Las autoridades egipcias prohibieron viajar al extranjero durante seis años al menos a 31 defensores y defensoras de los derechos humanos y miembros del personal de ONG

En respuesta a la noticia de que un juez egipcio ha detenido una investigación sobre al menos seis defensores y defensoras de los derechos humanos y personal de ONG (entre ellos Azza Soliman, Esraa Abdelfattah y Negad el Bor’ei), ha levantado las prohibiciones de viajar dictadas contra ellos y ha puesto fin a la congelación de bienes a que se había sometido a algunos de ellos en la Causa 173/2011, Lynn Maalouf, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha declarado:

“La decisión de levantar las prohibiciones de viajar y detener la investigación contra estos seis defensores y defensoras de los derechos humanos es la primera buena noticia desde que comenzó esta investigación contra organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil en 2014. Hace tiempo que estas medidas son una forma de represalia contra quienes defienden valientemente los derechos humanos, unas personas que, para empezar, no deberían haber sido objeto de estas medidas punitivas.”    

“Las autoridades egipcias deben retirar la Causa 173 de una vez por todas, y levantar todas las prohibiciones de viajar y las congelaciones de bienes contra al menos otros 20 defensores y defensoras de los derechos humanos que aún son objeto de estas medidas. Esta infame causa, que dura ya una década, ha sido solamente un intento desesperado por desmantelar el movimiento egipcio de derechos humanos y silenciar la disidencia mediante la intimidación, el acoso y las acciones judiciales de motivación política.”

“Aparte de esta causa, al menos 13 defensores y defensoras de los derechos humanos y personal de ONG continúan entre rejas por cargos infundados de terrorismo, mientras que decenas más se enfrentan a prohibiciones ilegales de viajar y juicios abusivos por cargos de difusión de noticias falsas. Si las autoridades egipcias quieren de verdad poner fin a la represión contra quienes defienden los derechos humanos, deben poner de inmediato en libertad a quienes están en detención arbitraria, eliminar las prohibiciones de viajar, anular las sentencias y poner fin a los procesamientos injustos de defensores y defensoras de los derechos humanos.”

Información complementaria

El 30 de agosto, el juez de instrucción de la Causa 173/2011 envió a los medios de comunicación egipcios un comunicado de prensa en el que anunciaba que había archivado la investigación y había eliminado las prohibiciones de viajar y las congelaciones de bienes contra cuatro organizaciones de derechos humanos y su personal; entre las personas afectadas se encuentran Azza Soliman, Esraa Abdelfattah, Negad El Bor’ei, Hossam Ali y Magdy Abdelhamid. No está claro si el Ministerio del Interior ha retirado ya oficialmente sus nombres de la lista de prohibiciones de viajar.

Sin embargo, continúan las investigaciones de la Causa 173 sobre otros destacados defensores y defensoras de los derechos humanos, entre ellos Gamal Eid, director de la Red Árabe por la Información de Derechos Humanos, Hossam Bahgat, fundador y director de la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales, y Mozn Hassan, directora de Nazra para Estudios Feministas. Entre las personas incluidas en la causa se encuentran también Mohamed Zaree, director del Programa de Egipto del Instituto Cairota de Estudios de Derechos Humanos, y Aida Seif al-Dawla, Magda Adly y Suzan Fayad, fundadoras y directoras del Centro El-Nadeem para Rehabilitación de Víctimas de Tortura.

Desde 2014, los jueces de instrucción han llevado a cabo una investigación penal sobre el trabajo y la financiación de ONG egipcias y han dictado órdenes de congelación de bienes contra siete organizaciones y 10 personas que defienden los derechos humanos. Las autoridades egipcias prohibieron viajar al extranjero durante seis años al menos a 31 defensores y defensoras de los derechos humanos y miembros del personal de ONG. Distintos tribunales han rechazado varios recursos presentados por defensores y defensoras contra las medidas restrictivas punitivas que les han sido impuestas.