Amnistía Internacional y otras 662 organizaciones han pedido que se derogue la normativa, teniendo presente que, en los últimos años, todas las vías constitucionales para lograr su anulación en los tribunales locales han resultado inútiles a causa de la falta de independencia judicial y del estricto control que el ejecutivo ejerce sobre el poder judicial

Para el 1 de mayo de 2021, todas las organizaciones de la sociedad civil venezolanas deben cumplir unas medidas abusivas de inscripción en registro o enfrentarse a procesamiento penal, según la nueva normativa sobre lucha antiterrorista y la legislación sobre delincuencia común organizada anunciadas por el gobierno el 30 de marzo. Estas medidas incluyen que las organizaciones desvelen detalles sobre sus beneficiarios y beneficiarias, como por ejemplo las víctimas de violaciones de derechos humanos y quienes reciben ayuda humanitaria, así como información sobre su financiación, personal y gobernanza. Estas medidas violan el derecho de asociación, el derecho a la privacidad y la presunción de inocencia, y ponen a las organizaciones de la sociedad civil y a sus beneficiarios y beneficiarias en grave riesgo de criminalización y represalias. Pedimos que esta normativa se derogue de inmediato.

Actúen: Redacten su propio llamamiento o utilicen la siguiente carta modelo 

Presidente Nicolás Maduro

Palacio de Miraflores

Av. Norte 10, Caracas 1012,

Distrito Capital

Venezuela

Tel: +58 212-8063111

Twitter: @NicolasMaduro

Señor Nicolás Maduro:

Me alarma la nueva normativa dictada por su gobierno y dirigida a controlar y limitar el trabajo de la sociedad civil en Venezuela, especialmente mediante la reciente normativa núm. 001-2021,publicada en la Gaceta Oficial núm. 42.098 de 30 de marzo de 2021.

Esta normativa impone restricciones inaceptables a las ONG, las organizaciones humanitarias y otros miembros de la sociedad civil venezolana, con el fin de controlar y limitar su trabajo en favor de víctimas de violaciones de derechos humanos, personas que reciben ayuda humanitaria y personas necesitadas en Venezuela.

Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan una misión fundamental en cualquier país, pero más aún en Venezuela, donde millones de personas se ven obligadas a hacer frente a una terrible emergencia humanitaria, violaciones de derechos humanos generalizadas y sistemáticas y los efectos de una pandemia mundial.

Le pido que garantice que esta normativa se deroga de inmediato, y que ponga fin por completo al acoso, el procesamiento penal y la censura de todas las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger los derechos de todas las personas de Venezuela, especialmente las más necesitadas.

Atentamente,

[NOMBRE]

Información complementaria

La nueva Providencia Administrativa 001-2021, para el “Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo” del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, se publicó en la Gaceta Oficial núm. 42.098, de 30 de marzo de 2021. Dispone que todas las personas naturales o jurídicas de carácter no financiero deben inscribirse en registro antes del 1 de mayo de 2021, y subraya la participación de las organizaciones no gubernamentales (ONG), cuyo trabajo debe ser vigilado y supervisado. La normativa impondría estrictos controles que incluyen entregar el acta constitutiva, las actas de asamblea, listas de miembros y personal, listas de donantes, registro de movimientos económicos y listas de todos los beneficiarios y otras organizaciones con las que trabajen. La normativa actúa bajo la presunción de que se cometen delitos como el terrorismo o que las ONG son vulnerables a estos delitos porque no están sujetas a la supervisión de un organismo público específico ni reguladas por una ley especial.

Esta medida forma parte del patrón de criminalización sistemática de las organizaciones de la sociedad civil, que se ha intensificado durante el último año. No cabe duda de que esta normativa constituye el hecho más grave que hemos documentado hasta la fecha, incluido su propósito específico de cerrar el espacio cívico mediante una serie de graves restricciones a la capacidad de la sociedad civil de seguir defendiendo los derechos y proporcionando asistencia debida y protección a la población venezolana.

Amnistía Internacional y otras 662 organizaciones han pedido que se derogue la normativa, teniendo presente que, en los últimos años, todas las vías constitucionales para lograr su anulación en los tribunales locales han resultado inútiles a causa de la falta de independencia judicial y del estricto control que el ejecutivo ejerce sobre el poder judicial.

El gobierno de Nicolás Maduro ha acosado, procesado y censurado continuamente a activistas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger los derechos de la población venezolana en medio de una compleja crisis humanitaria y una profunda crisis de derechos humanos que está obligando a cantidades sin precedentes de venezolanos y venezolanas a huir en busca de seguridad y un futuro digno en el extranjero. Hasta diciembre de 2020, más de seis millones de personas habían huido del país.

El año pasado, un informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela documentó centenares de casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos en el país desde 2014, y concluyó que estas graves violaciones de derechos humanos pueden constituir crímenes de lesa humanidad.

Pueden escribir llamamientos en: Español. También pueden escribir en su propio idioma.

Envíen llamamientos lo antes posible y no más tarde del: 16 de junio de 2021. Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la fecha indicada.

Nombre y género gramatical preferido: ONG venezolanas (no aplicable)

Enlace a la AU anterior: No aplicable