La detención de Vannesa Rosales ocurre en un contexto de represión sistemática y criminalización contra personas defensoras de derechos humanos en Venezuela

Vannesa Rosales es una docente y defensora de los derechos de las mujeres y niñas en el estado Mérida (Occidente). El 12 de octubre de 2020, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) entraron a su domicilio sin orden judicial y la llevaron detenida, violando las garantías al debido proceso. Vannesa es acusada de asistir a una niña de 13 años, cuya vida corría peligro, en la interrupción de un embarazo producto de una violación. Desde el 11 de enero de 2021, Vannesa se encuentra bajo arresto domiciliario y su audiencia preliminar está agendada para el 21 de julio de 2021. El Fiscal General debe retirar los cargos contra Vannesa y ponerla en libertad.

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO

Fiscal General
Tarek William Saab
Av. México cruce con Maduca A Pelelojo,
Edificio Fiscalía

Señor Fiscal General Tarek William Saab,

Escribo con alarma por la detención arbitraria y criminalización de Vannesa Rosales, docente, trabajadora social y defensora de los derechos de las mujeres y niñas en Venezuela. El 12 de octubre de 2020 fue detenida arbitrariamente tras una inspección ilegal a su domicilio por parte de funcionarios del CICPC.

A Vannesa se le acusa de los delitos de aborto inducido a terceros, asociación para delinquir y agavillamiento por facilitar información y apoyo en la interrupción del embarazo de una niña de 13 años, a solicitud de su madre. La vida de la niña corría peligro debido a su estado de embarazo y había sido víctima de abuso sexual en Pueblo Nuevo, Mérida.

Desde una medida cautelar dictada el 11 de enero, Vannesa se encuentra privada de su libertad en su domicilio y aún no se ha realizado la audiencia preliminar.

Vannesa no debe enfrentarse a un juicio penal, y debe ser liberada cuanto antes. Por esto, pido que todos los cargos contra Vannesa sean retirados, y si el caso sigue -injustamente- abierto, debería continuar el proceso en libertad, tal como lo establecen las leyes y estándares internacionales en materia de prisión preventiva. Entre tanto, pido que se garantice su integridad física y psicológica. Quienes ejercen pacíficamente la defensa de los derechos humanos en Venezuela no deben ser criminalizados.

Atentamente,
[Nombre]

Información complementaria

La detención de Vannesa Rosales ocurre en un contexto de represión sistemática y criminalización contra personas defensoras de derechos humanos en Venezuela. Las prácticas de hostigamiento y estigmatización contra quienes ejercen esta labor en el país son constantes y muchos son blanco de represalias tales como amenazas, estigmatización pública, detenciones arbitrarias y ataques a su integridad física.

Los derechos sexuales y reproductivos son gravemente restringidos en Venezuela, cuya legislación en esta materia es una de las más restrictivas de América Latina. La interrupción del embarazo se tipifica como delito bajo el código penal, a excepción de casos en los que la vida de la persona gestante esté en peligro. Pese a reiterados llamados por parte de organizaciones nacionales en pro de los derechos sexuales y reproductivos, organismos internacionales, e incluso gremios como la Federación Médica Venezolana, Venezuela sigue contando con una normativa frente al aborto contraria a las leyes y estándares internacionales de derechos humanos y que no se ajusta a la realidad actual en el país.

La ausencia de políticas públicas efectivas en materia de salud sexual y reproductiva, la escasez generalizada de información y métodos anticonceptivos de cualquier tipo, las limitaciones a los servicios médicos reproductivos, y el deterioro del sistema de salud público en Venezuela obstruyen significativamente el goce y disfrute de los derechos sexuales y reproductivos. Muchas niñas y adolescentes en Venezuela viven en condiciones de vulnerabilidad, en medio de una frágil situación económica, limitadas oportunidades educativas y expuestas a violencia basada en género en sus ambientes sociales. Todo esto se traduce en el aumento de la tasa de embarazo en adolescente, abortos clandestinos, mortalidad materna y menor calidad de vida para las mujeres en Venezuela.

En el año 2014, el Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), realizó observaciones sobre la legislación de Venezuela en materia de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes e interrupción del embarazo. Entre ellas, señaló su preocupación por el insuficiente trabajo en medidas que aborden la violencia contra niñas y mujeres, y la falta de acceso efectivo a la justicia para ellas. Asimismo, alertó sobre “La legislación restrictiva en materia de aborto que obliga a las mujeres a recurrir al aborto en condiciones de riesgo, que a menudo perjudica la salud de la mujer embarazada y a veces causa la muerte”, instando al gobierno a modificar su legislación en casos particulares como violación y garantizar la disponibilidad de servicios para la interrupción segura del embarazo.

En octubre de 2020, Vannesa Rosales atendió una solicitud de apoyo de una mujer y su hija de 13 años. La niña fue su alumna y había sido víctima de violación por parte de un hombre de su vecindario, lo que había resultado en embarazo. En una consulta médica previa, la madre de la niña había sido advertida que el embarazo ponía en riesgo la vida de su hija.

Como parte de las irregularidades cometidas desde el inicio del proceso, el CICPC se presentó en el centro de salud donde la niña acudió junto a su madre para recibir atención posaborto. De acuerdo con la información disponible, aunque el CICPC había recibido la denuncia de violación y no había llevado a cabo una investigación hasta el momento, procedió a tomar la declaración de la niña sin representación legal y a establecer quién le había ayudado a interrumpir el embarazo. Esta declaración tomada de manera ilegal fue usada para justificar la posterior detención
de Vannesa Rosales.

La niña a quien Vannesa acompañó en la interrupción de su embarazo pertenecía a una comunidad de escasos recursos; esta condición la ponían en una situación de aún más precariedad. El agresor sexual se encuentra prófugo de la justicia mientras Vannesa continúa privada de libertad.

El caso de Vannesa visibiliza la ausencia de respuesta pertinente por parte del Estado ante hechos de violencia contra las mujeres, particularmente violencia sexual, así como la falta de garantías para que las mujeres puedan acceder a servicios de salud sexual y reproductiva oportunos, seguros y adecuados. Por el contrario, aquellas mujeres que dedican su vida a apoyar a víctimas y luchar por sus derechos están siendo criminalizadas.

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: español. También pueden escribir en su propio idioma.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 7 de septiembre del 2021. Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Vannesa Rosales (ella)

ENLACE A LA AU ANTERIOR: Ninguno

URL OFICIAL DE LA ACCIÓN URGENTE: https://www.amnesty.org/es/documents/amr53/4454/2021/es/