Amnistía Internacional y otros grupos de la sociedad civil han expresado repetidamentesu preocupación por el hecho de que el Consejo de Derechos Humanos no aborde la situación, y el mensaje tan peligroso que transmite. El Consejo debe actuar ya mismo para transmitir el mensaje inequívoco de que él tampoco va a seguir permitiendo que el gobierno filipino continúe impunemente su campaña de violaciones de derechos humanos

El anuncio de la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) de que va a pedir formalmente autorización para abrir una investigación sobre la mortífera “guerra a las drogas” del gobierno filipino es un avance histórico que acerca más la justicia a miles de familias afectadas; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

“Este anuncio es un momento de esperanza para miles de familias en Filipinas que lamentan la pérdida de sus seres queridos en la ‘guerra a las drogas’ del gobierno. Es un avance muy esperado para poner fin a la homicida incitación del presidente Duterte y su gobierno”, ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

Aunque Filipinas llevaba tiempo sufriendo el problema de la impunidad antes de que Duterte llegara al poder, la situación ha empeorado considerablemente con los miles de homicidios de personas presuntamente relacionadas con las drogas cometidos de forma generalizada y sistemática desde 2016. “La intervención de la CPI debe poner fin a este círculo de impunidad en el país y transmitir a la policía, y a quienes tienen vínculos con ésta y continúan perpetrando o aprobando tales homicidios, el mensaje de que será inevitable que rindan cuentas por los crímenes que cometen.”

El 14 de junio de 2021, la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, anunció que había concluido su examen preliminar en Filipinas y que iba a pedir autorización a los magistrados de la Corte para abrir una investigación completa sobre los crímenes de lesa humanidad, la tortura y otros actos inhumanos cometidos en el país en relación con la “guerra a las drogas” entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019.

Se incluyen las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la policía en “operaciones antidroga”, instigadas y fomentadas por altos cargos gubernamentales, entre ellos el presidente.

“El homicidio autorizado por el Estado y la incitación a la violencia por autoridades del gobierno han pasado a ser la norma con el presidente Duterte”, ha afirmado Agnès Callamard.

“Teniendo en cuenta el papel del gobierno filipino en estos homicidios incesantes y la impunidad absoluta que impera en el país, la investigación de la Corte es un paso fundamental para que la justicia pueda avanzar.

Todos los Estados deben ofrecer su cooperación plena a la fiscalía de la CPI para que pueda llevarse a cabo la investigación cuanto antes. Las autoridades filipinas, los grupos de derechos humanos y otros actores pertinentes deben garantizar la preservación de las pruebas, y la Corte debe garantizar la protección de quienes puedan ayudar en la investigación.”

Años de asesinatos a sangre fría que constituyen crímenes contra la humanidad

En febrero de 2018, la CPI inició un examen preliminar de los posibles crímenes cometidos en el país. El mes siguiente, marzo de 2018, el presidente Duterte anunció la retirada de Filipinas de la Corte. La retirada entró en vigor un año más tarde, el 17 de marzo de 2019, pero no eliminó la competencia de la CPI para investigar crímenes en el país.

Desde que empezó a gobernar Duterte, en junio de 2016, miles de personas, en su mayoría de comunidades pobres y marginadas, han sido asesinadas —por la policía o por individuos armados presuntamente vinculados a la policía— en la “guerra a las drogas” emprendida por el gobierno.

Amnistía Internacional ha publicado importantes investigaciones donde se detallan ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos cometidas por agentes de policía y sus superiores. La organización ha determinado que estos homicidios alcanzan el umbral de crímenes de lesa humanidad. Los asesinatos continúan imparables.

Además de la CPI, hace falta que actúe la ONU

A pesar de la condena de la comunidad internacional y de los grupos de derechos humanos locales e internacionales, el presidente Duterte sigue animando a matar de forma expresa y ha prometido inmunidad a la policía. En lugar de comparecer ante la justicia, los jefes de policía implicados obtienen ascensos.

Aunque el gobierno de Filipinas tiene el deber primordial de investigar eficazmente las denuncias sobre crímenes de lesa humanidad, no lo ha hecho en repetidas ocasiones.

“El anuncio de la fiscal sitúa firmemente en el punto de mira de la justicia al presidente Duterte y los demás implicados en esta campaña asesina. Pero la intervención de la CPI debe reforzarse con mayores esfuerzos de la comunidad internacional, empezando por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU”, ha manifestado Agnès Callamard.

“El Consejo de Derechos Humanos debe poner en marcha una investigación largamente demorada sobre Filipinas para examinar los crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos cometidas durante todo el mandato de Duterte, también en su ‘guerra a las drogas’. Los autores materiales e intelectuales de estos crímenes deben ser obligados a rendir cuentas.”

Amnistía Internacional y otros grupos de la sociedad civil han expresado repetidamentesu preocupación por el hecho de que el Consejo de Derechos Humanos no aborde la situación, y el mensaje tan peligroso que transmite. El Consejo debe actuar ya mismo para transmitir el mensaje inequívoco de que él tampoco va a seguir permitiendo que el gobierno filipino continúe impunemente su campaña de violaciones de derechos humanos.