Amnistía Internacional considera que el “acuerdo” de estos hombres de abandonar su lugar de origen no es voluntario, pues corrían el riesgo de sufrir detención indefinida y de tortura, y estaban en detención arbitraria

“Las autoridades huzíes de facto de Yemen no deben utilizar a los presos recluidos arbitrariamente como moneda de cambio en las negociaciones políticas en curso”, afirma hoy un nuevo informe de Amnistía Internacional.

El informe, titulado Released and Exiled: Torture, unfair trials and forcible exile of Yemenis under Huthi rule, es una investigación exhaustiva sobre las experiencias de una minoría de no combatientes —entre los que hay periodistas, oponentes políticos y miembros de la minoría religiosa bahaí— que fueron puestos en libertad en 2020 como parte de acuerdos políticos tras haber sido torturados y permanecer hasta siete años recluidos de forma ilegítima. Tras su excarcelación, los miembros de la fe bahaí fueron obligados a exiliarse, y la ONU facilitó su salida; ocho hombres más fueron desterrados a otras partes del país.

“Este informe pone de relieve que se viene utilizando a los presos como moneda de cambio política y que las consecuencias de los acuerdos sobre ellos negociados por las autoridades huzíes de facto son el exilio y el desplazamiento forzosos. Tras sufrir años de estremecedores abusos y reclusión ilegítima, ni siquiera la libertad procuró alivio a los reclusos cuyos casos son objeto de este informe, pues ninguno pudo regresar a su casa y reunirse con su familia después de años de separación forzosa”, declaró Heba Morayef, directora regional para Oriente Medio y Norte de África de Amnistía Internacional.

“Nadie debería verse obligado a elegir entre permanecer en reclusión ilegítima y abandonar su hogar o su país. Los acuerdos negociados sobre excarcelaciones no deben permitir en ninguna circunstancia, ni explícita ni implícitamente, que las personas liberadas sean obligadas a exiliarse o a ser desplazadas de su hogar”.

En octubre de 2020, las autoridades huzíes excarcelaron a 1.056 personas como parte de un acuerdo políticamente negociado copatrocinado por la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Aunque la inmensa mayoría eran combatientes, poco más de una veintena no lo eran. Con anterioridad, en julio de 2020, las autoridades huzíes habían puesto en libertad a seis miembros de la minoría religiosa bahaí. Amnistía Internacional habló con 12 hombres de ese pequeño grupo que nunca debieron haber sido recluidos: 7 periodistas, un empleado del gobierno y 4 bahaís.

Diez de ellos estuvieron recluidos entre dos y tres años antes de que les informaran de los cargos formulados en su contra. En nueve casos, un tribunal había ordenado su libertad en marzo y abril de 2020; a pesar de lo cual, las autoridades huzíes los mantuvieron recluidos arbitrariamente durante meses y sólo las liberaron más tarde como parte de acuerdos políticos. 

Exilio y desplazamiento forzosos

El 30 de julio de 2020, seis hombres bahaís detenidos fueron puestos en liberad después de hasta siete años de reclusión arbitraria. En lugar de permitirles regresar a su casa, las autoridades huzíes los obligaron a salir de Yemen y los trasladaron directamente al aeropuerto de Saná, donde subieron a un vuelo de la ONU con destino a Adis Abeba, en Etiopía, lo que indica que la ONU conocía su exilio forzoso. A día de hoy, los bahaís expulsados siguen teniendo prohibido volver a Yemen.

Un hombre bahaí contó cómo lo habían llevado directamente al aeropuerto tras ser excarcelado:

“Les rogué [a las autoridades] que me permitieran ver a mi padre, pero no me dejaron. Tiene 80 años y no podré volver a verlo. Fue lo más duro que me ha pasado en la vida, dejar atrás a mi padre”, dijo.

Al menos otros ocho detenidos que fueron excarcelados en octubre de 2020 dijeron a Amnistía Internacional que las autoridades huzíes los habían trasladado directamente desde el centro de detención al aeropuerto y les habían ordenado subir a vuelos con destino a los aeropuertos de Aden y Seyun, zonas bajo el control del gobierno yemení reconocido internacionalmente. Uno de los periodistas, que había permanecido detenido arbitrariamente más de cinco meses después de que un tribunal ordenase su libertad, dijo a Amnistía Internacional:

“Queríamos quedarnos en Saná, pero los huzíes se negaron a ponernos en libertad incondicionalmente a pesar de que el tribunal había resuelto a favor de nuestra libertad. No tuvimos más remedio que aceptar el acuerdo y salir del norte [zonas bajo el control de los huzíes] [...]Mi casa y mi familia están en Saná. Mi vida está en Saná”.

Amnistía Internacional considera que el “acuerdo” de estos hombres de abandonar su lugar de origen no es voluntario, pues corrían el riesgo de sufrir detención indefinida y de tortura, y estaban en detención arbitraria.

El exilio por motivos religiosos o por oposición política constituye una flagrante violación del derecho internacional de los derechos humanos. El exilio de los bahaís detenidos viola la prohibición de desplazamiento forzoso prevista en el derecho humanitario internacional y puede constituir un crimen de guerra.

“Las autoridades huzíes deben poner fin al exilio forzoso, que constituye una vulneración flagrante del derecho internacional y un abrumador elemento más de la larga lista de violaciones de las que son responsables, y permitir el regreso a casa de los exiliados”, dijo Heba Morayef. 

Tortura y condiciones de detención inhumanas

Los 12 exdetenidos entrevistados por Amnistía Internacional fueron torturados o sometidos a otras formas de malos tratos durante su interrogatorio y detención. Dijeron que las fuerzas huzíes les habían pegado con varas de acero, cables eléctricos, armas y otros objetos; les habían obligado a mantener posturas en tensión, les habían rociado agua con mangueras, los habían amenazado de muerte reiteradamente o los habían mantenido en régimen de aislamiento durante periodos de entre 20 días y varios meses. Muchos de ellos siguen sufriendo lesiones físicas y problemas de salud crónicos como consecuencia de estos abusos y de la falta de atención médica durante el tiempo que estuvieron recluidas.

Un periodista contó que se había desmayado dos veces debido al miedo y al estrés tras haber sido amenazado por sus interrogadores.

“El interrogador y otras personas que estaban en la sala amenazaron con dispararme. Amenazaron con matar a mis padres. Querían que les dijera el nombre de otros periodistas y estudiantes que cubrían noticias contra los huzíes [...] Amenazaron con [...] arrancarme las uñas una a una.

Amenazaron con darme descargas eléctricas entre las piernas”.

Otro periodista detenido contó que lo habían sometido a un aterrador simulacro de ejecución cuando estaba recluido en las dependencias de la lucha antiterrorista en Hodeida. Los guardias fueron a buscarlo por la noche, lo esposaron y le vendaron los ojos, y le enseñaron un agujero en el suelo, en el exterior, diciendo: “Esta es tu tumba”.

“Oí un disparo en segundo plano. Imaginé que me había alcanzado una bala. Me dieron un puntapié y me empujaron al agujero. Caí boca abajo. Me empezó a sangrar la nariz y noté el sabor de la sangre. Empecé a llorar y a pensar en mis hijos porque estaba seguro de que iban a enterrarme vivo. Les supliqué que me mataran primero. El mismo hombre dijo: ‘Te vamos a enterrar aquí y tu familia nunca sabrá dónde estás’”, dijo.

Los detenidos también dijeron que los habían torturado una y otra vez sólo por pedir comida o agua. 

“Este informe describe un panorama terrible del catálogo de abusos que han soportado estos exdetenidos que incluye desaparición forzada, reclusión en condiciones inhumanas, tortura, denegación de atención médica y juicios manifiestamente injustos por cargos falsos”, concluyó Heba Morayef.

“Además de poner fin inmediatamente a estos abusos, las autoridades huzíes deben ordenar la libertad inmediata e incondicional de todas las personas detenidas sólo por ejercer pacíficamente sus derechos, sin exilio ni destierro