Este informe forma parte de la campaña global de solidaridad #StandWithBelarus lanzada por Amnistía Internacional el 27 de enero de 2021 con la publicación de un informe en el que revelaba cómo las autoridades bielorrusas han utilizado el sistema de justicia como instrumento de represión para castigar a quienes han sobrevivido a la tortura, en vez de a los presuntos torturadores

El personal sanitario de Bielorrusia que participó en manifestaciones antigubernamentales o alzó la voz contra la versión oficial de las muertes y heridas de manifestantes está sufriendo brutales represalias de las autoridades. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe. A pesar de la escasez crónica de personal, decenas de profesionales de la salud han sido despedidos en medio de la represión gubernamental ejercida contra las voces críticas: a muchos les han prohibido seguir ejerciendo la medicina, e innumerables otros han sufrido amenazas y procesamiento.

“El personal sanitario de Bielorrusia ha estado en primera línea de la crisis de derechos humanos del país, ha tratado a manifestantes que habían sufrido heridas y ha sacado a la luz los intentos del gobierno por restar importancia al derramamiento de sangre. Muchos profesionales han pagado un alto precio por su integridad: han perdido su medio de vida y, en algunos casos, sus derechos humanos”, ha declarado Bruce Millar, director adjunto de campañas de la Oficina Regional para Europa Oriental y Asia Central de Amnistía Internacional.

“Un médico fue juzgado por contradecir la versión gubernamental sobre la muerte de un manifestante, mientras que muchos profesionales de la medicina que se unieron a protestas pacíficas fueron obligados a dimitir. La intolerancia de las autoridades bielorrusas con la disidencia pacífica está erosionando el sistema de atención de la salud y la comunidad médica, en plena pandemia mundial.”

Despidos en masa

Amnistía Internacional cuenta la historia de cuatro profesionales de la salud que describen cómo los despidos en masa y la inhabilitación para ejercer la medicina han contribuido a una situación catastrófica en muchos centros médicos, especialmente en zonas provinciales. Por motivos de seguridad, se han omitido muchos datos identificativos, como los apellidos de los profesionales de la medicina, sus ciudades de residencia e incluso los nombres de hospitales en los que habían trabajado.

Bruce Millar ha declarado:

“Al gobierno no le importa el derecho de la gente a la salud, ni le importan otros derechos humanos. La respuesta de las autoridades a toda la disidencia pacífica es la violencia y las represalias brutales. Entre quienes han pagado un increíble precio humano por su profesionalidad y su compasión se encuentran profesionales de la medicina y la enfermería.”

Muchas de las personas que han sufrido represalias están aún intentando asumir el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía de que han sido testigos durante el último año.

Halina, enfermera y activista desde hace mucho tiempo, describió lo que había presenciado en agosto de 2020:

“Vi a todas esas personas mutiladas, con huesos rotos, la cara hecha pedazos, la cabeza inflamada hasta alcanzar el tamaño de un balón... No nos permitían describir por escrito las lesiones, y constantemente nos amenazaban con represalias”, contó a Amnistía Internacional.

Tras unirse a las protestas “hombro con hombro con otros compañeros y compañeras de la medicina y la enfermería”, Halina fue detenida brevemente en septiembre de 2020, y luego la administración del hospital le dijo que dimitiera. Ella se negó y, dos días después, cuando regresaba a casa desde el trabajo, se le acercaron dos hombres vestidos de civil que amenazaron con hacer desaparecer a sus hijos. Asustada por la seguridad de su familia, Halina dejó el empleo, y no ha conseguido encontrar otro.

“Donde quiera que fuera me rechazaban. Incluso cuando me presentaba para los trabajos más básicos que nadie quería. Debe haber una marca roja junto a mi nombre”, cuenta Halina.

Procesamientos por alzar la voz

En noviembre de 2020, el manifestante pacífico Raman Bandarenka murió en el hospital tras haber recibido una brutal paliza bajo custodia policial. Las autoridades aseguraron que sus lesiones se debían a una pelea callejera y que, en el momento de su muerte, estaba borracho. Sin embargo, un anestesiólogo que lo atendió, Artsyom Sarokin, contradijo este relato, e hizo llegar el historial médico de Bandarenka a la periodista Katsyaryna Barysevich. Tanto el médico como la periodista fueron declarados culpables de “desvelar secretos médicos”; a Sarokin le pusieron una multa y lo condenaron a una pena condicional de cárcel, mientras Barysevich fue multada y condenada a seis meses en una colonia penal.

“El gobierno de Alexander Lukashenko está destruyendo sistemáticamente las instituciones más valiosas de la sociedad bielorrusa, desde las organizaciones culturales y los sindicatos de estudiantes hasta el periodismo y la comunidad médica. Pedimos a los líderes y lideresas mundiales, a la comunidad internacional y a los profesionales de la salud en todo el mundo que no permitan que esta situación pase desapercibida, y que alcen la voz contra la creciente represión de los derechos humanos en Bielorrusia”, ha manifestado Bruce Millar.

Información complementaria

Este informe forma parte de la campaña global de solidaridad #StandWithBelarus lanzada por Amnistía Internacional el 27 de enero de 2021 con la publicación de un informe en el que revelaba cómo las autoridades bielorrusas han utilizado el sistema de justicia como instrumento de represión para castigar a quienes han sobrevivido a la tortura, en vez de a los presuntos torturadores.