Las autoridades tailandesas deben respetar este acuerdo. La imposición de multas a trabajadores y activistas de derechos humanos que participan pacíficamente en una mesa redonda es una violación manifiesta del derecho a la libertad de expresión

Ante las multas impuestas a una miembro del personal de Amnistía Internacional, a tres personas que participaban en una mesa redonda sobre la desaparición forzada de activistas tailandeses, incluido Wanchalearm Satsaksit, celebrada el 4 de julio, y a su moderadora, Yamini Mishra, directora regional de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía, ha declarado:

“La miembro de nuestro personal se limitaba a hacer su trabajo de dar a conocer en Tailandia el derecho internacional de los derechos humanos. Las autoridades tailandesas no deben multarla ni a ella ni a quienes organizaron la mesa redonda ni al resto de participantes en ésta sólo por hablar de las obligaciones de las autoridades tailandesas en materia de derechos humanos y del largo historial de desapariciones forzadas en esta región”.

“Amnistía Internacional es una organización global de derechos humanos y nuestra labor es animar a todos los gobiernos y actores no estatales a que cumplan el derecho internacional de los derechos humanos”.

“Los defensores y defensoras de los derechos humanos desempeñan una función decisiva para proteger las libertades en el seno de la sociedad. Intimidarlos y multarlos constituye es una amenaza no sólo para estos activistas, sino también para cualquier persona que trate de defender con valentía los derechos de otras personas”.

“La constante continua de desapariciones forzadas y la represión por las autoridades del derecho a la libertad de expresión son motivos de gran preocupación en lo que se refiere a los derechos humanos en Tailandia. Las autoridades deben asumir su responsabilidad con urgencia y abordar estos problemas, que existen desde hace ya tiempo”.

“Las autoridades tailandesas deben dejar de imponer multas a personas que ejercen pacíficamente sus derechos humanos y dejar de usar la pandemia como excusa para intensificar su represión”.

Información complementaria

Las autoridades citaron a cinco personas, entre ellas una miembro del personal de Amnistía Internacional, para que comparecieran ante una comisaría de policía de Bangkok hoy a la 1 de la tarde y pagar una multa.

Ésta fue impuesta en aplicación de la Ley sobre Tráfico Rodado y la Ley sobre el Mantenimiento de la Limpieza y el Orden como multa administrativa por su participación en una mesa redonda presencial celebrada el 4 de julio, dedicada a la desaparición forzada de activistas tailandeses, incluido el activista tailandés presuntamente secuestrado Wanchelearm Satsaksit. También se las ha acusado formalmente en virtud de la Ley de Control B. E. 2493 por el uso de un altavoz para anunciar el evento.

Las otras cuatro personas son la moderadora de la mesa y tres personas que intervinieron en ésta: una persona que había participado en protestas, un estudiante de 18 años y un abogado amigo de un hombre que fue objeto de desaparición forzada.

Wanchalearm Satsaksit es un activista tailandés que fue objeto de desaparición forzada en Phnom Penh el 4 de junio de 2020. Su desaparición forzada entra en una constante enormemente alarmante de secuestros y homicidios de la que desde junio de 2016 han sido víctimas al menos nueve activistas tailandeses en el exilio a manos de personas desconocidas en los países vecinos de Laos y Vietnam.

La decisión de multar a una miembro del personal de Amnistía Internacional junto con otras cuatro personas activistas de derechos humanos se produce en un contexto de esfuerzos en curso de las autoridades tailandesas por silenciar las críticas y reprimir la libertad de expresión.

El 29 de julio de 2021, el primer ministro Prayut Chan-o-cha introdujo la prohibición de la distribución de “noticias falsas”, que afecta a cualquier persona que difunda en Internet informaciones que creen malestar social o miedo, perjudiquen la seguridad nacional o pongan en duda la respuesta del Estado a la crisis del coronavirus, incluso si la información publicada es objetivamente correcta y en interés de la salud pública.

En abril de 2020, las autoridades tailandesas presentaron un proyecto de ley para regular a los grupos sin ánimo de lucro en el contexto de sus esfuerzos por aprobar leyes represivas que amordacen aún más a los grupos de la sociedad civil y a las organizaciones no gubernamentales (ONG). En la iteración más reciente, la ley conferiría al gobierno facultades para prohibir arbitrariamente grupos, invadir la privacidad de las organizaciones y vulnerar el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.

En respuesta a las decenas de miles de personas que tomaron las calles para exigir reformas democráticas en 2020 y 2021 en Bangkok, la capital, y en provincias de todo el país, la policía ha empleado fuerza excesiva e innecesaria para dispersar a quienes protestaban pacíficamente y ha detenido a cientos de manifestantes.

Según Abogados Tailandeses por los Derechos Humanos, entre julio de 2020 y junio de 2021 han sido acusadas al menos 695 personas (44 de ellas menores de edad) de cargos penales —como sedición, difamación de la familia real, delitos informáticos, violación de la Ley de Reuniones Públicas— en 374 causas por participar en protestas pacíficas.

Además, según la norma núm. 27 que entró en vigor el 12 de julio en virtud de un decreto de emergencia, las personas que vulneren los protocolos de prevención de la COVID-19 podrían ser condenadas a una pena máxima de dos años de prisión o a una multa de hasta 40.000 bahts.

La Declaración de la ONU sobre los Defensores y las Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU con el consenso de Tailandia y de todos los demás Estados, garantiza los derechos de las personas a formar organizaciones, asociaciones o grupos de la sociedad civil para promover o defender los derechos humanos, así como a unirse a y participar en ellos.

Las autoridades tailandesas deben respetar este acuerdo. La imposición de multas a trabajadores y activistas de derechos humanos que participan pacíficamente en una mesa redonda es una violación manifiesta del derecho a la libertad de expresión.