Las autoridades colombianas tienen la obligación de respetar el derecho humano a la reunión y protesta pacífica, estrechamente ligado a los derechos a la expresión y a la participación política. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado que la falta de respeto y garantías del derecho a la reunión pacífica suele ser un indicio de represión

A pesar de la creciente condena nacional e internacional, la respuesta militarizada y la represión policial de manifestaciones, en su gran mayoría pacíficas, continua en diferentes ciudades de Colombia. La policía ha hecho uso de la fuerza de manera indiscriminada y desproporcionada, y se reportan alarmantes cifras de violencia sexual y de personas dadas por desaparecidas, denunció Amnistía Internacional hoy. La desaparición forzada y la violencia sexual perpetrada por autoridades son crímenes de derecho internacional que cualquier Estado está facultado a investigar y perseguir.

“Las autoridades colombianas deben garantizar el derecho a la reunión pacífica y abstenerse de estigmatizar y reprimir las manifestaciones que se mantienen en todo el país desde el 28 de abril. La garantía de los derechos a la vida y a la integridad de las personas que se manifiestan pacíficamente debe ser el eje central de la actuación de las autoridades, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos,” dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional ya ha denunciado incidentes en los que las fuerzas de seguridad hacen uso de armas letales y menos letales de forma indiscriminada, y a pesar de las múltiples condenas internacionales frente a esta evidencia, la organización continúa documentando graves casos de uso excesivo de la fuerza contra personas manifestantes. A través del análisis y verificación de imágenes audiovisuales, la organización ha comprobado, por ejemplo, el uso de lanzagranadas de gas lacrimógeno, disparadas por oficiales del ESMAD a una corta distancia de manifestantes en Cali. En otro incidente que Amnistía Internacional pudo verificar en Bogotá, la policía utilizó un arma de fuego contra una persona que huía. La organización recibió también denuncias que la noche del 4 de mayo en el barrio Siloé de Cali hubo disparos directos a manifestantes, amenazas y torturas. 

Hasta el 6 de mayo, la ONG Temblores ha reportado la muerte violenta de 37 personas, 1.708 casos de uso abusivo de la fuerza, 26 víctimas de agresión ocular, 234 víctimas de violencia física y 934 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes. Asimismo, denunció que 11 personas fueron víctimas de violencia sexual. Por su parte la Defensoría del Pueblo alertó sobre 87 personas dadas por desaparecidas en el marco de las manifestaciones, sin embargo esta cifra está pendiente de actualización. La Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada formada por organizaciones de víctimas documentó, al 4 de mayo, 135 denuncias de posibles desapariciones forzadas. Al menos 28 de estas personas ha sido localizadas desde entonces.

Ha habido múltiples denuncias de abusos sexuales durante la detención de personas por parte de las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, una mujer que se manifestaba en Cali el 30 de abril denunció en redes sociales ser víctima de abuso sexual por agentes del ESMAD. Durante una confrontación, varios agentes dispararon gases para dispersar a quienes protestaban. A pesar de que ella tenía sus brazos arriba en señal pacífica, los agentes del ESMAD separaron a las mujeres de los hombres y un agente abusó sexualmente de ella en presencia de sus compañeros.

“Extendemos el clamor de todas las personas que han sido víctimas de violencia basada en el género en el marco de las protestas en Colombia. Iván Duque, como máximo jefe de la Fuerza Pública debe pronunciarse sobre estos hechos. El silencio no deja más que un velo de impunidad y complicidad. Hemos recibido varios casos de abuso sexual por parte de agentes del ESMAD y reprochamos tajantemente el uso de la fuerza contra los cuerpos de las mujeres como una forma de castigo,” dijo Erika Guevara Rosas.

“Las autoridades colombianas deben investigar toda denuncia de violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional de manera expedita, imparcial y exhaustiva, garantizando los derechos y la seguridad de las víctimas y testigos. No debe prevalecer la impunidad ante estos graves delitos.”

Los estándares internacionales de derechos humanos son contundentes en exigir que el uso de la fuerza por parte de la policía en el manejo de manifestaciones debe ser un último recurso y guiarse por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas. El uso de la fuerza para mantener el orden frente a situaciones que no supongan una amenaza concreta a la vida o integridad física de terceros se considera un uso desproporcionado de la fuerza, y por ende contrario a los estándares internacionales. 

Aunque la mayoría de las manifestaciones son pacíficas, han habido también denuncias de destrucción y daño de mobiliario urbano público y privado, así como obstrucción de las vías públicas. Sin embargo, algunas expresiones violentas aisladas no pueden ser motivo para estigmatizar todas las manifestaciones como violentas, ni para reprimirlas violentamente. 

Amnistía Internacional expresa su preocupación por el hecho de que autoridades del gobierno nacional hayan declarado públicamente que las manifestaciones tienen fines “terroristas” y que, por esta razón, se justifique el uso excesivo de la fuerza contra la población. Además, las declaraciones de autoridades locales llamando a civiles a levantar sus armas contra manifestantes es alarmante y pareciera justificar la utilización de estrategias paramilitares. Esto no solamente es violatorio de los estándares de derechos humanos, sino es una afrenta a todas las víctimas de grupos paramilitares en un país que tiene el conflicto armado interno más largo del continente. La estigmatización de la protesta social solo genera represión y violaciones de derechos humanos, así como un ambiente de desconfianza en las autoridades que no conduce al establecimiento genuino de canales de diálogo.

Amnistía Internacional ha suscrito una firme petición global de 650 organizaciones de la sociedad civil demandando una exhaustiva investigación sobre las violaciones de derechos humanos en el contexto de la represión, y haciendo un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que solicite la anuencia del Estado colombiano para visitar el país e instalar un mecanismo independiente de personas expertas que colabore con la investigación de los hechos y garantice justicia para las víctimas.

Información adicional

El uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional ha sido ampliamente documentado por Amnistía internacional en Colombia. La organización condenó los actos de tortura y uso excesivo de la fuerza en el marco de manifestaciones pacíficas ocurridas en noviembre del 2019 y septiembre del 2020.

En septiembre pasado, la Corte Suprema de Justicia colombiana emitió un fallo histórico instando a la Fuerza Pública a abstenerse de incurrir en intervenciones sistemáticas, arbitrarias y violentas en manifestaciones públicas tras verificar los hechos de violencia desmedida ocurridos en noviembre y diciembre del 2019. Según denuncias de organizaciones y redes de derechos humanos, dicho fallo no ha sido acatado aún por las autoridades colombianas.  

Las autoridades colombianas tienen la obligación de respetar el derecho humano a la reunión y protesta pacífica, estrechamente ligado a los derechos a la expresión y a la participación política. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado que la falta de respeto y garantías del derecho a la reunión pacífica suele ser un indicio de represión.