajo custodia

Alaa Abdel Fattah, Mohamed “Oxígeno” y Mohammed Baker permanecen recluidos en la Prisión de Máxima Seguridad Tora 2 en condiciones punitivas y abusivas que violan la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos.

Al contrario que otros presos, Alaa Abdel Fattah y Mohamed Baker permanecen confinados en sus celdas, pequeñas y mal ventiladas, y tienen prohibido salir a hacer ejercicio o tomar el aire y acceder a cualquier material de lectura. Duermen en mantas directamente en el suelo, sin camas ni colchones, lo que les provoca dolores articulares y de espalda. Las denuncias formales presentadas ante la fiscalía, que señalan que este trato constituye una violación de los derechos de los presos en virtud de la Ley de Prisiones egipcia, han sido ignoradas.

También se ha hecho caso omiso de la petición de los tres activistas para que les permitan acceder a vacunas contra la COVID-19, y no les han permitido llevar mascarilla ni usar gel hidroalcohólico a pesar de que se encuentran en celdas masificadas.

Todo ello ha tenido un efecto devastador en su salud mental. En agosto de 2021, Mohamed “Oxígeno” intentó suicidarse después de que le negaran durante meses las visitas de su familia y sus abogados, según la organización de derechos humanos Red Árabe por la Información de Derechos Humanos. Amnistía Internacional ha sabido que Alaa Abdel Fattah había manifestado pensamientos suicidas a sus abogados el mes pasado, y que se le ha negado la correspondencia regular con su familia.

“Las autoridades egipcias están acusando a valientes activistas que se atreven a soñar con un futuro mejor para Egipto de difundir ‘información falsa’ que pone en peligro la seguridad nacional. Ya es hora de que las autoridades pongan fin a la detención, el procesamiento, el encarcelamiento y el acoso de personas que critican o disienten de forma pacífica, y que desistan de equiparar el activismo pacífico político o de derechos humanos con el terrorismo”, ha manifestado Philip Luther.

Información complementaria

Alaa Abdel Fattah fue detenido el 29 de septiembre de 2019. Su abogado, Mohamed Baker, fue detenido ese mismo día en el edificio de la fiscalía cuando acudió a reunirse con su cliente. Al trasladarlo a la prisión en octubre de 2019, los guardias penitenciarios vendaron los ojos a Alaa Abdel Fattah, le desnudaron, le propinaron numerosos golpes y patadas, y lo sometieron, junto con Mohamed Baker, a amenazas e insultos. La fiscalía no ha ordenado investigaciones al respecto.

Mohamed “Oxígeno” Ibrahim permanece detenido arbitrariamente desde el 21 de septiembre de 2019.

El 19 de noviembre de 2020, el Tribunal de lo Penal de El Cairo añadió arbitrariamente a Alaa Abdel Fattah y Mohamed Baker a la “lista de terroristas” durante cinco años, sin el debido proceso. Esta decisión tiene como consecuencia la prohibición de viajar y de participar en actividades cívicas o políticas durante cinco años.