Amnistía Internacional apoya a las familias de las víctimas en su petición a las autoridades libanesas de que suspendan inmediatamente todas las inmunidades concedidas a los altos cargos, con independencia de su función y su puesto

Las autoridades libanesas han pasado el último año obstruyendo descaradamente la búsqueda de la verdad y la justicia tras la explosión del puerto de Beirut, ha dicho Amnistía Internacional en vísperas del primer aniversario de la catástrofe.

La explosión de 2.750 toneladas de nitrato de amonio que se produjo en el puerto de Beirut el 4 de agosto de 2020, mató a 217 personas e hirió a 7.000, ocasionó el desplazamiento de 300.000 personas y causó una destrucción generalizada, cuyos devastadores efectos afectaron a edificios situados en un radio de 20 km.

Durante el año transcurrido desde entonces, los constantes esfuerzos realizados por las autoridades libanesas para proteger del escrutinio a los cargos públicos han obstaculizado reiteradamente el curso de las investigaciones. Así, destituyeron al juez designado para la investigación cuando citó a figuras políticas para interrogarlas, y se han negado hasta ahora a las peticiones del nuevo juez de instrucción de retirar la inmunidad procesal parlamentaria e interrogar a altos cargos de las fuerzas de seguridad en relación con la tragedia.

“La explosión, una de las mayores explosiones no nucleares de la historia, causó una devastación generalizada y un inmenso sufrimiento. Las autoridades libanesas prometieron una investigación rápida, pero en lugar de eso han bloqueado y paralizado descaradamente la acción de la justicia a cada paso, a pesar de la incansable campaña que llevan a cabo supervivientes y familiares de las víctimas para que se haga justicia y se establezcan responsabilidades penales”, ha declarado Lynn Maalouf, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“Desgraciadamente, el gobierno libanés no protegió las vidas de su ciudadanía, igual que desde hace mucho tiempo no protege sus derechos socioeconómicos básicos. Al bloquear los intentos del juez de citar a altos cargos políticos, las autoridades han asestado otro golpe a la población de Líbano. Dada la magnitud de esta tragedia, es asombroso ver hasta dónde están dispuestas a llegar las autoridades libanesas para protegerse del escrutinio..”

A punto de cumplirse el primer aniversario de la explosión, la ciudadanía de Beirut aún sigue recuperándose de su catastrófico impacto.

Mireille Khoury, cuyo hijo Elias, de 15 años, murió en la explosión, describió a Amnistía Internacional los terribles acontecimientos de ese día:

“El día 4 de agosto fue como el fin del mundo. Pensábamos que había sido sólo un incendio [...] Quedé inconsciente y, cuando me desperté, mi casa estaba en ruinas. Mi hija me preguntaba qué pasaba. Estaba herida, y yo también. Corrí afuera y encontré a mi hijo en la escalera, herido y ensangrentado [...] Ese día nos arruinaron la vida”, dijo.

“Si las autoridades libanesas permiten que nadie rinda cuentas por este crimen, pasarán a la historia de la peor forma posible”, afirmó, añadiendo que cree que la única forma de conseguir que se haga justicia es una investigación internacional.

Según documentos oficiales que se han filtrado, las autoridades aduaneras, militares y de seguridad libanesas, así como las judiciales, habían advertido a los sucesivos gobiernos de la peligrosa acumulación de productos químicos explosivos en el puerto al menos en 10 ocasiones en los últimos seis años, sin que se hubiera tomado medida alguna al respecto. El presidente también declaró que tenía conocimiento del peligro, pero “había dejado el asunto en manos de las autoridades portuarias”.

A pesar de esto, miembros del Parlamento y altos cargos han reclamado su derecho a la inmunidad procesal en el transcurso de la investigación. Esta táctica, utilizada reiteradamente desde hace décadas en el contexto de la amnistía posconflicto en Líbano, supone en la práctica un blindaje de los presuntos perpetradores de graves crímenes de derecho internacional, y niega a miles de víctimas toda forma de reconocimiento, y mucho menos de justicia.

Obstrucción de la justicia

El 10 de diciembre de 2020, Fadi Sawan, el primer juez instructor designado para investigar los hechos, acusó de “negligencia” al exministro de Economía Ali Hassan Khalil y a los exministros de Obras Públicas Youssef Fenianos y Ghazi Zeaiter, y al primer ministro interino Hassan Diab, de “negligencia”. Todos ellos se negaron a comparecer ante el juez. Hassan Diab denunció que la decisión era una violación de la Constitución. Ghazi Zeaiter y Ali Hassan Khalil presentaron una demanda ante el Tribunal de Casación para que el juez Sawan fuera retirado de la investigación, alegando que, como miembros del Parlamento, gozaban de inmunidad procesal.

La respuesta del juez Sawan fue suspender la investigación el 17 de diciembre de 2020 durante casi dos meses. Poco después del 18 de febrero de 2021, el Tribunal de Casación lo apartó de la investigación, una decisión recibida con gran indignación por las familias de las víctimas, que se echaron a la calle condenando la injerencia política en la investigación.

El 2 de julio de 2021, el nuevo juez asignado al caso, Tarek Bitar, solicitó al Parlamento la retirada de la inmunidad procesal a los parlamentarios Ali Hasan Khalil, Ghazi Zeaiter y Nouhad Machnouk, y a varios altos cargos más.

En respuesta, 26 integrantes de los bloques parlamentarios del presidente del Parlamento Nabih Berri, el Movimiento Amal, Hezbollah y el Movimiento por el Futuro, firmaron una petición para que se abriera un procedimiento paralelo, tratando de evitar ser interrogados por el juez Bitar. Seis de ellos retiraron más tarde su firma, tras la indignación de familiares de víctimas y activistas de la sociedad civil en las redes sociales.

Aparte, el ministro del Interior rechazó la petición del juez Bitar para interrogar al jefe de la Seguridad General, Abbas Ibrahim, uno de los generales de alto rango del país. El juez ha recurrido esta decisión. Recientemente se han tomado decisiones más positivas, como la de los colegios de abogados de Beirut y Trípoli de levantar la inmunidad procesal a altos cargos que son también abogados, pero, hasta la fecha, la inmunidad procesal de los parlamentarios sigue vigente.

Garantizar la inmunidad procesal a altos cargos políticos es directamente contrario a las obligaciones contraídas por Líbano en virtud del Protocolo de Minnesota de la ONU de 2016, que tiene por objeto proteger el derecho a la vida y promover la justicia, la rendición de cuentas y el derecho a un recurso. El Protocolo identifica como muerte potencialmente ilícita la que “podría ser resultado del incumplimiento por el Estado de su obligación de proteger la vida”. En tales casos, los Estados tienen la obligación de hacer rendir cuentas a los perpetradores, y la impunidad que sea resultado de “la injerencia política” o de “una amnistía general” es incompatible con esa obligación.

Amnistía Internacional apoya a las familias de las víctimas en su petición a las autoridades libanesas de que suspendan inmediatamente todas las inmunidades concedidas a los altos cargos, con independencia de su función y su puesto.

En junio, Amnistía Internacional escribió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, junto con una coalición de más de 50 organizaciones libanesas e internacionales, pidiendo una misión internacional de investigación, como una misión de investigación de un año, sobre la explosión de Beirut. La carta ponía de manifiesto diversos defectos de procedimiento y sistémicos que impedían que Líbano cumpliera su obligación internacional de proporcionar un resarcimiento a las víctimas.

“Las semanas de protestas de supervivientes y familiares de víctimas son un crudo recordatorio de lo que está en juego. Su dolor y su cólera se han exacerbado a medida que las autoridades han ido obstaculizando una y otra vez el ejercicio de su derecho a la verdad y la justicia”, ha manifestado Lynn Maalouf.

“El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe escuchar su petición y establecer urgentemente un mecanismo de investigación para determinar si la conducta del Estado causó o contribuyó a las muertes ilícitas, y qué medidas es necesario tomar para garantizar a las víctimas el derecho a un recurso efectivo.”