Amnistía Internacional documentó incidentes de enfrentamientos constantes entre tropas gubernamentales, antiguas fuerzas de oposición y un grupo rebelde en el sur de la región de Ecuatoria en 2020, que se saldaron con ejecuciones extrajudiciales, tortura, desplazamiento forzado de población civil y destrucción de bienes civiles

El levantamiento del embargo de armas impuesto por la ONU a Sudán del Sur podría tener terribles consecuencias para los derechos humanos. Así lo ha advertido hoy Amnistía Internacional, con vistas a la votación que tendrá lugar en el Consejo de Seguridad de la ONU el 27 de mayo para decidir el futuro del embargo.

El Consejo de Seguridad debe garantizar que, antes de que se pueda levantar el embargo, se cumplen una serie de parámetros en materia de derechos humanos. Entre ellos se encuentran poner fin a los crímenes de derecho internacional, reformar el Servicio de Seguridad Nacional y establecer un Tribunal Híbrido para garantizar la rendición de cuentas.

“Por desgracia, la arduamente conseguida independencia de Sudán del Sur hace 10 años no ha traído consigo el respeto por los derechos humanos. Las fuerzas de seguridad del Estado reprimen la libertad de expresión, incluida la libertad de prensa, y tanto las fuerzas de seguridad estatales como los grupos armados siguen violando impunemente el derecho internacional humanitario, en algunos casos con actos que constituyen crímenes de guerra”, ha manifestado Sarah Jackson, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos.

“Cuando el Consejo de Seguridad evalúe si mantiene o levanta el embargo de armas a Sudán del Sur, debe, como mínimo, exigir que cesen esas violaciones del derecho internacional y que se ponga fin a la impunidad.”

Inestable situación de seguridad

La votación del Consejo de Seguridad se produce en un momento en el que el gobierno sursudanés sigue sin proteger a la población civil frente a los homicidios, el desplazamiento y la violación a manos de milicias y grupos armados. Según la Comisión de la ONU sobre los Derechos Humanos en Sudán del Sur, los responsables de los ataques suelen contar con el respaldo de las fuerzas tanto gubernamentales como de oposición, que, entre otras cosas, les proporcionan de forma ilícita armas pequeñas y armas ligeras.

La situación de seguridad en Sudán del Sur sigue siendo inestable, y la aplicación del acuerdo de paz se ha demorado. El permitir que, con el levantamiento del embargo de armas, se sumen más armas a la mezcla sería una mala decisión, especialmente sabiendo que el embargo se violó en fecha tan cercana como el año pasado.

Amnistía Internacional documentó incidentes de enfrentamientos constantes entre tropas gubernamentales, antiguas fuerzas de oposición y un grupo rebelde en el sur de la región de Ecuatoria en 2020, que se saldaron con ejecuciones extrajudiciales, tortura, desplazamiento forzado de población civil y destrucción de bienes civiles.

Escalofriante vigilancia gubernamental

Una investigación llevada a cabo recientemente por Amnistía Internacional reveló que el Servicio de Seguridad Nacional lleva a cabo una escalofriante vigilancia sin salvaguardias jurídicas, y violando el derecho a la intimidad. El Servicio de Seguridad Nacional utiliza esta información para detener arbitrariamente y recluir ilegalmente a personas y para violar los derechos a la libertad de opinión, expresión y reunión.

Es crucial que se reforme esta agencia para poner fin a sus abusivas prácticas. Un primer paso mínimo sería reformar la Ley del Servicio de Seguridad Nacional de 2014 y su Proyecto de Ley de Enmienda de 2019 para conformarlos a la Constitución del país y las normas internacionales de derechos humanos. En la actualidad, la Ley otorga a la agencia la facultad de detener y recluir a personas, así como amplios poderes, no sometidos a control, para llevar a cabo vigilancia, lo cual viola las garantías constitucionales, regionales e internacionales de respetar el derecho a la intimidad.

El Consejo de Seguridad debe asimismo presionar al gobierno de Sudán del Sur para que deje de permitir al Servicio de Seguridad Nacional que actúe impunemente fuera de su mandato constitucional de recopilación de información; asimismo, debe presionarle para que haga rendir cuentas de sus actos a los sospechosos de cometer violaciones de derechos humanos y para que garantice que el Servicio de Seguridad Nacional está incluido en un riguroso proceso de reforma del sector de la seguridad.

“El Servicio de Seguridad Nacional sobrepasa con creces su mandato intimidando, deteniendo arbitrariamente y, en algunos casos, haciendo desaparecer y matando a quienes critican o se oponen al gobierno. El Consejo de Seguridad no debe suavizar las sanciones hasta que no se implementen reformas fundamentales”, ha manifestado Sarah Jackson.

Poner fin a la impunidad

La impunidad en Sudán del Sur ha creado una cultura en la que la quema de poblados enteros, la violación de niñas y niños, el uso de la privación forzada de alimentos como método de guerra, los disparos contra civiles y otros crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad quedan sin castigo.

Para garantizar que los responsables de estos crímenes comparecerán ante la justicia, el Consejo de Seguridad debe incluir como parámetro adicional el establecimiento de un Tribunal Híbrido y otros mecanismos de “justicia transicional”.

Los altos cargos gubernamentales no han cumplido los compromisos plasmados en el acuerdo de paz revitalizado respecto a establecer mecanismos de justicia transicional, incluido el Tribunal Híbrido, y la Unión Africana no se está moviendo con la urgencia necesaria. En abril de 2019, el gobierno de Sudán del Sur estaba dispuesto a pagar millones de dólares a una empresa de cabildeo con sede en Estados Unidos para que “retrasara y, en última instancia, bloqueara el establecimiento del tribunal híbrido”.

“Si los dirigentes sursudaneses quieren de verdad poner fin a las violaciones de derechos humanos y lograr una seguridad sostenida, deben establecer un Tribunal Híbrido para Sudán del Sur y otros mecanismos de justicia transicional plasmados en los acuerdos de paz de 2015 y 2018.”

Información complementaria

El embargo de armas impuesto por la ONU a Sudán del Sur expira el 31 de mayo de 2021.

El 13 de julio de 2018, el Consejo de Seguridad de la ONU impuso un embargo de armas en el territorio de Sudán del Sur, que obliga legalmente a todos los Estados miembros de la ONU a impedir el suministro, la venta o la transferencia, directos o indirectos, de armas y material conexo, incluidos munición, vehículos militares y piezas de repuesto. El embargo abarca asimismo la prestación de apoyo técnico, formación o ayuda económica o de otro tipo en relación con actividades militares.

En abril de 2020, tras una investigación en Sudán del Sur, Amnistía Internacional reveló datos de violaciones del embargo de armas, que incluían importaciones recientes de armas pequeñas y munición, ocultamiento ilícito de armas y desvío de vehículos armados para fines militares no autorizados.