En los últimos 13 meses, las autoridades libanesas han obstruido repetidamente el curso de la investigación sobre la explosión del puerto dando todos los pasos posibles para impedir que se interrogue o procese a políticos y funcionarios implicados en la explosión

Ante la decisión de las autoridades libanesas de suspender la investigación sobre la explosión en el puerto de Beirut en 2020, tras las denuncias presentadas por dos parlamentarios citados para interrogatorio en las que acusan de parcialidad al juez instructor, Lynn Maalouf, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, ha declarado:

“Esta decisión sólo es la prueba más reciente de que los dirigentes políticos tenían un solo propósito desde el primer día de la investigación: impedirla. Y es un ejemplo más de su cruel desprecio por los derechos de víctimas, sobrevivientes y sus familias.”

“Los esfuerzos de las autoridades libanesas para proteger del escrutinio a políticos y funcionarios han obstaculizado cada paso de la investigación. Recusaron al primer juez de la causa y suspendieron el trabajo del segundo, se negaron a levantar la inmunidad de parlamentarios y no comparecieron cuando fueron citadas para su interrogatorio.

La suspensión de la investigación es simplemente otro recordatorio de la necesidad urgente de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, actualmente reunido en periodo de sesiones, establezca un mecanismo de investigación y atienda los llamamientos de decenas de organizaciones y familiares de víctimas, incluidas las recomendaciones de personal experto en derechos humanos de la UE y la ONU.”

En los últimos 13 meses, las autoridades libanesas han obstruido repetidamente el curso de la investigación sobre la explosión del puerto dando todos los pasos posibles para impedir que se interrogue o procese a políticos y funcionarios implicados en la explosión.

El ejemplo más reciente es el de dos parlamentarios citados para ser interrogados en relación con la explosión que acusaron de parcialidad política al juez Tarek Bitar, quien dirige la investigación sobre la explosión del puerto. El juez ya había intentado revocar la inmunidad de los parlamentarios así como interrogar al primer ministro Hassan Diab y a otros tres exministros, que actualmente son parlamentarios y altos cargos de las fuerzas de seguridad. Ninguno compareció para ser interrogado.

Es el segundo juez acusado de parcialidad por políticos o funcionarios citados para ser interrogados. El juez Fadi Sawan fue el primero en ser recusado por el Tribunal de Casación tras haber citado a figuras políticas para interrogatorio, y uno de los motivos de que se lo acusara de imparcialidad era que su propia casa había sufrido daños por la explosión.