Los vídeos examinados por Amnistía Internacional muestran escenas impactantes durante las detenciones de Majdi y otros manifestantes, y a un policía propinando un puñetazo en la cara a un manifestante el 6 de abril

Las autoridades marroquíes deben retirar de inmediato los cargos contra un grupo de 33 docentes a quienes se detuvo arbitrariamente por participar en manifestaciones pacíficas para exigir una mejora de sus condiciones de trabajo. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en vísperas de una sesión judicial que se celebrará en Rabat el 20 de mayo.

La organización habló con tres manifestantes que describieron los malos tratos que habían sufrido a manos de la policía durante su arresto y bajo custodia. Los docentes se enfrentan a una serie de cargos, entre ellos participación en una “concentración no autorizada” el 6 y 7 de abril, violación de la ley de “emergencia sanitaria”, y “daños” e “insultos” a agentes de la ley. Una está además acusada de “ofensa a funcionarios públicos”.

“Las autoridades de Marruecos deben poner fin de inmediato a su represión de las manifestaciones pacíficas de docentes y deben retirar los cargos contra estas personas. Es indignante que haya docentes que se enfrentan al procesamiento y al posible encarcelamiento simplemente por expresar sus demandas legítimas de mejores condiciones de trabajo y derechos laborales”, ha manifestado Amna Guellali, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“No debe utilizarse la pandemia de COVID-19 como excusa para detener arbitrariamente a personas que se manifiestan pacíficamente. Al procesar indebidamente a quienes se manifiestan de forma pacífica, las autoridades marroquíes están incumpliendo sus obligaciones internacionales de defender y proteger el derecho de la población a la libertad de expresión y reunión pacífica.”

El 6 y 7 de abril, la policía detuvo arbitrariamente a un total de 33 docentes que protestaban pacíficamente en la plaza de Bab El Hed, en Rabat, respetando las medidas sanitarias relativas a la COVID-19, como llevar mascarilla y mantener la distancia social, y dispersó por la fuerza las manifestaciones. Los docentes permanecieron bajo custodia 48 horas antes de ser acusados y puestos en libertad. El 20 de mayo se juzgará a 20 docentes en el tribunal de Rabat. El 27 de mayo se juzgará a otros 13 por los mismos cargos.

Souad Brahma, abogado que representa a los docentes, dijo que los manifestantes estaban siendo procesados sobre la base de declaraciones autoincriminatorias realizadas ante la policía que algunos de ellos firmaron bajo coacción.

Uno de los docentes, que no quería ser identificado, dijo a Amnistía Internacional que había sido amenazado por un policía que le dijo que firmara la declaración si no quería “tener otros problemas”.

Nezha Majdi, profesora de Agadir, en el sur de Marruecos, fue detenida el 6 de abril. Describió cómo cinco policías la habían aprehendido entre una multitud de manifestantes agarrándola violentamente por los brazos, las piernas y la cabeza.

Las fotografías examinadas por Amnistía Internacional mostraban claramente hematomas en sus brazos después de su detención.

Nezha permaneció bajo custodia durante 48 horas junto con 19 docentes más antes de que los trasladaran a cuatro comisarías de policía diferentes. En dos ocasiones, una agente de policía le quitó la ropa y la sometió a registros manuales durante 15 minutos, ordenándole que se sentara y se pusiera de pie de forma humillante.

Durante sus cinco horas de interrogatorio, le preguntaron por su papel en las protestas y por los comentarios que había hecho sobre un agente de policía que, según afirmaba, la había agredido sexualmente y la había amenazado con violarla durante una protesta el 17 de marzo. Esto dio lugar a que la procesaran por “ofensa” a un funcionario público.

Otro manifestante, que pidió que no se diera su nombre, contó que lo habían detenido el 6 de abril y luego le habían puesto en libertad, sólo para volver a detenerlo poco después. Luego estuvo detenido durante 48 horas con otros docentes.

Ambos manifestantes dijeron a Amnistía Internacional que los policías no habían tomado ninguna medida para protegerlos del COVID-19. Los policías no llevaban mascarilla, y los manifestantes estuvieron detenidos 48 horas en una pequeña celda con otros 19 manifestantes más, sin mascarillas y sin poder mantener distancia entre ellos.

Los dos fueron acusados de “violación de los estatutos sanitarios de emergencia” relativos a la COVID-19. La fiscalía les ordenó que se sometieran a un examen médico después de preguntarles si los policías habían hecho uso de la violencia contra ellos. Sin embargo, cuando fueron citados en el hospital, no encontraron un médico especialista, y se negaron a someterse a un examen médico regular que no habría sido exhaustivo.

Los vídeos examinados por Amnistía Internacional muestran escenas impactantes durante las detenciones de Majdi y otros manifestantes, y a un policía propinando un puñetazo en la cara a un manifestante el 6 de abril.

“Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben respetar el derecho a la libertad de reunión pacífica y deben abstenerse de dispersar protestas pacíficas, no digamos ya hacerlo mediante uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias. No deben someter a las personas detenidas a trato degradante, como agarrarlas por los brazos y las piernas y arrastrarlas hasta comisarías de policía”, ha manifestado Amna Guellali.

Información complementaria

Las protestas de docentes en Marruecos para reclamar contratos permanentes y mejores condiciones laborales comenzaron en 2019. En muchos casos, la policía ha dispersado ilegalmente las protestas y lo ha hecho utilizando fuerza excesiva.

El 5 de abril de 2021, un tribunal de Tinghir condenó a un docente, Khaled Bouteznika, a un mes de prisión por compartir en las redes sociales una publicación sobre una protesta de docentes. El 16 y 17 de marzo de 2021, al menos tres docentes fueron detenidos brevemente por protestar en Rabat.

En mayo de 2019, Abdellah Hajili, padre de un manifestante, murió presuntamente a consecuencia de las heridas que sufrió tras recibir una paliza durante una protesta en abril de 2019.