La Defensoría de los Derechos francesa ha criticado reiteradamente los controles de identidad discriminatorios y ha exigido una reforma. En 2016, el Tribunal de Casación resolvió que los controles de identidad de tres hombres jóvenes en 2011 constituían discriminación y “conducta indebida grave que compromet[ía] la responsabilidad del Estado”

Francia no ha tomado las medidas necesarias para prevenir y remediar el uso de criterios raciales por la policía en los controles de identidad, práctica que constituye discriminación sistemática, según han manifestado hoy seis organizaciones de derechos humanos francesas e internacionales al interponer una demanda colectiva contra el Estado francés.

Antoine Lyon-Caen, abogado ante el Consejo de Estado y el Tribunal de Casación de Francia, llevó el caso al Consejo de Estado, el tribunal administrativo francés de mayor rango, en representación de la Casa Comunitaria por un Desarrollo Solidario (Maison Communautaire pour un Dévelopement Solidaire), Pazapas, la Red Igualdad, No Discriminación, Justicia Interdisciplinaria (Réseau Egalité, Antidiscrimination, Justice Interdisciplinaire), Amnistía Internacional Francia, Human Rights Watch y la Iniciativa Pro-Justicia de la Sociedad Abierta.

Las organizaciones iniciaron el procedimiento en enero de 2021 con el envío de una carta de emplazamiento al primer ministro, el ministro del Interior y el ministro de Justicia para presionar para que se hagan reformas estructurales y se tomen medidas concretas que pongan fin a las prácticas policiales discriminatorias, problema que el presidente de la república ha reconocido. Las autoridades no respondieron en el periodo de cuatro meses previsto en el procedimiento de demanda colectiva. Su silencio es especialmente doloroso para las víctimas diarias de estas prácticas discriminatorias, afirmaron las organizaciones.

La demanda colectiva es un procedimiento innovador del derecho francés que permite a grupos de la sociedad civil pedir a los tribunales que ordenen a las autoridades tomar medidas para poner fin a la práctica ilegal generalizada del uso de perfiles raciales.

Los grupos están pidiendo al Consejo de Estado que declare al Estado francés culpable de no prevenir el uso generalizado de perfiles raciales por la policía y ordene a las autoridades que efectúen las reformas necesarias, entre ellas:

• Modificar las facultades para realizar controles de identidad de manera que se prohíba explícitamente la discriminación, abolir los controles de identidad preventivos y delimitar la autoridad policial para garantizar que todos los controles de identidad, incluidos los ordenados por fiscales, se basan en motivos objetivos e individuales;
• Adoptar una normativa e instrucciones específicas sobre los controles de niños y niñas;
• Crear un sistema para registrar y evaluar los datos sobre los controles de identidad y proporcionar a las personas controladas un registro del control;
• Crear un procedimiento de presentación de quejas independiente y eficaz, y
• Cambiar los objetivos institucionales, las directrices y la formación de la policía en cuanto a la interacción con la ciudadanía, entre otras cuestiones.

Esta demanda histórica llega tras años de inacción de las autoridades francesas, que han permitido que continúen estas prácticas ilegítimas que afectan a un número significativo de personas. La causa se basa en importantes indicios de que la policía emplea de forma generalizada perfiles raciales basados en características físicas asociadas a un origen étnico o racial real o percibido.

La ausencia de un marco jurídico estricto que respete las normas jurídicas de no discriminación permite a la policía hacer uso de facultades excesivamente amplias para efectuar controles de identidad discriminatorios. Hay estudios cuantitativos que demuestran que los hombres y los niños percibidos como negros o árabes son objeto de acciones de control y cacheo de forma desproporcionada, y en informes cualitativos se ha documentado el impacto devastador de la actuación policial discriminatoria, incluso en niños de tan solo 12 años.

La querella interpuesta el 22 de julio demuestra que el uso de perfiles raciales por la policía francesa constituye discriminación sistemática —definida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU como “ normas legales, políticas, prácticas o actitudes culturales predominantes en el sector público [...] que generan desventajas comparativas para algunos grupos y privilegios para otros”— y detalla la respuesta insuficiente del Estado francés hasta la fecha para ponerle fin.

Entre las medidas adoptadas que han demostrado ser insuficientes están el uso de cámaras corporales y la obligación de los agentes de policía de llevar el número de placa. Las autoridades han rechazado sistemáticamente todos los intentos de registrar los controles de identidad y proporcionar a las personas controladas algún tipo de registro del procedimiento.

El 28 de junio, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos señaló a Francia por los controles policiales discriminatorios en su informe sobre Promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los africanos y los afrodescendientes frente al uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de los derechos humanos por los agentes del orden. En el pasado, otras autoridades de la ONU y la Unión Europea han instado a las autoridades francesas a poner fin a los controles de identidad discriminatorios.

El 8 de junio, el Tribunal de Apelaciones de París volvió a condenar al Estado francés por “conducta indebida grave” por el control discriminatorio de tres estudiantes en una estación de tren de París en 2017 cuando regresaban de un viaje escolar.

La Defensoría de los Derechos francesa ha criticado reiteradamente los controles de identidad discriminatorios y ha exigido una reforma. En 2016, el Tribunal de Casación resolvió que los controles de identidad de tres hombres jóvenes en 2011 constituían discriminación y “conducta indebida grave que compromet[ía] la responsabilidad del Estado”.

El Consejo de Estado está facultado para ordenar al Estado que ponga fin a estas prácticas estigmatizantes, humillantes y degradantes, han manifestado las organizaciones.