Las autoridades danesas deben rectificar su inaceptable decisión de revocar la condición de beneficiarias de protección temporal a personas refugiadas sirias y poner fin a estas actuaciones contra quienes ya tuvieron que abandonar su hogar y a su familia

Cientos de personas refugiadas sirias cuyos permisos de residencia han sido revocados por las autoridades danesas corren el riesgo de sufrir tortura, desaparición forzada y detención arbitraria si son obligadas a volver; así lo ha manifestado Amnistía Internacional.

Al menos 380 personas refugiadas —incluidos menores de edad— han sido informadas por el Servicio de Inmigración danés de que tendrán que volver a Siria ya que Dinamarca considera que Damasco y sus inmediaciones son zonas de retorno seguro. Se ha cancelado su condición de beneficiarias de protección temporal y, en consecuencia, su permiso de residencia. Muchas aún están en espera de la decisión final sobre su caso en apelación.

Amnistía Internacional tiene entendido que ya se ha pronunciado una decisión final sobre los casos de 39 personas, por lo que corren peligro de ser deportadas en cuanto Dinamarca restablezca relaciones diplomáticas con el régimen sirio.

“Después de haber huido de una zona de guerra, las personas sobre cuyos casos ya existe una decisión final —al menos 39— se enfrentan a la cruda perspectiva de regresar ‘voluntariamente’ a Siria o ser recluidas en centros de devolución hasta su deportación. Aún se desconoce el destino de cientos más”, ha afirmado Nils Muižnieks, director de Amnistía Internacional para Europa.

“Cuesta creer que las autoridades danesas puedan considerar que ciertas partes de Siria son seguras para retornar, ya que es un país donde se detiene, tortura y somete a desaparición forzada de forma sistemática.”

Del 1 de enero de 2020 al 1 de abril de 2021, al menos 380 personas refugiadas sirias fueron despojadas del permiso de residencia danés o no obtuvieron su renovación por el Servicio de Inmigración danés. Se les pidió que regresaran a “zonas seguras” de Siria.

De momento no se están llevando a cabo deportaciones debido a la interrupción de las relaciones diplomáticas. Las personas afectadas en teoría deben permanecer en los centros de devolución hasta que se reanuden las deportaciones, o hasta que decidan regresar a Siria “voluntariamente”.

Según la investigación de Amnistía Internacional, civiles que han regresado a zonas bajo control del gobierno sirio, entre ellas Damasco, deben obtener una “acreditación de seguridad” que implica su interrogatorio por las fuerzas de seguridad sirias. Amnistía Internacional considera que estas fuerzas son responsables de abusos y violaciones de derechos humanos generalizados y sistemáticos que constituyen crímenes de lesa humanidad, como el uso de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

“Recluir indefinidamente a las personas refugiadas en los centros de devolución, sin acceso a empleo ni educación, es una medida de presión para que se decidan a regresar. Imponerles el retorno a Siria, aun de forma indirecta, las pondría en verdadero peligro de sufrir tortura y otros abusos graves y supondría una violación del derecho internacional”, ha afirmado Nils Muižnieks.

“Las autoridades danesas deben rectificar su inaceptable decisión de revocar la condición de beneficiarias de protección temporal a personas refugiadas sirias y poner fin a estas actuaciones contra quienes ya tuvieron que abandonar su hogar y a su familia.”

Si desean más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con Stefan Simanowitz, press@amnesty.org, +44 (0) 20 7413 5566, o con Malene Haakansson, mhaakansson@amnesty.dk, +45 25652075.

Amnistía Internacional ha lanzado hoy una Acción Urgente global sobre esta situación, https://www.amnesty.org/es/documents/eur18/4010/2021/en/.

Información complementaria

La conclusión danesa de que Siria es un lugar de retorno seguro contradice las evaluaciones de personal experto internacional sobre Siria y del ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados.

Las personas internadas en los centros de devolución de Dinamarca no tienen permiso para trabajar ni para cursar estudios. Debido a su situación migratoria irregular, tampoco pueden solicitar prestaciones públicas.

El año pasado, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, afirmó que se proponía reducir a cero las solicitudes de asilo. El país decidió volver a examinar los permisos temporales de unas 900 personas refugiadas en 2020 y, con la última decisión sobre Damasco, el número de ellas que han sido despojadas del permiso de residencia ha ascendido a 380.