Amnistía Internacional y el CSRC concluyeron que el parque había avisado verbalmente a las familias del desalojo con sólo una semana de antelación, lo que contraviene las normas internacionales y los requisitos establecidos en la nueva Ley de Vivienda de Nepal

Los pueblos indígenas de Nepal han sufrido en los últimos cinco decenios una lista interminable de violaciones de derechos humanos como consecuencia de políticas de conservación abusivas, afirman Amnistía Internacional y el Centro de Autosuficiencia Comunitaria (CSRC por sus siglas en inglés) en un nuevo informe publicado hoy.

El informe, Violations in the name of conservation, documenta cómo el establecimiento de parques nacionales y otras “zonas protegidas” ha tenido como resultado el desalojo forzoso de decenas de miles de personas indígenas de sus tierras ancestrales y la negación del acceso a zonas de las que dependen para su subsistencia. Centrándose en los ejemplos de los parques nacionales de Chitwan y Bardiya, el informe pone de relieve cómo en muchos casos la aplicación de estas políticas ha dado lugar a detenciones arbitrarias, tortura, homicidios ilegítimos y desalojos forzosos de asentamientos informales.

“El caso de Nepal se pone a menudo como ejemplo de historia de éxito en materia de conservación. Lamentablemente, los pueblos indígenas del país que vivían en estas zonas protegidas y dependían de ellas desde hace generaciones han pagado un precio muy alto por este éxito”, ha afirmado Dinushika Dissanayake, directora adjunta de Amnistía Internacional para Asia meridional.

“A partir de la década de 1970, los gobiernos de Nepal han adoptado un enfoque de la conservación que ha expulsado a los pueblos indígenas de sus tierras ancestrales y ha limitado gravemente su capacidad para acceder a alimentos, plantas medicinales y otros recursos tradicionales. La aplicación rigurosa de estas políticas ha dado lugar con posterioridad a numerosos casos de tortura u otros malos tratos y homicidios ilegítimos.”

Desalojos forzosos

Los parques nacionales y otras “zonas protegidas” abarcan casi la cuarta parte del territorio de Nepal, y la gran mayoría están situados en las tierras ancestrales de los pueblos indígenas de Nepal. Decenios después de su establecimiento, muchas personas indígenas que fueron desalojadas continúan sin tierras y expuestas a sufrir nuevos desalojos forzosos de los asentamientos informales en los que ahora viven. No se les proporcionado acceso a medios de vida alternativos ni han recibido indemnizaciones por las pérdidas sufridas.

Amnistía Internacional y el CSRC han documentado varios incidentes recientes de desalojos forzosos o intentos de desalojo por parte de las autoridades de los parques nacionales, entre ellos los de Chitwan y Bardiya. El 18 de julio de 2020, las autoridades del Parque Nacional de Chitwan desalojaron por la fuerza a 10 familias de la comunidad chepang desplazadas debido a inundaciones y corrimientos de tierras que vivían en una zona de contención —zonas designadas para proporcionar a la población local acceso a recursos forestales— fuera de los límites del parque.

Amnistía Internacional y el CSRC concluyeron que el parque había avisado verbalmente a las familias del desalojo con sólo una semana de antelación, lo que contraviene las normas internacionales y los requisitos establecidos en la nueva Ley de Vivienda de Nepal. El Ministerio de Bosques y Medioambiente abrió una investigación oficial sobre el incidente ese mismo mes, pero Amnistía Internacional y el CSRC no han podido obtener información sobre los resultados de la investigación a pesar de sus reiteradas peticiones.

En el Parque Nacional de Bardiya, algunas personas indígenas siguen pagando el impuesto sobre la tierra denominado malpot aunque no tienen acceso a sus tierras desde que las inundaciones y el cambio del curso del río dieron lugar a la consideración de las tierras como parte del parque nacional hace decenios. Personas afectadas dijeron a Amnistía Internacional y al CSRC que lo hacen con la esperanza de que un día volverán a tener acceso a sus tierras, y porque se les exigen los justificantes de pago del malpot para reclamar indemnizaciones por los daños sufridos por las cosechas.

Acceso a alimentos y recursos

La Ley de Parques Nacionales y Conservación de la Naturaleza de 1973 sigue siendo la ley general que regula las “zonas protegidas”. Esta ley restringe la caza, la actividad ganadera, la tala de árboles, el cultivo de tierras o el uso de los bosques, y prohíbe toda construcción en parques nacionales o reservas de fauna y flora, medidas que han tenido graves efectos y han alterado radicalmente la forma de vida de los pueblos indígenas.

Al margen de quienes viven en zonas de contención con acceso a los bosques de las zonas, las personas indígenas que se han reasentado fuera de este tipo de zonas tienen prohibido visitar los parques nacionales, lo que les priva de acceso a sus hogares, tierras y otros recursos forestales para valerse por sí mismas y les obliga a pagar costos que no pueden permitirse, lo que a su vez puede dar lugar a inseguridad alimentaria y problemas de salud y vivienda.

Debido a la falta de medios de vida alternativos, a las dificultades económicas y a la imposibilidad de sufragar los gastos domésticos, muchas personas indígenas desalojadas de sus tierras se han visto obligadas a convertirse en aparceros (bataiya), y cultivan las tierras de otras personas a cambio del 50 por ciento de la cosecha.

El sistema de bataiya, que se rige por normas sociales en vez de jurídicas, tiene graves repercusiones en materia de derechos humanos. Personas residentes en los distritos de Banke y Bardiya entrevistadas informaron de que con frecuencia han sufrido explotación de los terratenientes, que incluye tener que hacer trabajo doméstico o recolectar forraje y leña sin percibir remuneración.

Detención y reclusión arbitrarias, tortura y otros malos tratos y uso excesivo de la fuerza

Las personas indígenas son objeto a menudo de detención y reclusión por entrar en los parques y reservas nacionales. Muchas de ellas han sufrido malos tratos, y en ocasiones tortura, a manos de efectivos del ejército desplegados en los parques. Algunas han perdido la vida como consecuencia de estas acciones, como Raj Kumar Chepang, de 26 años, que murió tras ser golpeado por militares en Chitwan en julio de 2020.

El marco jurídico nacional no define ni limita con claridad las atribuciones de las fuerzas armadas de Nepal en materia de detención y reclusión y de uso de la fuerza en los parques nacionales y otras “zonas protegidas”. Un estudio reciente en la zona de contención de Chitwan reveló que la función de las fuerzas armadas de Nepal en la conservación se está ampliando, y la militarización de los parques nacionales es cada vez mayor.

“Desde hace casi medio siglo, los pueblos indígenas de Nepal se han visto desprotegidos por gobiernos que tenían la obligación constitucional de respetar sus derechos. Para comenzar a reparar estos daños, las autoridades de Nepal deben reconocer los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales y permitirles retornar a ellas”, ha afirmado Jagat Basnet, director ejecutivo del CSRC.

“Esto debe ir acompañado de reformas legales que garanticen el derecho de los pueblos indígenas a participar en la gestión de las zonas de conservación y de un proceso inclusivo y participativo para acordar indemnizaciones adecuadas por los agravios infligidos por las autoridades de Nepal.”